Cuando el subconsciente habla

Por Marco Campos Mena

Hay errores que se olvidan en cuanto se cometen. Una palabra equivocada, un nombre que se confunde, una frase que se cruza en medio de un discurso. Le puede ocurrir a cualquiera, pero en política las palabras tienen otra dimensión. Cuando el que habla es el presidente de la República, una candidata presidencial o cualquier personaje que ejerce poder, un error deja de ser solamente un error cuando aparece en medio de una realidad que le da contexto.

Por eso resulta tan interesante revisar algunas de las frases, respuestas y reacciones que han acompañado a López Obrador y a Claudia Sheinbaum durante estos años y no porque un lapsus demuestre que alguien es corrupto. Eso sería una conclusión absurda, un lapsus es un lapsus, pero por algo dicen que “en política nada es casualidad”

Cuando una palabra aparece precisamente en el lugar donde el discurso oficial pretende negar una realidad, cuando una respuesta termina revelando aquello que se intentaba ocultar o cuando una reacción emocional consigue que el adversario marque la agenda.

El poder también habla cuando no quiere hablar y cuando carecen de preparación real en comunicación, algunas veces, habla demasiado.

“Que siga la corrupción” El 1 de marzo de 2024, durante el arranque de su campaña presidencial en el Zócalo, Claudia Sheinbaum pronunció una frase que quedó inmediatamente registrada por las cámaras. “Sólo hay dos caminos este 2 de junio: uno, que siga la corrup… que siga la transformación; el otro, que regrese la corrupción”.

Fue un error extraordinariamente desafortunado para una candidata cuya principal oferta electoral consistía precisamente en continuar el proyecto político de López Obrador y por eso la frase adquirió una dimensión que no habría tenido en otro contexto.

Podríamos decir que es un error y suavizar las cosas para que “políticamente” no suene a que nos cargamos a alguna tendencia, pero esto no es un caso aislado y los hechos posteriores dan la razón a que continuó la corrupción que sigue evidenciándose todos los días.

Hay una frase de López Obrador que merece ser rescatada porque el tiempo le dio una dimensión distinta. En 2019, mientras explicaba que los negocios realizados al amparo del poder público habían sido una práctica del pasado, dijo algo que parecía una denuncia contra los gobiernos anteriores: “Los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”.

La frase está registrada en una conferencia oficial de la Presidencia y el argumento de López Obrador era que un presidente no podía simplemente fingir que desconocía lo que ocurría en su administración. Si había negocios millonarios alrededor del poder, el presidente tenía que saberlo.

Aquí aparece uno de los problemas más grandes de la llamada Cuarta Transformación. Durante años construyó buena parte de su legitimidad sobre una idea sencilla: nosotros no somos iguales.

El problema es que esa frase convierte cualquier escándalo del presente en una prueba mucho más exigente y hay quienes afirman que es una confesión de su involucramiento en tantos quebrantos a las finanzas públicas que no podrían habérsele ocultado al presidente por su dimensión.

En febrero de 2020, López Obrador hablaba en Milpa Alta sobre la corrupción y dijo que gracias a su movimiento se había creado una nueva corriente de pensamiento en la que el corrupto estaba quedando mal visto y estigmatizado.

Y entonces apareció una de las frases más recordadas de su sexenio: “Fuchi, caca”. Una frase que dice mucho sobre la transformación del lenguaje presidencial.

Pero si de frases involuntarias hablamos, hay una todavía más peculiar. En junio de 2022, López Obrador afirmó durante una conferencia: “Un gobierno sin corrupción no sirve para nada”.

La reportera detectó el error y el presidente corrigió de inmediato, pero el problema vuelve a ser el mismo, cuando el tema que aparece accidentalmente es precisamente el tema alrededor del cual se ha construido toda una identidad política, el error toma relevancia.

Un error le pasa a cualquiera, pero si ese error o lapsus coincide con la realidad que todos los mexicanos estamos viendo, la frase se convierte en una confesión involuntaria de lo que tratan de ocultar y es entonces que vemos que la conversación se centra en dos ejes contrastantes: narrativa vs realidad y gobierno actual vs anteriores.

En enero de 2025, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó un comparativo sobre los procesos contra gobernadores durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Su conclusión fue que durante el sexenio de Peña Nieto se abrieron procesos judiciales contra al menos 12 gobernadores y exgobernadores, 10 de ellos del PRI y 2 del PAN. Durante el sexenio de López Obrador, ninguno de los gobernadores y exgobernadores señalados en el estudio fue sometido a proceso judicial por corrupción.

Esto no convierte a Peña Nieto en un presidente honesto. Tampoco borra la Casa Blanca, Odebrecht, Ayotzinapa, el caso Lozoya ni los innumerables escándalos de su administración.

Sería intelectualmente deshonesto utilizar esos procesos para limpiar la imagen de Peña Nieto, pero tampoco podemos ignorar el dato porque resulte incómodo.

Durante el sexenio que se convirtió en sinónimo de corrupción priista, hubo gobernadores del propio partido en el poder que terminaron detenidos, extraditados o procesados: Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval y varios más.

Algunos fueron condenados. Otros enfrentaron procesos que terminaron de distintas maneras. Algunos incluso lograron evitar consecuencias mayores, pero el Estado actuó contra ellos, lo que le dio legitimidad a la frase que popularizó Peña Nieto: “Nadie por encima de la ley” y pese a que en su momento fue una narrativa utilizada por Morena y López Obrador para señalar la gran cantidad de corrupción, lo cierto es que el tiempo lo cambia todo y ahora muchos ven lo que pasó entonces como el último gobierno institucional que actuaba contra la impunidad.

El discurso de “no somos iguales” empieza a enfrentarse con una comparación que no resulta favorable. Durante el sexenio de López Obrador también hubo investigaciones periodísticas y señalamientos públicos contra gobernadores y exgobernadores emanados de Morena y de sus aliados.

MCCI mencionó, entre otros, a Rubén Rocha, Rutilio Escandón, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Alfonso Durazo, Delfina Gómez, Adán Augusto López, Carlos Merino, Javier May y Rocío Nahle. Pero una cosa es ser señalado públicamente y otra muy distinta ser investigado o procesado judicialmente.

La diferencia entre ambas cosas es precisamente la existencia del Estado de derecho y de esto surge la pregunta que los mexicanos nos hacemos ¿Por qué durante el gobierno que prometió acabar con la corrupción prácticamente desapareció la persecución penal de gobernadores de su propio movimiento?

Rocha Moya y la contradicción que volvió a aparecer

El caso de Rubén Rocha Moya hace que la pregunta deje de ser histórica y vuelva a ser actual.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa de conspiración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas, además de señalar una relación entre apoyo político y sobornos, Rocha niega las acusaciones; la Fiscalía mexicana mantiene abierta la investigación; después de 112 días de licencia, Rocha regresó a la gubernatura.

El regreso de Rocha ocurre además en un momento particularmente incómodo para el gobierno de Sheinbaum: su administración intenta presentar como una señal de firmeza la investigación contra una red de contrabando de combustible que alcanzó a altos mandos de la Marina.

Por un lado, el gobierno detiene y procesa a funcionarios vinculados con una red multimillonaria de huachicol fiscal; por otro, un gobernador señalado por autoridades estadounidenses vuelve a ocupar su despacho.

Aunque jurídicamente podemos hablar de cosas distintas, políticamente no existen las coincidencias y todo tiene un texto entre líneas… y ahora nos preguntamos: ¿Dónde termina la presunción de inocencia y dónde empieza la protección política? La respuesta no puede depender de quién sea el acusado.

Andy: cuando la defensa cambia la conversación

Y entonces llegamos a Andrés Manuel López Beltrán, y también hay que separar los hechos de las acusaciones.

Andy perdió recientemente su visa estadounidense. Washington no ha explicado públicamente el motivo específico porque los expedientes de visas son confidenciales.

Andy ha negado haber cometido actos ilícitos y calificó la decisión como política; Sheinbaum lo defendió públicamente y afirmó que una visa no define a una persona. Hasta ahí, el gobierno tiene derecho a cuestionar una decisión extranjera.

Pero alrededor del caso existe otro elemento: los señalamientos públicos relacionados con el llamado huachicol fiscal y las acusaciones que distintos actores han formulado sobre presuntas redes de importación de combustible.

La Fiscalía General de la República, según los reportes publicados, no ha confirmado una investigación penal contra Andy. Por eso no corresponde escribir que Andy es corrupto; lo que sí corresponde preguntar es otra cosa: ¿por qué cada vez que aparecen señalamientos contra personas del círculo más cercano al poder, la primera respuesta política consiste en desacreditar al acusador, hablar de injerencia extranjera o denunciar una campaña política?

La realidad confronta directamente a las narrativas y elimina de facto la presunción de un error o lapsus. La mente humana, que bien sabemos que es falible, a veces juega en contra y deja ver lo que no queremos que se vea, y este es uno de esos casos en los que vale la pena tener la atención bien puesta ante una declaración que bien puede ser una confesión involuntaria de la realidad que se busca negar.