La disputa de territorios entre grupos criminales está “poniendo a la sociedad civil como barrera humana”; urgen a las autoridades a atender sus demandas de paz
REDACCIÓN MÁS / IA
La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, bajo la dirección del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, ha alzado la voz para denunciar el preocupante incremento de violencia en el estado de Chiapas. Mediante un comunicado difundido el 21 de diciembre, dirigido al gobierno federal, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y la sociedad en general, la Diócesis expresó su profunda inquietud por la situación que aqueja a la región, según información publicada por Animal Político.
«Las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación», declaró la Diócesis en el comunicado. Señaló que en Chiapas, grupos criminales disputan el territorio, utilizando a la sociedad civil como barrera humana, y destacó la falta de aplicación efectiva del derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito y la paz.
Según el documento, la región fronteriza de Chiapas ha sufrido durante más de dos años diversos actos de violencia, que van desde amenazas y hostigamientos hasta desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos, saqueo y explotación minera. La Diócesis cataloga estos hechos como «un sinfín de violaciones a los derechos humanos y colectivos».
La gravedad de la situación preocupa especialmente a la Diócesis en relación con localidades como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, Bella Vista, Maravilla Tenejapa, La Grandeza y Altamirano, donde el crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados.
«Las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación».
AMENAZAS, DESPLAZAMIENTO Y OMISIÓN DE LA AUTORIDAD
De acuerdo con la Diócesis de San Cristóbal, cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares debido a amenazas constantes. La presencia diaria de «gente armada a bordo de camionetas que ingresan a diversas comunidades sacando gente de sus casas» es una realidad alarmante que afecta la vida cotidiana de los habitantes.
El comunicado también destaca la intimidación hacia autoridades ejidales, donde grupos armados realizan descargas de armas frente a la población para infundir terror y obligar a la obediencia. Una situación aún más preocupante es que, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la seguridad no se ha logrado garantizar, generando un llamado urgente para atender las demandas de paz y restablecer el orden social.
Entre las demandas planteadas por la Diócesis se destaca el desarme de los grupos criminales, la recuperación del territorio para las familias afectadas, la emisión de una declaratoria oficial contra la explotación minera y otros bienes naturales, así como la protección a los defensores de derechos humanos.
LA VOZ DEL PUEBLO CREYENTE: RESISTENCIA PACÍFICA ANTE LA VIOLENCIA
El Pueblo Creyente, formado por la feligresía católica de la Diócesis de San Cristóbal, se une a la denuncia del obispo, reafirmando que no son ni quieren ser parte de ningún grupo criminal. Su misión, según lo expresado en una carta pastoral por Tatic Samuel, es estar del lado de las víctimas generadas por cualquier sistema, gobierno, sociedad o comunidad, abogando por la no violencia.
Este grupo denuncia una lucha entre grupos criminales por el control del territorio, el despojo de bienes materiales y naturales, y la omisión del Estado ante esta dolorosa realidad. Describen su situación como un «virtual estado de sitio» que han experimentado durante más de dos años, sometidos a la presión y el control social de grupos criminales que afectan a comunidades y pueblos.
«Exigimos la acción urgente de quien sea responsable de establecer estructuras justas de paz, restablecer el libre tránsito y el respeto a nuestros derechos humanos y colectivos», declara el Pueblo Creyente en su denuncia, resaltando la necesidad imperante de una respuesta efectiva y rápida para enfrentar la crisis en Chiapas.
LLAMADO URGENTE A RESTABLECER LA PAZ EN CHIAPAS
En este contexto, tanto la Diócesis de San Cristóbal como el Pueblo Creyente hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para abordar las demandas planteadas. La inseguridad, el desplazamiento forzado y las constantes violaciones a los derechos humanos y colectivos requieren una respuesta decidida y efectiva.
La presencia de la Guardia Nacional, aunque inicialmente percibida como una medida de seguridad, no ha logrado calmar la situación ni brindar la protección necesaria a la población afectada. La Diócesis y el Pueblo Creyente subrayan la importancia de desarmar a los grupos criminales, recuperar el territorio para las familias afectadas y emitir declaratorias oficiales contra prácticas como la explotación minera y otros atentados contra los bienes naturales.
En conclusión, la Diócesis de San Cristóbal y el Pueblo Creyente alzan la voz para poner de manifiesto una realidad alarmante en Chiapas. La violencia desatada en la región exige una acción inmediata para salvaguardar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de la población. La comunidad nacional e internacional, los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación juegan un papel crucial en visibilizar esta situación y presionar por soluciones concretas que restablezcan la paz en la región.
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