Ciudad de México, 16/10/25 (Más).- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salió en defensa de las reformas a la Ley de Amparo aprobadas recientemente por el Senado de la República.
En sus declaraciones, rechazó tajantemente que estas modificaciones representen un retroceso en materia de derechos humanos o una limitación al acceso a la justicia para la ciudadanía.
De acuerdo con información del portal Infobae, Zaldívar sostuvo que existe una campaña de desinformación orquestada para generar temor e incertidumbre sobre los alcances de estas reformas. “Se busca hacer creer que las reformas a la Ley de Amparo son regresivas y limitan la defensa de las personas en relación con sus derechos, lo cual es absolutamente falso”, dijo.
En ese sentido, aseguró que el gobierno federal no pretende restringir derechos, sino optimizar el funcionamiento del juicio de amparo.
El también expresidente de la Suprema Corte calificó el juicio de amparo como la institución jurídica más importante del país, y subrayó que su evolución es necesaria para adecuarse a los desafíos del contexto actual. Destacó que las reformas tienen como propósito modernizar el procedimiento, hacerlo más ágil, menos costoso y eficiente, sin comprometer la protección de los derechos fundamentales.
“La justicia digital va a ser a mediano plazo una solución muy importante para abatir costos y hacer más ágil el juicio de amparo, tanto para el Poder Judicial de la Federación como para los justiciables”, puntualizó.
Uno de los puntos clave abordados por Zaldívar fue la figura del “interés legítimo”, la cual aseguró que no fue eliminada ni acotada, como se ha hecho creer en algunos espacios de opinión. Explicó que lo único que se hizo fue incorporar sus elementos esenciales dentro del texto legal para brindar mayor claridad a los jueces y tribunales en su interpretación. Con ello, enfatizó que sigue plenamente vigente la defensa de derechos colectivos y de los derechos difusos, como los vinculados a la protección del medio ambiente y a las causas sociales.
Sobre los cambios introducidos en materia de suspensión del acto reclamado, el funcionario detalló dos nuevos supuestos que limitan su aplicación en casos específicos. El primero establece que no podrá concederse la suspensión en amparos promovidos para desbloquear cuentas bancarias vinculadas a operaciones de lavado de dinero, salvo que el titular de la cuenta demuestre fehacientemente el origen lícito de los recursos. Sin embargo, añadió que aún en estos casos se protegerá el derecho a cubrir gastos esenciales, como el pago de sueldos, impuestos y pensiones alimenticias.
El segundo supuesto contempla que quienes realicen actividades federales sin los permisos requeridos por la ley no podrán beneficiarse con la suspensión del acto reclamado a través del amparo. Este punto, explicó, tiene como objetivo evitar que los instrumentos jurídicos se utilicen para eludir el cumplimiento de normas administrativas y de seguridad.
En el ámbito fiscal, Zaldívar también mencionó que las reformas incorporan disposiciones para impedir que los contribuyentes con créditos fiscales firmes –ya validados por una autoridad judicial– puedan seguir interponiendo amparos para retrasar el cobro de dichas deudas. De acuerdo con su explicación, estos cambios buscan fortalecer las finanzas del Estado mexicano y evitar que los litigios fiscales se prolonguen indefinidamente en perjuicio del erario público.
Además de lo anterior, el funcionario insistió en que el objetivo general de la reforma es que el juicio de amparo responda a los principios de eficiencia, modernidad y justicia. Aseguró que el nuevo marco legal está diseñado para proteger a las personas de buena fe, facilitar su defensa legal y cerrar espacios a quienes pretendan usar el juicio de amparo con fines ilícitos o evasivos. “No se va a afectar a las personas que de buena fe tienen sus recursos, y por un error o por alguna otra cuestión se bloquearon sus cuentas, se les protegerá con la suspensión”, explicó. Finalmente, Arturo Zaldívar reiteró que estas reformas no obedecen a un intento del gobierno por debilitar al Poder Judicial ni por eliminar controles institucionales, sino a una necesidad de transformación de fondo que permita construir una justicia más efectiva, más cercana al ciudadano y menos sujeta a abusos por parte de actores con poder económico o político. “Estamos hablando de una justicia más moderna, más cercana, más accesible; esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma”, concluyó.
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