Severo Recio
Saltillo, Coahuila, 18 de noviembre. El gobierno Estatal compró por adjudicación directa a la empresa china Dahua Technology las cámaras de la red estatal de videovigilancia que presentó en 2019. Para entonces, cuando se pidió conocer cómo se gastó el dinero, la Secretaría de Finanzas reservó el contrato, los cheques y las facturas, según documentó Quinto Elemento Lab. Siete años después, Coahuila anunció la incorporación de más de mil cámaras inteligentes y en los registros consultados para esta nota sigue sin aparecer una versión pública del contrato original.
El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó el 17 de noviembre un paquete de seguridad de 772 millones de pesos que incluye las nuevas cámaras, 171 patrullas y otros vehículos, armamento y equipo táctico. También anunció dos centros regionales de monitoreo del C4I, en Frontera y Piedras Negras. El anuncio, sin embargo, dejó sin precisar cuánto costarán las cámaras, quién las suministrará y cuántas sustituirán a equipos de la compra anterior.
En su edición de hoy, 18 de noviembre, el periódico Excélsior cita la compra y la reserva del contrato de Coahuila como ejemplo de por qué la futura ley de inteligencia artificial también debe obligar al gobierno a transparentar los sistemas que utiliza.
En su columna ¿Qué ley de IA necesita México?, José Ramón López-Portillo Romano plantea que sería contradictorio exigir transparencia a las empresas privadas mientras las dependencias públicas usan algoritmos que la ciudadanía no puede examinar ni cuestionar.
A partir de casos como el de Coahuila, propone un inventario público de los sistemas de IA del gobierno, evaluaciones de impacto antes de poner en marcha aplicaciones de alto riesgo, mecanismos de reclamación y responsabilidades claras. También contempla excepciones justificadas por seguridad y privacidad.
En enero de 2019, el entonces gobernador, Miguel Ángel Riquelme, dijo a mediosque analizaba licitar la compra y que, por tratarse de seguridad, podía optar por una asignación directa. Esa fue la vía que siguió su gobierno, de acuerdo con la investigación de los periodistas Federico Pérez Villoro y Paloma Robles, de Quintoi E,lemento Lab. La ley estatal de adquisiciones exigía un dictamen firmado para justificar la excepción a la licitación pública. Ese documento tampoco se localizó en los registros consultados.
El proyecto integral se anunció en 600 millones de pesos. En su Segundo Informe de Gobierno, Riquelme reportó una asignación de 330 millones para la primera etapa. Finanzas informó después, según el reportaje, que se habían erogado 273 millones para instalar el sistema en La Laguna y 285.7 millones en la región Sureste. Las cifras muestran cuánto se destinó a distintos componentes del proyecto. El importe exacto que recibió Dahua sigue sin poder verificarse con los documentos públicos localizados.
La reserva de dicho contrato se impugnó ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en los expedientes 286/2020 y 311/2020. Un estudio publicado por el órgano de transparencia de Jalisco, que recoge ambas resoluciones, señala que el ICAI determinó que la información sobre el ejercicio de recursos públicos carecía de justificación para quedar reservada.
Para restringir los detalles técnicos, Finanzas debía explicar qué daño causaría divulgar cada dato. No se localizó constancia de que la dependencia hubiera entregado una versión pública del contrato tras esas resoluciones.
El informe de Riquelme ubicó 1,281 cámaras en 370 puntos de Arteaga, Francisco I. Madero, Frontera, Matamoros, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro y Torreón.
Quinto Elemento Lab documentó que alrededor de un tercio podía detectar rostros. Las demás se usaban para leer placas o para videovigilancia convencional. El gobierno estatal reportó que la red seguía en operación en 2025.
Los informes consultados no precisan cuántas cámaras del lote de 2019 siguen activas, qué vida útil se les calculó ni cuántas se dieron de baja.
El gasto posterior también tuvo observaciones. Al revisar la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación encontró que Finanzas puso requisitos que limitaron la competencia en dos licitaciones ligadas al C4 por 33.9 millones de pesos en conjunto. Una, por casi 20 millones, fue para el mantenimiento de la videovigilancia. La ASF señaló que el proveedor adjudicado fue el único participante en las licitaciones de ese servicio de 2022 a 2024 y pidió al órgano interno de control que investigara posibles responsabilidades administrativas. La observación corresponde a contratos posteriores a la compra de Dahua.
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