Nueva York, 14/10/26 (Más).- Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos” y uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este miércoles ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, donde un juez confirmó que su defensa mantiene negociaciones con la Fiscalía estadounidense para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que podría evitar la celebración de un juicio; sin embargo, no existe todavía un convenio definitivo entre las partes.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la audiencia tuvo una duración de apenas 15 minutos y permitió conocer que continúan las conversaciones entre los abogados del narcotraficante mexicano y las autoridades de Estados Unidos.
Las negociaciones estarían encaminadas a conseguir mejores condiciones de reclusión para Caro Quintero, quien enfrenta diversas acusaciones relacionadas con narcotráfico y el asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena.
Durante la comparecencia se estableció que la próxima audiencia se celebrará el 20 de noviembre de 2026, cuando podrían conocerse nuevos avances de las conversaciones.
La Fiscalía estadounidense también amplió el periodo correspondiente a uno de los delitos imputados al acusado, por lo que el procedimiento judicial continuará mientras las partes exploran una posible salida negociada.
El inicio del juicio contra Caro Quintero está programado para el 8 de marzo de 2027, aunque un eventual acuerdo de culpabilidad podría modificar el desarrollo del proceso. Desde marzo pasado, su abogada Elizabeth Macedonio había señalado que buscaban una resolución que permitiera evitar el juicio, versión que entonces fue negada por las autoridades estadounidenses.
La posibilidad de alcanzar un acuerdo representa un cambio respecto de la postura inicial del gobierno estadounidense, que desde la llegada del acusado a su territorio, en febrero de 2025, manifestó su intención de buscar la pena máxima por los delitos relacionados con el secuestro, tortura y asesinato de Camarena, ocurrido en 1985.
Caro Quintero fue trasladado a Estados Unidos como parte de un grupo de 29 narcotraficantes entregados por las autoridades mexicanas. A su llegada, agentes estadounidenses le colocaron las esposas que habían pertenecido a Camarena, en un acto con el que simbolizaron la búsqueda de justicia por el asesinato del agente federal.
Además de los cargos relacionados con la muerte de Camarena, el exlíder del Cártel de Guadalajara enfrenta acusaciones por tráfico de drogas, narcotráfico y delitos vinculados con el uso de armas de fuego. Desde su primera comparecencia ante la justicia estadounidense se declaró no culpable de los señalamientos formulados en su contra.
Aunque algunos de los delitos atribuidos a Caro Quintero contemplan la pena de muerte como castigo máximo, en agosto de 2025 el fiscal Joseph Nocella Jr. anunció que Estados Unidos había desistido de solicitar esa sanción. La determinación respondió a los compromisos asumidos con México para concretar la entrega de diversos grupos de narcotraficantes, bajo la condición de que no fueran sometidos a la pena capital.
Mientras avanzan las negociaciones, el Departamento de Justicia estadounidense también ha solicitado medidas especiales de seguridad para el eventual juicio, entre ellas se encuentra la integración de un jurado anónimo y parcialmente aislado, con el propósito de proteger a sus integrantes frente a posibles actos de intimidación o represalias.
La petición fue presentada ante el juez federal Frederick Block y contempla restricciones destinadas a preservar la identidad de los miembros del jurado. Las autoridades argumentaron que la relevancia criminal atribuida a Caro Quintero y la amplia cobertura mediática del proceso podrían afectar la seguridad de quienes participen en el juicio y comprometer su imparcialidad.
La Fiscalía también busca establecer mecanismos de protección para determinadas pruebas y documentos considerados sensibles por motivos de seguridad nacional. Para ello pretende recurrir a la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada, conocida como CIPA, que permite establecer condiciones especiales para utilizar información reservada durante los procesos penales.
Mediante ese procedimiento, algunos fragmentos de documentos podrían mantenerse bajo reserva y sustituirse por resúmenes o declaraciones de hechos, con el objetivo de impedir la divulgación de información clasificada sin afectar el desarrollo de las actuaciones judiciales.
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