Washington, 23/04/24 (Más / IA).- La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró dividida durante las deliberaciones del lunes sobre la autoridad de las ciudades para regular los campamentos de personas sin hogar en espacios públicos.
Los jueces liberales expresaron su preocupación por otorgar a las ciudades un poder excesivo para penalizar a las personas sin hogar que duermen en la calle, mientras que los conservadores cuestionaron la idea de otorgar protección constitucional al estatus de falta de vivienda.
La jueza Elena Kagan destacó que dormir es una necesidad biológica y cuestionó si las medidas punitivas equivalían a criminalizar la falta de vivienda.
Por otro lado, el Presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., argumentó que la falta de vivienda no es un estado permanente y que los funcionarios municipales deberían tener la prerrogativa de decidir cómo abordar el problema.
Durante una audiencia que duró más de dos horas se realizó el debate que se centró en si las personas sin hogar deben estar protegidas de las ordenanzas municipales que podrían castigarlas por no tener un lugar donde dormir.
Theane Evangelis, abogada que representa a la ciudad de Grants Pass, Oregon, argumentó que decisiones judiciales previas han exacerbado el problema al declarar inconstitucionales las multas y castigos contra las personas sin hogar que duermen al aire libre.
Aunque no se vislumbró una mayoría clara para revocar completamente las decisiones del Noveno Circuito, algunos jueces parecieron inclinarse por un enfoque más equilibrado que permitiría a las ciudades regular, pero no prohibir completamente, el dormir y acampar en la ciudad.
El Procurador Adjunto de los Estados Unidos, General Edwin Kneedler, sugirió que las ciudades deberían tener la flexibilidad para imponer restricciones razonables sobre dónde pueden dormir las personas sin hogar. Este enfoque es seguido por muchas ciudades de California y ha sido respaldado por el gobernador Gavin Newsom.
Los jueces Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett podrían tener los votos decisivos y ambos expresaron dudas sobre las leyes que penalizan a las personas sin hogar por dormir al aire libre. Kavanaugh cuestionó la eficacia de estas leyes y Barrett se mostró escéptica sobre la intervención de los jueces federales en la gestión municipal de la falta de vivienda.
El caso Grants Pass vs. Johnson sigue pendiente de resolución y podría tener implicaciones significativas para la regulación de la falta de vivienda en las ciudades del oeste de Estados Unidos.
El caso, iniciado en octubre de 2018 por tres personas sin hogar de Grants Pass, cuestiona la legalidad de las ordenanzas municipales que sancionan el acto de dormir y acampar en espacios públicos, alegando que dichas prácticas son inconstitucionales.
En un esfuerzo por desafiar la constitucionalidad de las leyes que penalizan a las personas sin hogar por dormir en lugares públicos, los demandantes han recurrido a la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe las multas excesivas y los castigos crueles e inusuales. Se apoyan también en un precedente de la Corte Suprema de 1962, que determinó que la adicción a los narcóticos no constituye un delito.
Los demandantes argumentan que la falta de vivienda, al igual que la adicción, es un estado que no debe ser objeto de castigo.
Los defensores de los derechos de las personas sin hogar sostienen que es inconstitucional penalizar a aquellos que se ven forzados a vivir en las calles debido a la falta de disponibilidad de refugios. Argumentan que, sin proporcionar alternativas de alojamiento, la ciudad no debería imponer sanciones a quienes no tienen otra opción más que dormir al aire libre.
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