Puebla, 16/11/26 (Más).- La expansión de granjas clandestinas de criptomonedas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado se ha extendido a distintas entidades del país, luego de que autoridades federales y estatales desmantelaran instalaciones dedicadas a la minería de activos digitales en Puebla, Sinaloa y Tlaxcala.
De acuerdo con información publicada por El País, uno de los casos más recientes fue detectado en un predio conocido como La Gallera, ubicado en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, donde elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron al menos 100 tarjetas gráficas, 50 equipos de última generación y un transformador eléctrico de uso industrial. Las investigaciones apuntan a que la instalación presuntamente realizaba operaciones de minería de criptomonedas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El descubrimiento ocurrió después de que las autoridades identificaran, mediante el uso de drones, una radiación térmica inusual en el inmueble, característica que llamó la atención de los elementos de seguridad debido al funcionamiento permanente de equipos de cómputo de alta capacidad.
Durante la intervención también se detectó que la instalación estaba conectada de manera irregular a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin contar con medidores para registrar el consumo de energía. En el lugar fue detenida una persona que presuntamente se encargaba de resguardar el predio.
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que existen indicios sobre la posible presencia de otras granjas de criptomonedas en la región, por lo que las autoridades mantienen abiertas líneas de investigación en Tlaola y municipios cercanos.
El funcionario señaló que este aseguramiento representa el segundo desmantelamiento de una instalación de minería digital en menos de tres meses en ese municipio. En septiembre pasado, las corporaciones de seguridad localizaron otro centro clandestino en un sitio identificado como El Beneficio.
En ese inmueble fueron aseguradas 300 computadoras especializadas, 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, infraestructura que evidenció la capacidad operativa de las instalaciones utilizadas para generar activos digitales. Sin embargo, las autoridades poblanas no han proporcionado mayores detalles debido a que las investigaciones continúan en curso.
Los operativos contra este tipo de establecimientos también se han extendido a Sinaloa. En Culiacán, elementos de la Policía Estatal desmantelaron esta semana otro centro clandestino de minería de criptomonedas, donde decomisaron 130 equipos de cómputo, tres transformadores eléctricos y un sistema de videovigilancia.
A estos casos se suman intervenciones realizadas desde el año pasado en Tlaxcala, lo que refleja la presencia de instalaciones de minería digital irregular en diferentes regiones del territorio nacional.
La minería de criptomonedas consiste en utilizar equipos informáticos especializados para validar y registrar transacciones dentro de determinadas redes digitales. En el caso de activos como bitcoin, las computadoras resuelven complejos problemas matemáticos y, como recompensa por ese trabajo, reciben unidades de la propia criptomoneda.
Aunque esta actividad no constituye por sí misma un delito, su operación requiere una infraestructura considerable, debido al elevado consumo eléctrico, el funcionamiento continuo de los equipos y los sistemas de ventilación necesarios para controlar el calor generado por los procesadores.
Las características de estas instalaciones también representan un desafío para las autoridades, debido a que pueden operar las 24 horas del día y generar un consumo energético elevado, además de ruido y temperaturas superiores a las habituales en inmuebles convencionales.
En los casos detectados en Puebla y Sinaloa, las conexiones irregulares a la red eléctrica constituyen uno de los principales elementos que apuntan a la comisión de actividades ilícitas. Las investigaciones buscan establecer quiénes financiaban y administraban los centros, así como determinar el destino de los activos digitales generados.
Un operador del sector de las criptomonedas, citado por el medio bajo condición de anonimato, explicó que la instalación de una granja de minería implica una inversión inicial considerable, principalmente por la adquisición de equipos especializados, cuyo costo puede alcanzar los 20 mil dólares.
El mismo especialista indicó que los ingresos derivados de la minería no son fijos, debido a que dependen de las recompensas obtenidas durante el procesamiento de las transacciones. Por esa razón, las ganancias pueden variar y requieren una operación constante para mantener la rentabilidad de los centros.
El operador también advirtió que, después de asegurar los equipos utilizados en estos establecimientos, las autoridades deben investigar las carteras digitales relacionadas con las operaciones, debido a que esa información puede contribuir a identificar posibles movimientos de recursos de procedencia ilícita.
Explicó que el aseguramiento de la infraestructura no necesariamente implica la recuperación de las ganancias obtenidas anteriormente, por lo que resulta necesario rastrear los activos digitales y establecer si fueron utilizados para ocultar o transferir recursos financieros.
Por su parte, Luisa María Acosta, especialista en delitos financieros, señaló que las organizaciones criminales no están abandonando los mecanismos tradicionales de lavado de dinero, sino que están incorporando los criptoactivos a sus esquemas de operación.
Entre los factores que pueden favorecer su utilización mencionó el seudonimato que ofrecen algunas operaciones mediante códigos digitales y la rapidez con la que pueden realizarse las transferencias, características que pueden complicar las labores de identificación y seguimiento por parte de las autoridades.
La especialista también advirtió que las diferencias en los marcos regulatorios entre países representan un desafío para combatir posibles operaciones ilícitas relacionadas con criptomonedas, debido a que no todas las jurisdicciones cuentan con disposiciones específicas para supervisar este tipo de actividades.
Los casos registrados en Puebla, Sinaloa y Tlaxcala mantienen abiertas interrogantes sobre el alcance de las operaciones de minería digital vinculadas presuntamente con grupos criminales, así como sobre la identificación de los beneficiarios de los activos generados y su posible utilización en esquemas de lavado de dinero.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
