Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 14/10/26 (Más).- Más de diez años después de iniciado el procedimiento, el Gobierno federal finalmente decretó la expropiación de 15.37 hectáreas del ejido El Tajito, ubicadas en Matamoros, pero colindante con Torreón, para regularizar asentamientos humanos y abrir el camino a la escrituración de terrenos. El decreto podrá beneficiar a los posesionarios de cerca de 270 viviendas.
El decreto fue publicado este miércoles, 14 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación, después de que la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) solicitara la expropiación el 20 de abril de 2016. El procedimiento quedó instaurado el 10 de junio de aquel año, bajo el expediente 13755/CORETT.
La resolución, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de octubre, dispone que los terrenos pasen al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) mediante una indemnización de un millón 790 mil 966.53 pesos. El destino será vender y titular los solares a quienes los ocupan, comercializar lotes vacantes y donar áreas para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales.
Aunque el núcleo agrario pertenece a Torreón, las tierras expropiadas se encuentran físicamente en Matamoros, dentro del predio Las Carolinas. Esta circunstancia tiene su origen en una historia de dotaciones, expropiaciones y compras de terrenos que se remonta a la década de 1930.
Los antecedentes oficiales señalan que una resolución presidencial del 21 de noviembre de 1936, publicada en septiembre de 1940, concedió al ejido El Tajito 288 hectáreas: 284 de riego y cuatro correspondientes a la zona urbana del poblado. La superficie agrícola se organizó para beneficiar a 70 campesinos, además de una parcela escolar.
En 1975, el Gobierno federal expropió 96.0189 hectáreas del ejido a favor del entonces Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular. Con el dinero de aquella indemnización, los ejidatarios compraron al año siguiente 365.5971 hectáreas de riego del predio Las Carolinas, en Matamoros.
La adquisición quedó asentada en la escritura pública número 24, del 18 de febrero de 1976. El 14 de agosto de 1977, los ejidatarios solicitaron incorporar esas tierras al régimen ejidal y ratificaron su petición en asamblea el 12 de octubre del mismo año.
La incorporación fue autorizada mediante una resolución publicada el 6 de agosto de 1984. El documento explicó que las tierras que conservaba El Tajito resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades agrarias de sus beneficiarios originales. Así quedó integrado al ejido de Torreón un predio situado en otro municipio.
Medio siglo después de aquella compra, una fracción de Las Carolinas vuelve a ser objeto de expropiación, ahora para regularizar terrenos ocupados por asentamientos humanos.
La primera autorización ejidal para el procedimiento actual se otorgó el 29 de junio de 2014 y fue ratificada el 15 de enero de 2016. En abril siguiente, CORETT presentó la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Para diciembre de ese año se publicó la transformación de CORETT en Instituto Nacional del Suelo Sustentable, organismo a cuyo favor finalmente se expidió el decreto.
El consentimiento de los ejidatarios fue ratificado nuevamente el 14 de agosto de 2024. Un mes después, INSUS amplió la justificación de utilidad pública para sustentar la regularización y escrituración de los asentamientos, así como la reserva de espacios para infraestructura y servicios.
Los trabajos técnicos del Registro Agrario Nacional y Sedatu, fechados el 5 de septiembre de 2025, fijaron la superficie definitiva en 153 mil 738 metros cuadrados, 225 menos que los solicitados inicialmente. El avalúo indemnizatorio se emitió el 31 de octubre de ese año y el dictamen de procedencia de la expropiación llegó el 13 de marzo de 2026.
Entre la solicitud formal y la publicación del decreto transcurrieron diez años y casi seis meses. Desde la primera anuencia de la asamblea ejidal pasaron más de doce años. El decreto enumera las actuaciones, pero no explica las causas de la duración del procedimiento.
Para dimensionar la ocupación del terreno, un cruce preliminar de las coordenadas publicadas en el decreto con la cartografía del INEGI identificó 23 manzanas completamente contenidas en los polígonos reconstruidos. Los registros del Censo de Población y Vivienda 2020 contabilizaban en ellas 268 viviendas.
Esa cifra constituye una referencia censal, no un padrón oficial de inmuebles por regularizar. El ejercicio excluye las manzanas parcialmente intersectadas, requiere validar la delimitación con INSUS o el Registro Agrario Nacional y no incorpora las construcciones posteriores a 2020.
La publicación tampoco supone la entrega inmediata de escrituras. El decreto establece que INSUS deberá acreditar el pago de la indemnización antes de que Sedatu ejecute la expropiación. No fija un calendario de titulación ni los precios, condiciones de pago o apoyos que tendrán los ocupantes para adquirir sus solares.
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