Ciudad de México, 23/09/25 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su administración podría emprender denuncias penales contra proveedores de medicamentos que incumplan con sus obligaciones contractuales o incurran en prácticas que obstaculicen el abasto en hospitales públicos.
En su conferencia matutina, la mandataria señaló que el gobierno federal no tolerará la existencia de proveedores ilegales ni la actuación de intermediarios que retarden de manera intencional la entrega de fármacos, en particular aquellos de carácter oncológico.
Sheinbaum subrayó que la Secretaría de Transparencia y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantienen bajo revisión las operaciones de empresas que participan en la distribución de medicamentos. Las investigaciones han detectado irregularidades que ponen en riesgo la continuidad del suministro de tratamientos especializados, lo que abre la puerta a posibles sanciones administrativas y denuncias en el ámbito penal.
La mandataria federal recordó que en administraciones anteriores el Seguro Popular concentraba los contratos en un reducido grupo de empresas, las cuales fijaban precios elevados que limitaban la competencia y generaban sobrecostos en la compra de medicamentos. Frente a este panorama, afirmó que su gobierno impulsa un modelo distinto basado en la negociación directa con las farmacéuticas, con el objetivo de garantizar precios justos y evitar la intermediación abusiva.
Sheinbaum también señaló que este cambio de esquema ha generado resistencias en algunos sectores. Aseguró que las compañías que dejaron de ser favorecidas con contratos gubernamentales han promovido campañas de desprestigio contra la actual administración. “Es normal que haya mucho enojo”, expresó al explicar que dichas empresas se beneficiaban en el pasado de contratos millonarios, lo que ahora se busca erradicar con un sistema más transparente.
Eduardo Clark, subsecretario de Salud, complementó la información al destacar que el suministro de medicamentos ha tenido un crecimiento significativo en los últimos meses. Según sus datos, en mayo se entregaron 78 millones de unidades de medicamentos en instituciones públicas, cifra que ascendió a 186 millones en agosto. En septiembre se distribuyeron 97 millones y actualmente está en proceso la recepción de 107 millones adicionales.
No obstante, el funcionario reconoció que persisten dificultades en el cumplimiento de contratos por parte de 13 empresas nacionales y extranjeras, lo que ha ocasionado un déficit parcial en el abasto. Explicó que el ISSSTE y el IMSS enfrentan un faltante de 3% en sus inventarios, mientras que en IMSS-Bienestar la carencia alcanza el 8%.
Clark aseguró que se están llevando a cabo gestiones directas con las compañías que incumplieron los convenios, a fin de garantizar que los pacientes no resulten afectados. También reiteró que, en caso de confirmarse prácticas irregulares, se procederá conforme a derecho y se abrirán los procesos legales correspondientes para deslindar responsabilidades. De esta manera, el gobierno federal busca enviar un mensaje de firmeza a los proveedores del sector salud, al advertir que las prácticas monopólicas, la especulación o la ocultación intencional de medicamentos no serán permitidas. Al mismo tiempo, insiste en que la estrategia de compras directas permitirá ampliar la cobertura y garantizar el acceso a tratamientos esenciales, particularmente los destinados a pacientes con enfermedades crónicas y oncológicas.
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