Guanajuato, Guanajuato, 15/12/25 (Más).- A ocho años de su creación, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato opera con presupuesto limitado, personal escaso y sin una perspectiva de género adecuada, lo que ha generado una respuesta ineficaz ante las agresiones y amenazas que enfrentan mujeres periodistas y defensoras, muchas de ellas madres, cuidadoras o sostén único de sus hogares.
Las medidas otorgadas han sido insuficientes, intermitentes y en ocasiones inexistentes, lo que ha dejado expuestas a las víctimas pese a estar amparadas por una ley creada específicamente para su resguardo.
De acuerdo con un reportaje de Animal Político, a pesar de la narrativa oficial de respaldo a la libertad de expresión y a la defensa de derechos humanos, la operatividad del Consejo contrasta con los discursos institucionales.
Testimonios de periodistas como María, de San Miguel de Allende, o buscadoras como Patricia Barrón y Concepción Sierra, reflejan la precariedad de un mecanismo que debería salvaguardar sus vidas. En varios de estos casos, las víctimas han tenido que eliminar redes sociales, desplazarse de sus hogares o incluso salir del país sin apoyo institucional efectivo.
Creado en 2017 por decreto, el Consejo comenzó a operar hasta abril de 2019. Desde entonces ha enfrentado serias deficiencias estructurales: entre 2019 y 2024 sólo se le asignaron poco más de 12 millones de pesos, de los cuales casi la mitad fueron etiquetados para ayudas sociales. Sin embargo, informes oficiales indican subejercicios anuales, falta de transparencia y un uso discrecional de recursos, donde ni las víctimas ni los apoyos otorgados han sido claramente identificados. En lugar de destinar el presupuesto a proteger a quienes enfrentan riesgo, los fondos se han utilizado para consultorías, estudios diagnósticos no actualizados y eventos públicos.
En el periodo 2019-2025, se han registrado 98 programas de protección para mujeres periodistas y defensoras, en un contexto donde 10 de ellas han sido asesinadas desde 2015, y dos más permanecen desaparecidas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado violaciones por parte del Gobierno del Estado y del Mecanismo Federal por omisiones graves, falta de diligencia y una deficiente coordinación.
En 2024, Alejandro Martínez ‘El Llanerito’, periodista de Celaya, fue asesinado pese a estar incorporado al mecanismo federal. Su pareja, también periodista, denunció que tras el crimen, quedó desprotegida y sin seguimiento por parte de las instituciones.
Casos como el de Blanca Patricia Torres, que busca a tres familiares desaparecidos, o el de Angélica Zamudio en Salvatierra, dan cuenta de cómo el Consejo no ha podido dar respuesta ante amenazas, desplazamientos forzados y agresiones.
El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, advirtió que los mecanismos de protección estatales y federales carecen de una verdadera perspectiva de género. Las medidas otorgadas, dice, no atienden los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras y periodistas, y tampoco contemplan acompañamiento integral a sus hijos, rutas de movilidad segura o protección digital ante amenazas en línea.
A lo largo de su historia, el Consejo Estatal ha sido dirigido por personal con baja especialización en derechos humanos. La mayoría de sus integrantes han ocupado cargos previos en áreas administrativas o fiscales, sin experiencia en el acompañamiento de víctimas o en contextos de violencia estructural.
Los municipios con mayor número de medidas otorgadas son Celaya, León e Irapuato. Sin embargo, las cifras no reflejan mejoras sustanciales: los testimonios y datos recabados evidencian que el acompañamiento estatal es limitado, mientras el mecanismo federal tampoco ha logrado coordinar una respuesta eficaz.
A pesar de la gravedad de los casos, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de los Derechos Humanos –instancias clave dentro del Consejo– acumulan ausencias sistemáticas en las sesiones ordinarias y extraordinarias, sin consecuencias institucionales. En Guanajuato, ejercer el periodismo o defender derechos humanos se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Las mujeres que lo hacen enfrentan no sólo a la violencia del crimen organizado o del poder político, sino también al abandono de las instituciones que deberían protegerlas.
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