Con “cariño”: Daniel

Por Dujav Teduar

En julio de 2020, Daniel Anderl, de 20 años, hijo de la jueza federal Esther Salas del Distrito de Nueva Jersey, Estados Unidos, fue asesinado en su casa por un abogado descontento que se hizo pasar por repartidor.

Este trágico evento marcó un punto de inflexión en la percepción de la seguridad de los jueces en Estados Unidos. Desde entonces, Salas ha liderado esfuerzos para mejorar la protección de los magistrados.

La administración Trump ha mostrado intenciones de desafiar la independencia judicial, pero se enfrenta a barreras legales y prácticas.

La administración ha argumentado que tiene autoridad para despedir a ciertos funcionarios federales, incluidos algunos jueces administrativos (que no son lo mismo que jueces federales que tienen autonomía del gobierno federal), como la ha hecho con 20 jueces administrativos de migración afectando a 3.7 millones de casos migratorios.

En EU, los jueces federales (incluidos los de la Corte Suprema, tribunales de apelaciones y tribunales de distrito) son protegidos por la Constitución bajo el Artículo III, que les da autonomía del gobierno. Este artículo establece que los jueces federales:

Tienen cargos de por vida: Los jueces ocupan sus puestos “durante buen comportamiento” (during good behaviour), lo que significa que no pueden ser despedidos arbitrariamente y suelen permanecer en el cargo hasta que renuncian, se jubilan o mueren, a menos que cometan una falta grave.

Solo pueden ser destituidos por impeachment: La única forma de remover a un juez federal es mediante un proceso de impeachment en el Congreso, que requiere una acusación formal en la Cámara de Representantes (por mayoría simple).

Además de un juicio y condena en el Senado por una mayoría de dos tercios, por “delitos graves y faltas” (high crimes and misdemeanors), como traición, soborno o abuso de poder.

Esta estructura asegura la independencia judicial, evitando que el poder ejecutivo (el presidente) o el legislativo (el Congreso) destituyan jueces por desacuerdos políticos o fallos contrarios a sus agendas.

Por ejemplo, aunque la administración Trump ha expresado frustración con jueces que bloquean sus políticas (como en temas migratorios o recortes presupuestarios), no puede despedirlos directamente porque violaría la separación de poderes, un principio fundamental de la democracia estadounidense.

Despedir jueces federales sin un proceso de impeachment sería inconstitucional y probablemente desencadenaría una crisis constitucional. La Corte Suprema y los tribunales inferiores han reafirmado su autoridad para revisar acciones ejecutivas, como se vio en casos donde jueces bloquearon políticas migratorias de Trump en 2025.

Los incidentes coinciden con un aumento de la retórica hostil contra el poder judicial, especialmente desde la administración Trump. El expresidente y sus aliados han criticado públicamente a jueces, calificándolos de “enfermos” o “peligrosos”, y algunos legisladores han promovido resoluciones de destitución contra magistrados que fallaron en contra de Trump.

A pesar del clima de hostilidad algunos jueces han realizado verdaderos actos “heroicos” al tomar decisiones que van contra la linea de la administración de Trump:

Jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong (Distrito Central de California) el 11 de julio de 2025 emitió una orden que detuvo las redadas migratorias masivas en siete condados del sur de California, incluyendo Los Ángeles, por violar derechos constitucionales debido a detenciones basadas en perfiles raciales y sin órdenes judiciales.

Su fallo no solo frenó las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sino que también exigió que los detenidos tuvieran acceso inmediato a abogados, abordando directamente las tácticas agresivas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)..

Jueza Allison D. Burroughs (Distrito de Massachusetts) en las últimas semanas, Burroughs dictaminó contra una medida de la administración Trump que buscaba restringir la inscripción de estudiantes internacionales en universidades como Harvard, basándose en políticas migratorias discriminatorias.

Jueza Yvonne González Rogers (Distrito Norte de California), a principios de agosto emitió una orden preliminar que bloqueó una política de la administración Trump para limitar el acceso a programas de asilo en la frontera sur, argumentando que violaba leyes internacionales y nacionales de protección a refugiados.

Su decisión se tomó en un momento de alta tensión, con el gobierno federal intensificando operativos antiinmigrantes y con jueces enfrentando críticas públicas por parte de figuras políticas.

La jueza también ordenó la liberación de varios solicitantes de asilo detenidos arbitrariamente en centros de detención, mostrando la disposición de los jueces a actuar conforme a la ley incluso bajo presión.

Jueza Robin Rosenberg (Florida), Juez Paul Engelmayer (Nueva York), respectivamente en julio y agosto los jueces bloquearon solicitudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para desclasificar transcripciones de los grandes jurados en los casos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El término “heroico” puede aplicarse a estos jueces por su disposición a tomar decisiones que desafían poderosos intereses políticos, a menudo a riesgo personal, destacando su capacidad para mantener la imparcialidad, el estado de derecho a pesar de intimidación y violencial.