Madrid, España, 07/02/25 (Más / IA).- El presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita, advirtió este viernes en Madrid que la reforma al Poder Judicial en México representa “la demolición absoluta” del sistema judicial, con el objetivo de colocar a personas cercanas al gobierno en el control de la justicia.
Durante un evento organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) en la sede del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Pueblita criticó la reforma promovida por el expresidente Manuel López Obrador y que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que continuará. “Es una movida armada para disolver el Poder Judicial”, afirmó el abogado, señalando que la independencia judicial está en riesgo.
La reforma judicial, que ya forma parte de la Constitución mexicana, establece que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por voto popular. Sheinbaum defendió la medida el pasado 5 de febrero, argumentando que se fundamenta en el artículo 39 de la Constitución, que establece que el poder público emana del pueblo. “Así que este 1 de junio habrá elección en nuestro país”, declaró la mandataria.
El anuncio ha generado fuertes críticas tanto en México como en el extranjero. Diversos sectores de la oposición y organismos internacionales han advertido que el nuevo mecanismo de selección podría comprometer la imparcialidad del sistema judicial y someterlo a influencias políticas.
En el mismo evento en Madrid, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, recordó que el ICAM ya se había pronunciado en 2024 contra la reforma judicial en México. “El Gobierno mexicano trata de reformar el sistema judicial de una forma sin precedentes”, expresó Ribón, recordando la declaración institucional en la que su organización manifestaba una “profunda preocupación” por la medida.
El pronunciamiento del ICAM alertó sobre los riesgos de la elección popular de jueces y magistrados, advirtiendo que esto podría generar una grave politización del sistema judicial y afectar su independencia. “La propuesta de reforma relacionada con la duración de las funciones compromete la estabilidad e independencia de los jueces y magistrados y expone presiones políticas al sincronizar los mandatos con el sexenio presidencial, lo cual va en contra de los estándares internacionales que garantizan la seguridad laboral y continuidad en los cargos judiciales”, subrayó el documento.
Mientras avanza la implementación de la reforma, los cuestionamientos continúan, con sectores jurídicos dentro y fuera de México alertando sobre su impacto en la separación de poderes y la autonomía del sistema judicial.
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