Ciudad de México, junio 8. El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad, acusación que vinculó directamente con la afamada estrategia de seguridad del sexenio pasado, conocida como “Abrazos, No Balazos”, y con la crisis de violencia que, según el PAN, enfrenta México.
El presidente nacional panista, Jorge Romero, informó el 7 de junio que Acción Nacional acudió a la instancia internacional para pedir que se investigue la posible responsabilidad de quienes, desde el poder público, habrían permitido que México llegara a una de las etapas más graves de violencia de su historia.
De acuerdo con una pieza audiovisual difundida por el PAN, la denuncia se apoya en cifras y señalamientos atribuidos a la política de seguridad del gobierno anterior: 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y regiones donde, según el partido, los cárteles tendrían más control que las autoridades.
En el mensaje, políticos panistas sostuvieron que la tragedia de seguridad no fue producto de la casualidad, sino consecuencia de una decisión política sistematizada y calculada desde antes de la llegada de López Obrador al poder y después de asumir la Presidencia.
La acusación del PAN señala que la estrategia de “abrazos, no balazos” habría fortalecido a las organizaciones criminales y degradado la frontera entre el poder político y el poder criminal. El partido sostuvo que cuando el Estado deja de combatir a los cárteles, éstos acumulan dinero, armas, territorio e influencia, poder que posteriormente puede infiltrarse en la política.
Como parte de sus señalamientos, Acción Nacional afirmó que cada vez aparecen más acusaciones e investigaciones que apuntan a presuntos vínculos entre políticos de Morena y organizaciones criminales. En ese contexto, mencionó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, todos integrantes de Morena.
El PAN sostuvo que sus denuncias apuntan a un hecho grave: durante años habría existido permisividad y omisión frente al crimen organizado. Según el partido, mientras los cárteles avanzaban, reclutaban jóvenes, desplazaban comunidades y sembraban terror, las autoridades decidieron mirar hacia otro lado. También advirtió que permitir el fortalecimiento de los grupos criminales genera responsabilidad.
Acción Nacional justificó su decisión de acudir a instancias internacionales al afirmar que en México ya no existen condiciones para confiar en una investigación independiente. El partido acusó que las fiscalías han perdido autonomía y que el Poder Judicial fue capturado políticamente por Morena.
Hacia el cierre de su mensaje, el PAN sostuvo que los muertos, el avance territorial de los cárteles y la narcopolítica no aparecieron de manera espontánea, por lo que exigió una investigación internacional. También señaló que ninguna persona, ni siquiera un expresidente de la República, debe estar por encima de la justicia y de la ley.
López Obrador, originario de Tabasco y candidato presidencial en tres ocasiones antes de llegar al poder, concluyó su mandato en medio de críticas de la oposición por los resultados de seguridad pública. La denuncia anunciada por el PAN abre un nuevo frente político y legal contra el exmandatario, ahora en el terreno internacional, aunque corresponderá a las instancias competentes determinar si existen elementos para iniciar una investigación formal.
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