Por Miguel Villarello
El cierre de mineras, como la colapsada el pasado fin de semana en el municipio de Múzquiz, no es atribución del Estado, sino un tema federal que tiene que ver con la falta de una adecuada supervisión de la autoridad responsable, afirmó el diputado Ricardo López Campos.
No obstante, el coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, dio a conocer que, serán enviados a la Federación dos exhortos encaminados a que la Comisión Federal de Electricidad, las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía con el fin de que evalúen, supervisen y vigilen minas de Coahuila y apliquen sanciones en caso de incumplimiento en cuanto a las medidas de seguridad para sus trabajadores.
López Campos explicó que la minería es una actividad catalogada como de alto riesgo en el mundo, “y, a más alto riesgo, se tienen que tomar más precauciones”; por lo que recordó un video que circula en redes sociales sobre la mina Micaran en el ejido Rancherías de Múzquiz, Coahuila, que muestra “el supuesto ojito de agua que fue inundando la mina hasta formar el estancamiento y se hace el socavón, pero este tipo de situaciones ¿cómo se prevén?” cuestionó.
A ello, dijo el legislador: “habría que sumarle las advertencias de lugareños y medios de comunicación sobre el riesgo de inundación de dicha mina y que la compañía no hizo nada”.
Asimismo, recalcó que, ese es un tema meramente federal por ser concesiones de explotación minera, por lo que, durante la sesión legislativa, los diputados expusieron dos puntos de acuerdo para exhortar a la federación a que sus inspectores estén más al pendiente de situaciones de este tipo en la entidad.
Ricardo López Campos comentó sobre la explotación del mineral y las concesiones bajo las que deberían trabajar estas compañías y lo relacionó con un antecedente, cuando se prohibió la minería carbonera relacionada con los pocitos en la zona carbonífera de Coahuila.
“Hace unos años por la vía del Código Municipal algo se pudo lograr y fue cuando el municipio prohibió los pocitos de explotación del carbón, por medio del reglamento de uso de suelo, es decir, el Congreso modificó el Código Municipal y reglamentó el uso de suelo; así obtuvimos el control y fue un buen paso para la seguridad de los mineros”, afirmó.
Finalmente, el diputado concluyó que: “por desgracia, en este caso se trata de concesiones mineras federales que ya estaban trabajando desde antes y no están en el concepto de pocito dentro del Código Municipal, y ahí es donde está atado de manos el Estado y Municipio”.
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