Saltillo, Coahuila, 03/12/25 (Más).- Durante el segundo trimestre de 2025, Coahuila registró uno de los mayores aumentos en la economía informal a nivel nacional, al presentar un crecimiento anual de 4.5%, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La entidad se ubicó entre los seis estados con mayor incremento, junto con Ciudad de México, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo León.
Según reportó El Economista, el valor agregado bruto (VAB) de la economía informal en el país ascendió a 6.0 billones de pesos, con un incremento real de 1.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Este valor contempla tanto a las actividades económicas realizadas por unidades sin personalidad jurídica, como a los trabajadores sin prestaciones que laboran en empresas formales.
Dentro del desglose por componentes, el VAB del sector informal –que representa 57.2% de la economía informal total– creció 3.5% en términos anuales. Coahuila también destacó en este rubro, aunque los incrementos más marcados ocurrieron en Guanajuato (9.9%) y Baja California Sur (9.5%).
Respecto a las otras modalidades de informalidad, es decir, trabajadores en unidades formales sin acceso a seguridad social ni prestaciones, Coahuila mostró un alza de 2.4%, sumándose a entidades como Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas y Ciudad de México, que también registraron aumentos.
En cuanto a la ocupación informal, se contabilizaron 16.9 millones de empleos remunerados a nivel nacional en este sector, con un crecimiento anual de 2.7%. En ese sentido, Coahuila reportó un incremento de 5.2% en los puestos de trabajo informales, superado por entidades como Ciudad de México (6.5%) y Sinaloa (6.2%).
Mientras tanto, estados como Campeche, Quintana Roo, Morelos y Guerrero mostraron retrocesos importantes tanto en el valor agregado de la economía informal como en el número de empleos generados por esta. En contraste, el crecimiento observado en Coahuila refleja una expansión sostenida de este sector fuera del marco formal, lo que plantea retos significativos en materia de empleo, seguridad social y fiscalización para las autoridades estatales y federales.
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