Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 20/10/2026 (Más).- La eliminación de publicaciones violentas en redes sociales no garantiza que disminuyan las agresiones si no se acompaña de investigaciones para identificar a los responsables y dar seguimiento a las amenazas, advirtió Karla Patricia Valdés García, coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva y directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), al analizar el alcance del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para establecer entornos digitales seguros para niños y adolescentes.
La especialista consideró que la medida representa una buena intención, pero señaló que las plataformas digitales ya cuentan con herramientas para denunciar contenidos inapropiados y sistemas automatizados que detectan determinadas expresiones para retirar publicaciones. Por ello, estimó que el decreto debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por la eliminación visible de material en internet.
“Una cosa es eliminar un contenido y otra cosa es identificarlo y sancionarlo y darle seguimiento”, sostuvo Valdés García, al advertir que las publicaciones pueden incluir amenazas o referencias a posibles planes para lastimar a otras personas, situaciones que requieren una respuesta más amplia que retirarlas de la circulación.
El 14 de octubre la presidenta de México firmó un decreto y establece obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de proteger a menores de edad de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y violencia sexual, acoso, ciberacoso, violencia escolar, autolesiones y otros materiales de riesgo. Las empresas cuentan con un plazo de 30 días naturales para adecuar sus sistemas e informar sobre las medidas implementadas.
Entre las disposiciones se contempla restringir el acceso y la recomendación de ese tipo de contenidos niños y adolescentes, retirar publicaciones o cuentas que promuevan la violencia, habilitar mecanismos de denuncia y colaborar con las autoridades investigadoras mediante la preservación y entrega de información relevante. El instrumento es obligatorio, aunque no contempla sanciones directas para las plataformas; el Gobierno federal señaló que podría impulsar una ley con medidas punitivas si detecta incumplimientos.
Valdés García advirtió que una posible consecuencia de estas restricciones es que algunos usuarios busquen otras formas de difundir mensajes violentos, mediante cuentas falsas, expresiones encubiertas o espacios digitales distintos. Esto, explicó, puede dificultar la detección de las publicaciones y mantener el problema, aunque ciertos contenidos dejen de estar disponibles en una plataforma.
La académica también señaló que todavía existe debate sobre la relación entre el consumo de contenidos violentos y la conducta de quienes los buscan. Consideró que ambas situaciones pueden influirse mutuamente: algunas personas pueden verse expuestas a mensajes que refuerzan determinados comportamientos, mientras que otras buscan comunidades digitales donde encuentran afinidad con sus intereses.
“Las personas sí tenemos un componente biológico, hereditario, genético”, explicó al distinguir la agresividad, que puede formar parte de mecanismos de protección y supervivencia, de la violencia, que implica causar daño de manera consciente. Añadió que los entornos en los que se desenvuelven las personas también pueden influir en la forma en que esas conductas se manifiestan.
Ante este panorama, la especialista planteó que la respuesta institucional debe ir más allá de la moderación de contenidos y contemplar la investigación de amenazas, la identificación de quienes las emiten y la atención que corresponda en cada caso. El reto, indicó, consiste en evitar que la desaparición de una publicación sea interpretada como si el riesgo hubiera quedado resuelto.
El decreto presidencial surgió en un contexto de preocupación por hechos violentos relacionados con entornos digitales, luego de una agresión ocurrida en una secundaria de Torreón, Coahuila, en la que murió una integrante del personal escolar y otras personas resultaron lesionadas. El Gobierno federal presentó la medida como parte de una estrategia de prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, acompañada de acciones de orientación socioemocional y coordinación con las plataformas digitales.
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