Continúan inflando el salvavidas de Pemex

Se han destinado miles de millones de dólares de recursos públicos para reducir la deuda, pero siguen elevados los pasivos elevados. El respaldo del gobierno compromete las finanzas nacionales

Ciudad de México, 02/09/26 (Más).- El Gobierno federal mantiene abierta la llave de los recursos públicos para sostener a Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya elevada deuda financiera continúa representando una de las principales presiones sobre las finanzas nacionales.

A pesar de las millonarias operaciones autorizadas durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, la petrolera todavía enfrenta dificultades para reducir de manera significativa sus pasivos y mejorar su capacidad operativa, mientras la posibilidad de alcanzar autosuficiencia financiera hacia 2027 luce cada vez más distante.

De acuerdo con información publicada por El País, la administración federal ha autorizado operaciones por alrededor de 25 mil 800 millones de dólares para amortizar deuda de Pemex, además de constituir un fondo por 250 mil millones de pesos, equivalente a unos 14 mil millones de dólares, destinado al financiamiento de proyectos estratégicos. Sin embargo, pese al tamaño del respaldo gubernamental, la deuda financiera de la empresa apenas se ha reducido en aproximadamente 20 mil millones de dólares.

Al cierre de junio de 2026, Pemex reportó obligaciones financieras por 77 mil 500 millones de dólares, cifra que significó una disminución de 9.1 por ciento frente al cierre de 2025. En el segundo trimestre del año la petrolera también consiguió una utilidad neta cercana a mil millones de dólares, favorecida parcialmente por el incremento internacional en los precios del crudo, aunque esos resultados todavía no modifican de fondo la situación financiera de la empresa.

El apoyo a la petrolera vuelve a colocarse en el centro de la discusión a pocos días de que el Gobierno federal presente el Paquete Económico de 2027, previsto para llegar al Congreso el próximo 8 de septiembre. El documento deberá mostrar hasta qué punto las autoridades pretenden mantener las transferencias, aportaciones o mecanismos financieros para respaldar a Pemex en un escenario en el que el margen presupuestario del país también comienza a estrecharse.

La producción tampoco ofrece todavía señales contundentes de recuperación. El bombeo de hidrocarburos permanece en alrededor de 1.7 millones de barriles diarios, mientras que el sistema nacional de refinación procesa cerca de 1.5 millones de barriles cada día, principalmente para abastecer el mercado interno de combustibles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado esas cifras como parte de la política energética de su Gobierno, aunque la generación de mayores ingresos para la empresa continúa condicionada por sus niveles de producción, costos y compromisos financieros.

Durante su rendición de cuentas, la mandataria dedicó una parte limitada de su mensaje a la situación de Pemex y reiteró la defensa de la participación estatal en el sector energético. “Modificamos la Constitución para recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas”, afirmó Sheinbaum, al reivindicar la política de fortalecimiento de las compañías energéticas propiedad del Estado.

La estrategia contempla además incrementar la capacidad de producción de combustibles mediante la conclusión de dos plantas coquizadoras. La instalación de Tula deberá terminarse durante 2026, mientras que la correspondiente a Salina Cruz está programada para el primer semestre de 2027. El Gobierno también pretende destinar mayores recursos a la producción de fertilizantes de Pemex, actividad que durante 2026 registró un incremento de 38 por ciento en comparación con los niveles de 2024.

El problema para la administración federal es que cada nuevo respaldo a Pemex también incrementa la vigilancia sobre las finanzas soberanas. Durante mayo, Moody’s y S&P adoptaron decisiones que deterioraron la percepción crediticia tanto de México como de la petrolera, ante la combinación de mayor endeudamiento, menores ingresos públicos y la necesidad permanente de que el Gobierno intervenga financieramente para evitar un deterioro mayor de la empresa.

La situación resulta particularmente delicada en el caso de Moody’s, debido a que la calificación de la deuda mexicana quedó apenas un nivel por encima del grado especulativo. A la presión interna se suma un escenario internacional caracterizado por mayores rendimientos de los bonos soberanos, circunstancia que encarece el financiamiento para distintos Gobiernos y aumenta el escrutinio sobre países que muestran vulnerabilidades fiscales.

Ese contexto ha provocado que en distintos momentos los bonos mexicanos se negocien en condiciones similares a las que tendría un país sin grado de inversión, comportamiento que también se refleja sobre los títulos de Pemex debido a la estrecha relación entre las finanzas de la empresa y las del Gobierno federal. Los inversionistas observan particularmente el riesgo de que, en algún momento, la Administración tenga que decidir entre continuar respaldando a la petrolera o privilegiar la estabilidad de la calificación soberana.

Luis Gonzali, director de Inversiones de Franklin Templeton, resumió esa preocupación al señalar: “A lo que le tiene miedo el inversionista global, y el inversionista en Pemex, es si llegamos a esa encrucijada en donde tenemos que decidir si retirar el apoyo a Pemex para salvar la calificación crediticia del país. Y, eventualmente, eso sí puede suceder”. Añadió que, desde la perspectiva del mercado, ese escenario no parece remoto debido a que “El presupuesto está cada vez más apretado”.

Las cifras de las finanzas públicas refuerzan esas inquietudes. Durante el primer semestre de 2026, el déficit presupuestario llegó a 578 mil 900 millones de pesos, monto 19.5 por ciento superior al observado en el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, el gasto neto aumentó 2.1 por ciento, mientras los ingresos prácticamente permanecieron estancados, con un crecimiento de apenas 0.1 por ciento, afectados por una menor recaudación tributaria y por el crecimiento moderado de la economía.

En ese escenario, Sheinbaum busca combinar tres objetivos que pueden entrar en tensión: mantener los programas sociales, avanzar en la consolidación de las finanzas públicas y sostener financieramente a Pemex. La presidenta reiteró durante su mensaje el compromiso de su Gobierno con una paulatina consolidación fiscal, una señal dirigida también a inversionistas y agencias calificadoras ante las dudas sobre la trayectoria del endeudamiento público.

El Paquete Económico de 2027 será, por tanto, una de las primeras pruebas para conocer cuánto más podrá inflarse el salvavidas financiero de Pemex sin comprometer de manera adicional las cuentas nacionales. Aunque el Gobierno sostiene que el respaldo forma parte de una estrategia para recuperar la capacidad de la empresa estatal, los recursos destinados hasta ahora no han sido suficientes para eliminar las presiones derivadas de su deuda, mientras los límites fiscales para continuar auxiliándola comienzan a hacerse más visibles.