Contrató Congreso de forma irregular al 30% del personal

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en 37 de 128 empleados revisados del Legislativo. Mantienen pendientes de justificar 17.1 millones de pesos en pagos

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila, 07/08/26 (Más).- Casi el 30 por ciento de los empleados del Congreso de Coahuila revisados por la Auditoría Superior de la Federación ocupaban cargos sin acreditar plenamente los requisitos exigidos o en condiciones irregulares que cuestionan la validez de su contratación, según un pliego de observaciones que el Poder Legislativo coahuilense aún no ha logrado solventar, mientras mantiene en sus puestos a varios de los funcionarios involucrados.

La proporción corresponde a 37 de los 128 trabajadores cuya nómina de 2024 fue seleccionada para revisión por la ASF, es decir, el 28.9 por ciento de la muestra.

La auditoría no comprendió a toda la plantilla del Congreso ni significa que los 37 hayan sido contratados precisamente durante ese año, pero sí encontró que los pagos realizados a ese grupo no pudieron ser suficientemente acreditados conforme a los perfiles, nombramientos y requisitos laborales aplicables.

El resultado derivó en el Pliego de Observaciones 2024-G-05000-23-0731-06-002, mediante el cual la ASF mantiene por aclarar 17 millones 165 mil 146.96 pesos pagados en servicios personales con recursos federales. El órgano fiscalizador considera que ese monto representa un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública mientras el Congreso no acredite la regularidad de las erogaciones.

El señalamiento forma parte de la Auditoría de Cumplimiento Forense número 731 correspondiente a la Cuenta Pública 2024. Aunque el ejercicio fiscalizado ocurrió hace dos años, el informe fue emitido apenas en 2026 y el proceso de seguimiento permanece abierto. No se localizó hasta ahora una determinación pública posterior de la ASF que declare solventado el pliego por los 17.1 millones de pesos.

La propia Tesorería del Congreso ha reconocido que el procedimiento de fiscalización sigue en trámite y que se ha proporcionado documentación adicional para tratar de aclarar las observaciones.

También ha informado que se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con contrataciones efectuadas sin perfiles o documentación completa, aunque públicamente no se han identificado los servidores públicos sujetos a esos procedimientos ni se conoce su resultado.

La revisión muestra que el problema detectado por la ASF es más amplio que la contratación de profesionistas sin título o cédula. Entre los 37 expedientes aparecen trabajadores que no demostraron la escolaridad requerida, servidores públicos cuyos perfiles de puesto no correspondían con sus nombramientos, personal contratado para puestos de los que el Congreso no presentó un perfil autorizado, un empleado cuyo nombramiento no pudo ser localizado y hasta un cargo que no figuraba dentro del catálogo institucional.

En otros casos, durante la auditoría el Congreso presentó perfiles con requisitos distintos de los documentos proporcionados inicialmente, lo que abrió una interrogante adicional sobre los mecanismos utilizados para determinar qué estudios, experiencia o documentación debía acreditar cada trabajador antes de ocupar el cargo.

Diez casos identificados a partir del cruce de los resultados de la auditoría con información pública permiten dimensionar las diferentes irregularidades, aunque constituyen solamente ejemplos dentro del universo de 37 expedientes observados.

Uno de ellos corresponde al entonces tesorero Javier Lechuga, a quien inicialmente le fueron cuestionados alrededor de 1 millón 685 mil pesos por falta de acreditación profesional. A diferencia de la mayoría de los casos, durante la auditoría el Congreso presentó posteriormente su título y la observación particular quedó solventada, por lo que su caso sirve también para distinguir entre las inconsistencias inicialmente detectadas y aquellas que sobrevivieron al proceso de aclaración.

La situación fue distinta para Mariana Alejandra Sánchez Simental, oficial mayor del Congreso, que durante 2024 recibió aproximadamente 1.68 millones de pesos y posteriormente acreditó haber obtenido su cédula profesional a partir de la segunda quincena de octubre. La documentación permitió justificar los pagos posteriores a esa fecha, pero permanecieron cuestionados aproximadamente 1 millón 185 mil pesos correspondientes al periodo anterior.

Sánchez Simental continúa actualmente como oficial mayor del Congreso de Coahuila, de acuerdo con el directorio oficial del propio Poder Legislativo.

Otro de los expedientes corresponde a Carlos Arturo Valero Reyes, director de Comunicación Social. El Congreso argumentó que para desempeñar ese puesto no resultaba exigible contar con cédula profesional; sin embargo, la ASF no consideró suficiente esa explicación para solventar la observación. Valero Reyes también aparece actualmente al frente de Comunicación Social en el directorio institucional.

Entre los casos revisados también se encuentran Alicia Simental Ríos, vinculada a la Biblioteca del Congreso; Mario Hernández Gaona, director de Vinculación, y Víctor Villegas Verduzco, subdirector de Audio y Video.

En el caso de Villegas Verduzco ocurrió una de las situaciones que mejor ejemplifican las deficiencias administrativas encontradas. El Congreso presentó posteriormente un perfil para el puesto que requería solamente educación básica, aunque durante la revisión había proporcionado otro documento en el que se exigía licenciatura o carrera técnica.

También fue observado Miguel Ángel Nabté Intriago, coordinador de Seguimiento Legislativo, respecto del cual el Congreso presentó un perfil que no correspondía con el nombramiento bajo el que prestaba sus servicios. Nabté cumple ya al menos seis legislaturas en el cargo.

Otro caso es el de Javier Eduardo Varela Villavicencio, quien durante el periodo revisado ocupaba una secretaría técnica de la Junta de Gobierno. El Congreso presentó una constancia de terminación de estudios en Relaciones Industriales, pero no título y cédula profesional, documentos que la ASF consideró necesarios conforme a la clasificación de esa cartera.

Varela Villavicencio permanece actualmente dentro de la estructura superior del Poder Legislativo y aparece en el directorio del Congreso como responsable de la Secretaría Particular de la Junta de Gobierno.

El expediente de Silvia Mónica Garza de la Garza, trabajadora sindicalizada, expuso una irregularidad diferente. Se encontraba registrada como “Analista”, aunque la ASF encontró que esa denominación no existía dentro del catálogo de puestos proporcionado por el Congreso. El Legislativo aseguró posteriormente que el perfil había sido publicado en su portal de transparencia, pero no lo entregó durante la revisión ni pudo ser localizado en ese momento.

Katia Elena Palacio Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Parlamentarias, representa otro tipo de observación. En su caso existían título, cédula y nombramiento; lo que el Congreso no logró acreditar fue la existencia del perfil autorizado del puesto que permitiera comprobar formalmente los requisitos aplicables a su contratación.

Los diez casos muestran que no existe una sola irregularidad común a los 37 trabajadores. Algunos tenían estudios pero carecían de documentación exigida; otros poseían título y cédula, pero no existía el perfil de puesto correspondiente; en otros, el perfil presentado no coincidía con el nombramiento, y en por lo menos un expediente el propio Congreso reconoció que no logró encontrar el nombramiento que amparara la relación laboral.

Los nombres de todos los trabajadores observados no aparecen en el informe público de la ASF. Además de los casos que han podido individualizarse, la auditoría encontró diez trabajadores sindicalizados a quienes se pagaron conjuntamente alrededor de 3 millones 941 mil pesos y que no acreditaron el nivel de escolaridad requerido para los puestos revisados.

También aparecen ocho auxiliares administrativos, con pagos conjuntos cercanos a 1 millón 391 mil pesos, respecto de los cuales no se acreditaron perfiles de puesto que permitieran respaldar sus contrataciones.

Un grupo adicional recibió más de 3.1 millones de pesos sin que el Congreso demostrara los perfiles autorizados correspondientes.

La ASF encontró además el caso de un trabajador que contaba con título, cédula y experiencia suficiente, pero cuyo nombramiento no pudo ser localizado por el propio Congreso. A esa persona se le habían pagado más de 508 mil pesos.

Otro empleado carecía de título, cédula y nombramiento y recibió además pagos después de haber causado baja.

La identidad de buena parte de esos trabajadores permanece fuera del informe público, de manera que hasta ahora no es posible establecer quiénes de los 37 continúan empleados, quién autorizó cada contratación o qué servidores públicos son objeto de los procedimientos de responsabilidad administrativa que el Congreso afirma haber iniciado.