Ciudad de México, 29/04/25 (Más).- El histórico decomiso de combustible ilegal realizado por autoridades federales a finales de marzo en el puerto de Tampico quedó en entredicho tras revelarse que la cantidad de huachicol asegurado fue solo la mitad de lo que presuntamente llegó en el buque Challenge Procyon procedente de Texas.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la empresa importadora, Intanza, sostiene que fueron confiscados 20 millones de litros de diésel, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportaron oficialmente solo 10 millones de litros asegurados.
La empresa Intanza presentó cuatro juicios de amparo en los que reclama la incautación de 5 millones 460 mil galones de supuesto aditivo para aceites, volumen que equivale a 20 millones de litros de diésel.
Como parte de los recursos legales, la compañía aportó una factura emitida por la firma texana Hevi Transport LLC y el pedimento de importación fechado el 18 de marzo. En dichos documentos, Intanza reclama bajo protesta de decir verdad la totalidad del cargamento decomisado.
El 28 de marzo, Osmar Antonio Constancio Pecina, apoderado de Intanza, presentó otra demanda reiterando el reclamo por los mismos 5 millones 460 mil galones. En una impugnación posterior, la empresa reafirmó su exigencia legal sobre la totalidad del combustible confiscado por las autoridades mexicanas.
La Secretaría de Marina, en un boletín emitido el 31 de marzo, informó del “aseguramiento histórico” de 10 millones de litros de hidrocarburo, junto con 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armas y vehículos.
La operación fue realizada en coordinación con elementos de la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional. La dependencia destacó que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia para detectar e interceptar el cargamento ilegal.
Ese mismo día, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, difundió en redes sociales los resultados del operativo, también mencionando un decomiso de 10 millones de litros de diésel. Publicó imágenes del buque y un video del operativo, en los que se observaron los logotipos de las distintas dependencias participantes.
Los registros aduanales de Intanza señalan como domicilio fiscal el número 335 de la calle Luis Elizondo, en la colonia Alta Vista de Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, de acuerdo con la verificación realizada por MCCI, ese inmueble alberga actualmente residencias para estudiantes del Tecnológico de Monterrey, lo que pone en duda la veracidad de la dirección proporcionada por la empresa.
Desde octubre de 2023, Intanza ha reportado la importación de aditivos para aceites. El primer cargamento ingresó por el puerto de Guaymas con un volumen de cerca de 19 millones de litros. El 3 de abril de 2024, casi seis meses después, la empresa volvió a importar 8 millones 640 mil litros, esta vez a través del puerto de Tampico.
MCCI documentó que el director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, tiene vínculos empresariales con los accionistas de Intanza, Ramiro Rocha Alvarado y Ricardo Ayón Rodríguez. Los tres comparten participación en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure. Martínez fue nombrado en marzo de 2024, un mes antes del arribo del buque Challenge Procyon a Tampico.
En febrero, Intanza realizó otras dos importaciones que sumaron 46 millones de litros de presuntos aditivos. Los registros disponibles no especifican a qué puertos arribaron estos cargamentos. La empresa exportadora en todos los casos fue Ikon Midstream LLC, compañía texana que se dedica a la compra, mezcla y distribución de gasolina y diésel en la región de Houston y en México.
Las inconsistencias entre lo decomisado oficialmente y lo reclamado judicialmente por Intanza, así como la falta de claridad sobre el domicilio fiscal de la empresa y sus vínculos con funcionarios portuarios, han puesto en duda la transparencia y efectividad del operativo anunciado por el gobierno federal. La diferencia de 10 millones de litros no reportados oficialmente abre cuestionamientos sobre el destino real del combustible y sobre la cadena de custodia posterior al decomiso.
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