Ciudad de México, 24/01/25 (Más / IA).- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un catálogo de 17 infracciones aplicables a quienes aspiren a un cargo en la elección del Poder Judicial. Sin embargo, el documento permite que ministras actualmente en funciones, como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, continúen realizando actividades de promoción que han llevado a cabo desde octubre, antes del inicio oficial de las campañas, programado para el 31 de marzo.
El Consejo General del INE rechazó con siete votos contra cuatro una propuesta de la consejera Dania Ravel para prohibir explícitamente el proselitismo anticipado de ministras, magistrados y jueces que ya cuentan con pase automático para ser candidatos. La iniciativa buscaba establecer como infracción la realización de actos o actividades que tengan como fin la promoción o posicionamiento de una candidatura frente al electorado, antes del periodo establecido por la ley para tal efecto.
La propuesta de Ravel fue respaldada únicamente por los consejeros Carla Humphrey, Martín Faz y Jaime Rivera. Por el contrario, los consejeros Arturo Castillo, Rita Bell López, Norma Irene de la Cruz y la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, argumentaron que incluir dicha disposición generaría inseguridad jurídica y afectaría la libertad de expresión.
“La redacción original no vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de pensamiento político. Permite a las personas aspirantes expresar sus opiniones y participar en el debate público sin que estas acciones sean calificadas automáticamente como propaganda electoral anticipada”, señaló Taddei.
Desde octubre, ministras como Esquivel, Ortiz y Batres han realizado giras, entrevistas y publicaciones en redes sociales en lo que ha sido considerado por algunos sectores como promoción anticipada. Incluso, el pasado 13 de enero, la asociación civil Defensores presentó una denuncia ante el INE contra las tres ministras por presuntos actos anticipados de campaña.
A pesar de estas acciones, el catálogo aprobado define las campañas como actividades orientadas a difundir la trayectoria profesional y propuestas de mejora, lo que permite que las ministras sigan promoviendo su imagen en días y horarios no laborales, sin que esto sea considerado una infracción.
El catálogo de infracciones aprobado incluye medidas como prohibir la contratación de espacios en medios, propaganda electoral que contenga calumnias o referencias a partidos políticos, uso de recursos públicos, y actos de violencia política de género, entre otras. También establece limitaciones para los servidores públicos, quienes no podrán manifestarse a favor o en contra de candidaturas, ni utilizar recursos oficiales para fines de promoción electoral.
No obstante, el documento permite que quienes aspiren a ser candidatas participen en actos de proselitismo fuera de horarios laborales, mientras no se ostenten formalmente como candidatas. Esto beneficia directamente a las ministras mencionadas, que continúan realizando actividades de posicionamiento antes del inicio oficial de las campañas.
La reforma constitucional del Poder Judicial establece que las campañas electorales inicien el 31 de marzo y concluyan el 28 de mayo. La jornada electoral se llevará a cabo el 1 de junio. No se contempla un periodo de precampañas, ya que las candidaturas serán definidas directamente por comités del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, que actualmente trabajan en la depuración de listas de aspirantes.
A medida que se acerca la fecha de inicio oficial de las campañas, el debate sobre las actividades de promoción adelantada continúa dividiendo opiniones entre quienes las ven como una ventaja indebida y quienes defienden su derecho a expresarse públicamente.
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