Ciudad de México, 15/01/2025 (Más / IA).- De cara a los inéditos comicios judiciales del próximo 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene una alerta de inseguridad en 14,000 de las casi 72,000 secciones electorales del país, equivalente al 19% del total.
Estas áreas, consideradas de “alta inseguridad pública”, ya habían sido identificadas en las elecciones presidenciales de 2024 y se mantendrán bajo vigilancia debido a la falta de tiempo para un nuevo análisis detallado.
La organización de esta elección, en la que por primera vez se elegirán jueces, magistrados y ministros, se realiza contrarreloj y con un presupuesto reducido. El INE solicitó al Congreso 13,000 millones de pesos para este proceso, pero solo recibió 6,000 millones, lo que ha obligado a ajustes significativos. Entre las medidas, se destaca la reducción del número de mesas directivas de casilla, que pasarán de 172,000 a unas 73,000, y la disminución de 30,000 capacitadores y asistentes electorales respecto a la elección federal pasada.
Desde mayo de 2024, el INE clasificó 34,000 secciones como Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED), que representan el 49% del total. De estas, 14,000 secciones fueron etiquetadas específicamente por problemas de alta inseguridad pública, que incluyen la presencia de personas armadas y actividades delictivas. Estas áreas seguirán siendo tratadas con estrategias diferenciadas para garantizar la seguridad de los funcionarios y la instalación de casillas.
Además, las rutas de visita para los capacitadores y asistentes electorales han sido modificadas para evitar riesgos. Esta estrategia, aplicada en la elección presidencial, incluyó cambios en el 30% de las rutas debido a factores como dispersión poblacional, nomenclaturas irregulares y situaciones de inseguridad.
El INE ha dejado abierta la posibilidad de identificar nuevas áreas de riesgo durante los recorridos de campo de sus funcionarios, previstos del 9 de febrero al 31 de marzo. El organismo deberá definir antes del 30 de enero todas las zonas que requerirán trato especial o ajustes para la instalación de las mesas directivas de casilla.
La clasificación de estas zonas se realiza con base en los reportes de los Consejos Distritales del INE, que recaban información en el terreno para detectar riesgos relacionados con migración, conflictos sociales, religiosos o geográficos, además de la apatía ciudadana para integrar las mesas directivas de casilla.
El objetivo es proteger a los capacitadores y garantizar que los comicios se desarrollen en condiciones seguras. Sin embargo, el panorama refleja la complejidad de realizar elecciones en un contexto marcado por la violencia y la insuficiencia de recursos.
La elección judicial del 1 de junio es considerada histórica por su naturaleza, pero enfrenta grandes desafíos logísticos, presupuestales y de seguridad. El INE trabaja contra el reloj para garantizar que los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro, mientras se prepara para responder a los imprevistos que puedan surgir en las semanas previas a los comicios.
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