Ciudad de México, 31/01/25 (Más / IA).- En medio de su proceso de desaparición, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) enfrenta un nuevo escándalo. La | (FMF) denunció que funcionarios del organismo intentaron extorsionarlos al ofrecer una reducción en una multa de 23 millones de pesos a cambio de contratar un despacho de abogados cercano a ellos y de entregar entradas para el partido inaugural del Mundial de 2026 en el Estadio Azteca.
Ante la gravedad del señalamiento, el INAI se vio obligado a reaccionar. En un comunicado emitido el miércoles, los cuatro comisionados que aún integran el instituto expresaron su preocupación y reprobaron los presuntos hechos de extorsión de las personas servidoras públicas que trabajan en esta institución.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema este jueves desde Palacio Nacional: “Vamos a hacer la investigación. Era un instituto que supuestamente estaba dedicado a la transparencia, defendido a capa y espada, y que, pues esta última ya se suma a todas las anteriores”.
El INAI, creado en la primera década de este siglo como un organismo autónomo clave para garantizar el derecho a la información y la protección de datos, se encuentra en proceso de desaparición tras la decisión del Congreso de extinguirlo junto a otros seis entes autónomos. Mientras sus críticos han advertido que su eliminación representa un retroceso democrático, sus defensores, incluidos los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, han argumentado que la institución estaba plagada de corrupción y que su existencia no era indispensable para la transparencia gubernamental.
El escándalo actual no es el primero que involucra al INAI en presuntos actos de corrupción. En noviembre de 2023, se filtró a la prensa que el comisionado Óscar Guerra Ford había utilizado tarjetas de crédito vinculadas al instituto para pagar cuentas de miles de pesos en un table dance de Ciudad de México en 2014. Guerra Ford alegó que todo se trató de un error, pero la controversia creció al revelarse que el establecimiento tenía vínculos con redes de trata de personas.
La denuncia de la FMF, dada a conocer por el diario El Universal, apunta directamente a Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos del INAI, y a Miguel Novoa, director general de Protección de Derechos y Sanción. De acuerdo con la acusación, ambos funcionarios convocaron a la federación a una reunión en un restaurante de la capital, donde les informaron que, además de las dos multas ya impuestas por el uso indebido del sistema de identificación Fan ID, se les aplicarían nuevas sanciones. La única manera de reducir el monto a pagar y evitar más penalizaciones, les habrían dicho, era contratar un despacho de abogados con el que ellos tenían vínculos, además de entregar boletos para el partido inaugural del Mundial 2026.
La FMF rechazó la propuesta y presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del instituto. Desde entonces, tanto Mendoza como Novoa han negado cualquier implicación en los hechos.
Julieta Del Río, una de las cuatro comisionadas del INAI, lamentó la situación en declaraciones al diario El País. Explicó que desde diciembre el instituto ha estado imponiendo nuevas multas a la FMF, a pesar de que la federación estaba acatando las recomendaciones del organismo en la implementación del Fan ID. Del Río sugirió que estas sanciones podrían haber servido como argumento para la supuesta extorsión.
La Dirección General de Investigación y Verificación, que depende de la Secretaría de Datos, ha sido señalada como la instancia que ha impulsado las sanciones contra la FMF. Según Del Río, el esquema de presunta extorsión no es nuevo. “Tenemos un correo, de febrero del año pasado, con un esquema parecido. Una persona solicitaba que se interviniera porque acudió a la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, y los abogados le dijeron que si quería evitar una sanción que le habían impuesto, contratara un despacho cercano a ellos. Esta persona decía además que tenía temor de que le sancionaran si no les contrataba”, explicó la comisionada.
En el caso específico de Mendoza y Novoa, ambos funcionarios llegaron al INAI de la mano de Francisco Javier Acuña, quien fue comisionado durante nueve años, hasta marzo de 2023. Aunque la comisionada Josefina Román asumió posteriormente la responsabilidad de las áreas involucradas en el escándalo, Del Río aseguró que confía en su integridad. “Me atrevería a decir que es una colega recta”, afirmó.
Hasta el momento, la FMF ha señalado que esperará la respuesta oficial del INAI antes de hacer cualquier declaración adicional. El caso se suma a la serie de polémicas que han rodeado al instituto en los últimos años y que han sido utilizadas por el gobierno para justificar su desaparición.
Mientras las investigaciones avanzan, el escándalo golpea la credibilidad del organismo en su etapa final. Con su desaparición inminente, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asumirá sus funciones, en medio de dudas sobre si podrá garantizar la transparencia y la protección de datos en México sin caer en los mismos vicios que se le han señalado al INAI.
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