Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 28/04/26 (Más).- En México, la corrupción vinculada con seguridad pública y procuración de justicia dejó durante 2025 un costo estimado de 13 mil 415 millones de pesos en moches pagados a policías, autoridades de seguridad, llamadas de auxilio policial y trámites ante ministerios públicos o fiscalías estatales, de acuerdo con el análisis de los datos expandidos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi.
El mayor número de casos se concentró en el contacto directo con policías u otras autoridades de seguridad pública, donde se estimaron 6 millones 696 mil 363 eventos de corrupción y pagos indebidos por 6 mil 147 millones de pesos.
La ENCIG incluye en este rubro contactos por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o faltas administrativas.
Sin embargo, el rubro más costoso no fue el de policías, sino el de ministerio público o fiscalía estatal. Aunque ahí se estimaron 504 mil 777 eventos, el monto económico alcanzó 7 mil 199 millones de pesos, con un promedio de 23 mil 767 pesos por moche.
La diferencia revela dos dimensiones de la corrupción. La mordida policial es la más frecuente y cotidiana, la que enfrentan millones de personas en la calle, en retenes, infracciones, detenciones o contactos con autoridades de seguridad; pero los pagos vinculados con fiscalías o ministerios públicos son menos numerosos y mucho más caros porque se relacionan con la apertura o seguimiento de averiguaciones previas, carpetas de investigación o asuntos donde está en juego una denuncia penal.
Si se agregan los juzgados y tribunales como parte del sistema de justicia amplio, el costo estimado sube a 15 mil 99 millones de pesos y los eventos a 7 millones 632 mil 544. En juzgados y tribunales, la ENCIG estimó 358 mil 249 eventos de corrupción, con un costo de mil 683 millones de pesos y un promedio de 6 mil 525 pesos por evento con monto reportado.
Las llamadas de emergencia para atención policial también aparecen en el mapa nacional, aunque con menor peso: 73 mil 155 eventos estimados y un costo de 68.9 millones de pesos, con un promedio de mil 427 pesos por moche.
Por entidad, el costo más alto del bloque de seguridad y procuración de justicia se ubicó en Nuevo León, con 6 mil 22 millones de pesos, impulsado principalmente por registros de alto monto en Ministerio Público o Fiscalía. Le siguieron el Estado de México, con mil 346 millones; Ciudad de México, con mil 150 millones; Guanajuato, con 498 millones; Sonora, con 413 millones; Hidalgo, con 405 millones; Baja California, con 350 millones; Puebla, con 324 millones; Chihuahua, con 305 millones, y Aguascalientes, con 300 millones.
En volumen de casos, los primeros lugares fueron Ciudad de México, con un millón 115 mil eventos vinculados con seguridad y procuración de justicia; Estado de México, con un millón 75 mil; Nuevo León, con 692 mil; Chihuahua, con 542 mil; Baja California, con 372 mil; Sonora, con 371 mil; Guanajuato, con 314 mil; Jalisco, con 258 mil; Sinaloa, con 226 mil, y Coahuila, con 204 mil.
El dato muestra que los ciudadanos enfrentan la corrupción de seguridad en dos niveles. El primero es masivo: la mordida policial, que concentra millones de eventos en todo el país. El segundo es más caro: el pago asociado con fiscalías, ministerios públicos y juzgados, donde cada evento puede implicar cantidades mucho más elevadas.
La ENCIG no identifica a los servidores públicos involucrados ni la oficina exacta donde ocurrió el pago indebido. Sus registros son estadísticos y anónimos; sin embargo, sí permiten ubicar el tipo de contacto, trámite o servicio donde los ciudadanos reportaron que se les pidió o se les quitó dinero, regalos o favores para agilizar, evitar o resolver un procedimiento.
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