Copian la opacidad

Ciudad de México, 28/07/25 (Más).- Tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 23 estados del país replicaron el nuevo modelo federal al suprimir sus institutos locales de transparencia y transferir sus funciones a organismos adscritos a las contralorías estatales e incluyeron también un incremento en las causales para reservar información, lo que, según especialistas, limita el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

En las entidades que adoptaron esta figura, las responsabilidades en materia de transparencia fueron asumidas por organismos denominados “Transparencia para el Pueblo”, subordinados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal. A diferencia del diseño anterior, estos órganos carecen de autonomía constitucional y responden jerárquicamente al poder ejecutivo local.

De acuerdo con la organización Fundar, este esquema genera suspicacias al concentrar el control de la información en autoridades que podrían ser juez y parte.

Además, estas reformas permiten que los órganos internos de control de los poderes Legislativo, Judicial y de los organismos autónomos sean los encargados de resolver recursos de revisión en lugar de una autoridad central.

Para Gabriel Espinoza, especialista en Transparencia y Datos Personales, esta fragmentación provocará una dispersión de autoridades garantes: “Las autoridades responsables de la transparencia a nivel estatal pasarán de 32 a más de 400 en todas las entidades”, explicó. Señaló también que hay menos incentivos para ejercer el derecho de acceso a la información con este modelo.

Los dictámenes estatales establecen que la persona titular de Transparencia para el Pueblo en cada entidad será designada por el gobernador en turno. En el caso de Chiapas, por ejemplo, se detalló que existirán autoridades diferentes para el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los organismos autónomos. Espinoza advirtió que este modelo incide en la autonomía municipal, pues las contralorías estatales podrán sancionar a las autoridades locales.

Los recursos de revisión contra negativas de acceso a información deberán presentarse ante Transparencia para el Pueblo o la contraloría estatal correspondiente. A diferencia del INAI, que revisaba recursos en todos los niveles, el órgano federal actual sólo atenderá inconformidades relacionadas con recursos públicos federales ejercidos a través de entidades federativas o municipios. Para impugnar resoluciones locales, las personas deberán interponer amparos ante los tribunales designados.

El Consejo de la Judicatura Federal estableció mediante el Acuerdo General 8/2025 que los tribunales especializados en Aguascalientes atenderán los amparos relacionados con transparencia. “Conocerán de los recursos que se interpongan contra las determinaciones dictadas en los juicios de amparo (…) en relación con la materia de acceso a la información pública y protección de datos personales”, señaló el Consejo.

En paralelo, 13 congresos estatales reformaron sus legislaciones para ampliar las causales de reserva de información. Zacatecas aumentó de nueve a doce causales, mientras que Aguascalientes pasó de doce a quince. Estas reformas permiten reservar información que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la paz social, la defensa nacional o los sistemas tecnológicos estratégicos. Aunque algunos expertos han advertido que la causal de “paz social” es ambigua y puede aplicarse de forma discrecional.

En el caso de Puebla, el Congreso local justificó que puede reservarse información que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Tamaulipas, Chiapas y Tabasco incluyeron causales similares, así como restricciones sobre proyectos de seguridad, materiales nucleares y servicios estratégicos.

Además de las reformas al marco normativo, las legislaciones locales contemplan sanciones económicas por incumplimientos a las obligaciones de transparencia. Estas pueden alcanzar hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización (equivalentes a unos 169 mil 710 pesos en 2025). Las multas serán impuestas por las contralorías o los órganos de Transparencia para el Pueblo estatal.

Nueve entidades, entre ellas Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Morelos, continúan debatiendo sus respectivas reformas. En algunos casos se discute la posibilidad de crear organismos desconcentrados o descentralizados. Espinoza señaló que, “jurídicamente es posible tener un organismo autónomo, inclusive colegiado (…) no tienes que copiar el modelo nacional”.

En Baja California, se presentó una iniciativa ciudadana para crear una Procuraduría de Acceso a la Información Pública autónoma del Ejecutivo estatal, sin que hasta ahora haya sido aprobada.

Para Fundar y otros especialistas, el nuevo modelo representa un retroceso en materia de transparencia. Al depender de estructuras del Ejecutivo, se elimina la independencia necesaria para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Con ello, advierten, las nuevas estructuras podrían condicionar el acceso a datos clave sobre el ejercicio del poder público.