Cuando el miedo a una demanda decide por el médico

Salud con cabeza

Por Bernardo Cacho

La medicina debería ejercerse pensando en lo que necesita el paciente, no en cómo defenderse de una demanda. Pero ¿qué sucede cuando el temor a las consecuencias legales comienza a modificar nuestras decisiones?

Hay una pregunta que ningún médico debería tener que hacerse antes de solicitar un estudio, indicar una cirugía o elegir un tratamiento: ¿qué debo hacer para evitar que me demanden? La pregunta debería ser otra: ¿qué necesita realmente mi paciente?

Sin embargo, existe una realidad incómoda que pocas veces discutimos fuera de los hospitales: el temor a las consecuencias legales puede influir en nuestras decisiones clínicas.

A este fenómeno se le conoce como “medicina defensiva”.

Ocurre cuando solicitamos estudios innecesarios, indicamos procedimientos adicionales o evitamos atender casos complejos; no por el beneficio que representan para el paciente, sino principalmente por temor a una reclamación.

Y esto debería preocuparnos a todos. Porque cuando el miedo comienza a competir con el juicio clínico, no solamente cambia nuestra manera de ejercer la medicina. También puede cambiar la atención que reciben nuestros pacientes.

La medicina no puede prometer certezas

Los médicos tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. Una enfermedad puede evolucionar inesperadamente, una cirugía puede complicarse y un tratamiento puede fracasar aun cuando se haya elegido y prescrito correctamente.

Se le atribuye al médico y filósofo Edmund Pellegrino la frase “La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades”; es decir, la medicina debe de entenderse como una disciplina profundamente humana, en la que convergen ciencia, experiencia y juicio moral.

Esa reflexión nos recuerda que la medicina no es infalible. Errar es humano, pero no todo resultado desfavorable es consecuencia de un error, ni todo error constituye necesariamente negligencia.

Esto no nos exime de responsabilidad. Tenemos la obligación de actuar con diligencia, reconocer nuestras equivocaciones y responder por las conductas que nos sean atribuibles.

Pero una cosa es exigir responsabilidad profesional y otra muy distinta es exigir resultados que ninguna ciencia puede garantizar.

El miedo también tiene consecuencias

¿Estamos protegiendo al paciente o intentando protegernos de una demanda? La solución no consiste en limitar el derecho de los pacientes a reclamar una atención adecuada. Ese derecho debe protegerse.

Consiste en garantizar que las decisiones médicas sean evaluadas con criterios científicos, considerando la información disponible y las circunstancias reales en las que fueron tomadas.

Porque no es lo mismo juzgar una decisión después de conocer el resultado que tomarla cuando todavía existe incertidumbre.

Y aquí está el verdadero problema: juzgar una decisión del pasado utilizando conocimientos que solamente estuvieron disponibles después puede convertir una evaluación aparentemente objetiva en una profunda injusticia.

¿Estamos juzgando justamente a quienes nos cuidan?

Existe otra realidad que tampoco podemos ignorar.

Un médico puede conocer el tratamiento indicado y, sin embargo, no disponer del medicamento, del equipo o de los insumos necesarios para proporcionarlo.

Puede tener la preparación, la experiencia y la voluntad de actuar, pero no siempre las herramientas.

Entonces…. ¿Es justo exigir al personal de salud resultados sin considerar las condiciones en las que ejerce su profesión?

Esta pregunta nos conduce a nuestra próxima conversación: cómo juzgamos las decisiones de quienes cuidan nuestra salud y cómo evaluamos las decisiones de quienes “administran” justicia.

Los médicos dependemos de conocimientos científicos, pero también de medicamentos, equipos, personal e infraestructura. Quienes juzgan se apoyan en leyes, pruebas, procedimientos y razonamientos jurídicos.

Ambas profesiones toman decisiones complejas. Ambas pueden equivocarse. Y ambas pueden cambiar profundamente la vida de una persona.

Pero existe una diferencia que merece discutirse: ¿cuánto tiempo tiene un médico para decidir y cuánto tiempo tiene quien posteriormente juzgará esa decisión?

¿Exigimos el mismo rigor para reconocer, explicar y corregir los errores de ambos?

Los médicos debemos responder por nuestras decisiones. Eso no está en discusión.

Pero también debemos preguntarnos si quienes administran justicia están sujetos a mecanismos igualmente rigurosos para evaluar sus propias decisiones.

Porque si la justicia tiene la facultad de juzgar a quienes ejercemos la medicina, también debemos atrevernos a preguntar: ¿Quién juzga a quienes nos juzgan?