Del gobierno al negocio; las puertas giratorias

El Poder del Consumidor

Por Alejandro Calvillo

Hay puertas en México que parecen estar diseñadas para que el poder nunca deje el poder, para que el poder político sea capturado por el poder económico. Son las llamadas puertas giratorias: “el movimiento de personas entre los altos cargos del gobierno y las grandes corporaciones o al revés, entre las grandes corporaciones y el gobierno”.

El caso clásico es el de un alto funcionario que trabaja en una entidad regulatoria, pongamos la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que deja su cargo para pasar a trabajar en una corporación que fue favorecida por un etiquetado que como funcionario fue responsable de su elaboración. Los ejemplos son múltiples: una autorización para un desarrollo en una zona protegida, una reducción de impuestos, la autorización de un producto o un ingrediente que debería estar restringido, etcétera, etcétera.

En principio, realizar un cambio de trabajo no tiene nada de malo; el problema aparece cuando quien ha tenido en sus manos información privilegiada, decisiones regulatorias o capacidad para favorecer a una industria concreta empieza a trabajar precisamente para esa industria; aquí es donde aparece el conflicto de interés. Y esto puede ocurrir desde que es funcionario público: empieza a trabajar no al servicio del interés público, sino al servicio de un interés privado específico, con la finalidad de ser recompensado en el futuro con un empleo o con una buena compensación inmediata.

Un funcionario público decide sobre asuntos que pueden afectar a millones de personas. Decide sobre autorizaciones, contratos, regulaciones, impuestos, concesiones, medicamentos, agua, energía, alimentos, telecomunicaciones y muchas más cosas. A escala global, con el fin de hacer prevalecer el interés público, se ha regulado que una persona pueda pasar de regular una industria a incorporarse a ella sin determinar un período suficiente de separación. Es decir, incluso si el funcionario ejerció sus funciones de manera honrada, tiene un conocimiento y relaciones establecidas que al pasar a la iniciativa privada puede usar a favor de esos intereses, sacrificando el bien público.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador se trató de poner un candado a esta posibilidad con la aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana. La idea era sencilla: los funcionarios públicos de mando superior que dejaran el gobierno durante el ejercicio de su encargo no podían incorporarse a corporaciones que hubieran supervisado, regulado o de las cuales hubieran tenido información privilegiada en el cargo, y en el tiempo estipulado no lo podrían hacer en un periodo inferior a 10 años en general.

10 años. No se trataba de una prohibición de trabajar en cualquier empresa. El texto estaba circunscrito perfectamente a las empresas sobre las cuales las autoridades pudieran haber encontrado, en el ejercicio del poder, la supervisión, el poder de regulación, la información privilegiada. Pero entonces, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, invalidó aquel apartado del mencionado artículo 24. La Corte sostuvo que la prohibición de 10 años era desproporcionada, innecesaria e injustificada, puesto que afectaba la libertad de trabajo, de profesión, de comercio e industria, misma que se encuentra protegida por el artículo 5 de la Constitución.

La resolución de la Corte no dijo que los conflictos de interés no fueran un asunto menor. Tampoco señala que las puertas giratorias hay que considerarlas deseables. Lo que sí dijo fue que este mecanismo concreto de 10 años no lograba cumplir con el análisis de la constitucionalidad de la proporcionalidad. La pregunta que quedó en el aire fue la siguiente: si 10 años son muchos, ¿cuál es el mecanismo correcto para impedir que la información y las relaciones construidas desde el Estado sean utilizadas para fines contrarios al público?

El debate gana una vez más fuerza considerando el caso de Ana Margarita Ríos Farjat, Ministra hace unos meses de la Suprema Corte y que había encabezado el Servicio de Administración Tributaria; al concluir su etapa en el máximo tribunal se convirtió en socia de la firma Holland & Knight.

La exministra formó parte de las decisiones de la Corte en el tiempo que duraron las deliberaciones en torno a aquellos límites que deben de existir alrededor del poder público. El día de hoy, después de haber dejado el tribunal de última instancia, cruza precisamente al sector privado. No estamos diciendo, por eso, que haya cometido un delito. Ni que todas las personas que dejan su puesto en el servicio público en favor del sector privado estén cometiendo corrupción. El punto es otro: ¿basta con que una contratación sea legal para que esa contratación sea éticamente correcta? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos.

Porque el tema de las puertas giratorias no necesariamente arranca en el momento en que alguien comete un delito. Puede empezar mucho antes: cuando la ciudadanía empieza a ver que quienes tienen acceso a los centros de decisión pública pueden convertir ese conocimiento, sus contactos y su experiencia institucional en un activo privado. Y en el caso de Ríos Farjat, la discrepancia es todavía más estimulante porque, según se ha documentado, su salida de la Corte se produce en el contexto de una Corte que ya había dejado atrás el candado de diez años.

Pero sería un error pensar que esto comenzó con una exministra. México tiene una larga historia de circulación entre los intereses corporativos y el poder político.

Uno de los ejemplos más conocidos aparece en la investigación «Las fichas de Coca-Cola», realizada por PopLab y CONNECTAS. La investigación, premiada internacionalmente y disponible en la red, documentó los vínculos de la refresquera con personajes de alto nivel de la política mexicana. El caso de Vicente Fox es particularmente ilustrativo. Antes de llegar a la Presidencia, Fox trabajó durante años en Coca-Cola. Posteriormente, ya en el poder, incorporó a su gobierno a Cristóbal Jaime Jáquez, quien había trabajado durante 12 años para la refresquera y fue colocado al frente de la Comisión Nacional del Agua. La investigación señala que durante esa gestión se triplicaron las concesiones de agua de subsidiarias de Coca-Cola y Nestlé.

Otro caso: Ernesto Zedillo se incorporó como consejero de Coca-Cola tras dejar la Presidencia. La investigación también documentó la relación de otros exfuncionarios con la compañía y el interés de la empresa por influir en las políticas públicas relacionadas con alimentación y salud. De hecho, varias personas que estuvieron al frente de la Secretaría de Salud participaron en consejos de la refresquera.

Las puertas giratorias no son malas porque una persona cambie de empleo. Son peligrosas cuando convierten el servicio público en un servicio a corporaciones privadas, en una especie de entrenamiento pagado por el Estado para trabajar en beneficio de intereses privados. Por este motivo, las puertas giratorias pueden generar distintos problemas, incluso aceptando distintos niveles de interpretación.

Primero, los conflictos de interés, ya que una persona que toma decisiones en un puesto público puede estar pensando en su futuro profesional y tomar la decisión para abrirse puertas en las corporaciones al dejar su cargo. Segundo, el uso de información privilegiada, dado que el conocimiento adquirido en el gobierno puede servir para ayudar a una corporación a anticiparse a decisiones públicas, conseguir contratos o influenciar regulaciones; tiene en sus manos algo muy preciado para abrirse puertas en el sector privado. Tercero, la captura corporativa del Estado: las empresas pueden incorporar sistemáticamente funcionarios y exfuncionarios, y entonces tienen una red acumulada de relaciones que les dan acceso privilegiado al Gobierno. Y cuarto, algo todavía más grave, la posible pérdida de confianza pública.

Es preciso que en México haya una regulación más estricta y consistente respecto a las puertas giratorias. No necesariamente se trata de una prohibición que impida trabajar en determinada industria durante 10 años, pero sí que haya reglas claras y efectivas que impidan que uno pase, de la noche a la mañana, de regular una industria a trabajar para ella. Se necesita: primero, un periodo de enfriamiento adecuado y que puede ser distinto según el nivel del cargo; segundo, un registro público que sirva como publicidad de los funcionarios que cambian al sector privado; tercero, una definición restrictiva sobre información confidencial y privilegiada; y, por último, sanciones reales a las que puedan enfrentarse quienes vulneren las nuevas reglas.

Una democracia no sólo se mide por quién gana una elección, también se mide, y nada más podría hacerlo, por quién tiene acceso a las oficinas del poder, a quién sirve desde ahí, qué información logra recabar cuando se encuentra allí y qué hace con ella al salir; y si las puertas del Estado dan demasiadas vueltas entre el interés público y el interés privado, tarde o temprano tenemos que preguntarnos algo bastante más incómodo: ¿quién está realmente gobernando: los ciudadanos o aquellos que pueden pagar por tener la llave?

Con la colaboración del maestro Christian Torres.