Washington, 01/07/2024 (Más / IA).- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada, en una decisión de 6-3, que las ciudades de California y otros estados pueden hacer cumplir las leyes que prohíben los campamentos de personas sin hogar en aceras y otras propiedades públicas.
Este fallo revoca una decisión anterior de la Corte del Noveno Circuito en San Francisco, que consideraba inconstitucional estas prohibiciones bajo la Octava Enmienda.
El juez Neil M. Gorsuch, escribiendo para la mayoría, argumentó que la Octava Enmienda no otorga a los jueces federales la autoridad principal para abordar las causas de la falta de vivienda ni para diseñar políticas públicas al respecto.
“La falta de vivienda es compleja”, escribió Gorsuch, añadiendo que la responsabilidad de formular respuestas recae en el pueblo estadounidense y sus representantes, no en los jueces federales.
La decisión fue apoyada por los otros jueces conservadores, mientras que los tres jueces liberales disintieron.
La jueza Sonia Sotomayor, en desacuerdo, afirmó que dormir es una necesidad biológica, no un crimen y que penalizar a las personas sin hogar por dormir al aire libre cuando no tienen acceso a refugios es “inconcebible e inconstitucional”.
El fallo representa una victoria significativa para los funcionarios municipales, quienes habían argumentado que las decisiones anteriores del Noveno Circuito contribuían al aumento de campamentos de tiendas de campaña en ciudades como Los Ángeles.
La decisión de la semana pasada no obliga a las ciudades o a la policía a tomar medidas coercitivas, pero les permite hacerlo si lo consideran necesario.
El gobernador de California, Gavin Newsom, elogió el fallo, señalando que otorga a los funcionarios locales la autoridad para implementar políticas que despejen los campamentos inseguros de las calles.
Theane Evangelis, abogada de Los Ángeles que representó a la ciudad de Oregón que apeló, también celebró la decisión, destacando que brinda un alivio urgente a las comunidades que luchan con campamentos peligrosos.
Ann Oliva, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda, condenó la decisión, advirtiendo que sienta un precedente peligroso que podría resultar en daños indebidos a las personas sin hogar y fomentar arrestos y encarcelamientos en lugar de soluciones reales.
Oliva argumentó que se necesitan enfoques sostenibles y basados en evidencia, como la financiación de viviendas asequibles y servicios de apoyo.
El caso ante la Corte Suprema surgió en Grants Pass, Oregón, una ciudad con una población de 38 mil habitantes y una estimación de entre 50 y 600 personas sin hogar.
Los defensores alegaron que la policía de la ciudad aplicaba multas y amenazas contra las personas sin hogar buscando expulsarlas de la ciudad. Un juez federal falló a favor de los defensores, anulando la ordenanza contra la acampada. Sin embargo, el fallo fue revocado por la Corte Suprema.
Este no es el primer caso sobre personas sin hogar que llega a la Corte Suprema. En 1984, el tribunal falló en contra de un grupo que buscaba permiso para acampar en Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, como parte de una manifestación de concienciación sobre las personas sin hogar.
La Corte Suprema permitió entonces límites razonables sobre el tiempo, lugar y forma de las manifestaciones, manteniendo la prohibición de dormir en el parque.
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