Almoloya de Juárez, Estado de México, 25/09/26 (Más).- Un juez federal concedió prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien podrá abandonar el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, para continuar desde su domicilio en Ensenada el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles.
De acuerdo con información publicada este viernes por Reforma, La Jornada y Latinus, la modificación de la medida cautelar fue determinada durante una audiencia celebrada en el Estado de México, luego de que la defensa del exmandatario solicitara que pudiera permanecer en su domicilio debido a su edad y condiciones de salud. La resolución no implica la terminación del proceso penal ni modifica las acusaciones formuladas en su contra.
Ruffo Appel, de 74 años, permanecía recluido en El Altiplano desde julio pasado.
Antes de la audiencia, sus abogados habían informado que presentarían un estudio integral sobre su estado de salud como elemento adicional para sustentar la petición de modificar la prisión preventiva y permitir que continuara el procedimiento fuera del centro penitenciario.
La determinación judicial establece que el exgobernador deberá permanecer bajo prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California. De acuerdo con los reportes publicados este viernes, la autoridad judicial dio un plazo de hasta 48 horas para realizar las acciones necesarias relacionadas con su traslado desde el penal federal.
La resolución se produce después de varios días de controversia respecto de la situación jurídica de Ruffo. El 21 de septiembre, una jueza federal le había concedido una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 889/2026 contra la resolución que originalmente negó que cumpliera la prisión preventiva en su domicilio. Sin embargo, aquel fallo no significaba automáticamente que pudiera abandonar El Altiplano, por lo que fue necesaria una nueva audiencia para revisar específicamente su medida cautelar.
El exmandatario fue detenido el 16 de julio en Ensenada como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos. La FGR informó entonces que obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de las investigaciones sobre operaciones atribuidas a la empresa Ingemar.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Ruffo Appel está relacionado con Ingemar, empresa señalada como parte de un esquema mediante el cual combustible procedente de Estados Unidos habría ingresado ilegalmente a México utilizando ferrocarriles. Las autoridades sostienen que algunos cargamentos eran declarados como productos sujetos a una carga fiscal diferente o reportaban cantidades considerablemente menores a las realmente transportadas.
La FGR ha señalado a Ruffo como uno de los presuntos dirigentes de la organización investigada y sostiene que, debido a su participación accionaria en Ingemar, habría obtenido beneficios económicos relacionados con las operaciones bajo investigación.
El exgobernador ha rechazado su responsabilidad en actividades ilícitas y ha sostenido que desconocía las presuntas irregularidades cometidas dentro de la operación empresarial. Otros implicados en el mismo expediente ya habían conseguido modificaciones similares de sus medidas cautelares. Antes de la audiencia de Ruffo, tres de sus coacusados —Juan Hermilo Chávez y los hermanos José María y Guillermo de la Peña Rosales— habían obtenido el beneficio de permanecer en prisión domiciliaria, de acuerdo con información judicial publicada esta semana.
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