Acusan a dependencias federales de omitir acciones para proteger el agua de la región Sureste de Coahuila: piden inspecciones inmediatas, revisión de concesiones y cancelación de volúmenes otorgados
Saltillo, Coahuila, 19/08/25 (Más).- Movimiento Ciudadano (MC) denunció a instituciones públicas federales por incurrir en omisiones en la protección y recuperación del acuífero Saltillo–Ramos Arizpe, principal fuente de agua para la capital de Coahuila y municipios aledaños.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido político, presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Organismo de Cuenca Río Bravo.
De acuerdo con datos oficiales de la Conagua, el acuífero enfrenta un déficit anual de 54.91 millones de metros cúbicos, lo que refleja una sobreexplotación sostenida durante años. El organismo federal reconoce que existen 1,190 concesiones vigentes, muchas de ellas en manos de industrias de alto consumo.
La denuncia de MC solicita que se realicen inspecciones técnicas inmediatas para evaluar el estado del acuífero y que se revisen las condiciones legales de cada concesión. Entre las medidas planteadas, el partido exigió la suspensión, cancelación o reducción de volúmenes asignados a empresas de alto consumo, así como la prioridad del uso doméstico sobre el industrial.
Álvarez Máynez sostuvo que la falta de regulación y supervisión ha derivado en un abasto deficiente y en la mala calidad del agua disponible para la población.
“El agua de Coahuila debe ser para su gente, no para el lucro indiscriminado de unos cuantos. Esta es una lucha por la salud, la vida y la dignidad de nuestras comunidades. No podemos permitir que los intereses privados sigan secando el futuro de Coahuila”.
El dirigente destacó que, desde hace más de una década, los habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga han enfrentado periodos de desabasto prolongado, afectando sus actividades diarias, su higiene y su salud. En algunos casos, autoridades locales recomendaron el consumo exclusivo de agua embotellada, situación que, según MC, evidencia la magnitud de la crisis hídrica.
El documento entregado ante la Profepa señala además la ausencia de acciones de reducción de concesiones por parte de las autoridades federales, así como la falta de monitoreo efectivo sobre el volumen de agua extraído por las industrias. El partido exigió visitas de verificación para evaluar la viabilidad de cada concesión y la aplicación de sanciones en los casos que corresponda.
La denuncia fue acompañada de un llamado a garantizar el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución.
Movimiento Ciudadano advirtió que el uso industrial desmedido ha puesto en riesgo no solo los ecosistemas locales, sino también la seguridad hídrica de miles de familias en la región.
El partido político plantea que la situación no puede abordarse únicamente como un tema ambiental, sino también social y económico, ya que la escasez y el encarecimiento del agua han impactado en la vida de las comunidades y generado condiciones de desigualdad.
Asimismo pidió que la federación asuma su responsabilidad en la gestión del recurso hídrico, con transparencia en el otorgamiento de concesiones, regulaciones efectivas y vigilancia constante de los niveles de extracción.
Para Álvarez Máynez, el precedente que pueda sentar esta denuncia es clave para asegurar que las generaciones futuras cuenten con agua suficiente y segura.
El caso del acuífero Saltillo-Ramos Arizpe se convierte así en un ejemplo emblemático de la sobreexplotación de fuentes subterráneas en México y del reto que enfrentan las instituciones para equilibrar intereses industriales con el derecho de la población a un acceso digno al agua.
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