Ciudad de México, 25/06/26 (Más).- El comité de especialistas convocado por el gobierno federal para evaluar la viabilidad de la extracción de gas natural no convencional mediante fracturamiento hidráulico en México cuenta con una mayoría de integrantes que han manifestado posiciones favorables a esta técnica, de acuerdo con un análisis de la integración del grupo asesor.
De acuerdo con información publicada por El País, el comité está conformado por 47 especialistas y académicos, de los cuales al menos 17 han expresado públicamente posturas favorables al uso del fracking o desempeñan cargos relacionados con la exploración y extracción de hidrocarburos, mientras que únicamente siete integrantes han manifestado posiciones críticas hacia esta práctica.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en abril pasado que la decisión sobre una eventual reactivación del fracking no sería tomada directamente por su administración, sino que sería evaluada por un grupo de científicos y expertos encargado de analizar las condiciones técnicas, ambientales y económicas para la explotación de gas no convencional en territorio nacional.
Según el listado de integrantes al que tuvo acceso el medio español, el grupo trabaja bajo acuerdos de confidencialidad y se encuentra avanzado en la elaboración de recomendaciones que podrían ser presentadas a la mandataria en los próximos días.
Entre los perfiles identificados como favorables al fracturamiento hidráulico se encuentran funcionarios y especialistas vinculados al sector energético.
Destacan Luis Fernando Camacho Ortegón, quien ha señalado que la tecnología actual ofrece niveles estables de seguridad para esta práctica; Ulises Hernández, subdirector de Exploración y Extracción de Petróleos Mexicanos; Alma América Porres, expresidenta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Jorge Arévalo, director general de Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

También forman parte del comité especialistas en geomecánica, perforación de pozos, manejo de agua y explotación de recursos no convencionales, áreas consideradas fundamentales para el desarrollo de proyectos de gas y petróleo de lutitas.
El comité se encuentra dividido en cuatro grupos de trabajo. El primero analiza impactos sociales, económicos, ambientales y de salud; el segundo se enfoca en aspectos de ingeniería y exploración; el tercero estudia el uso y disponibilidad de agua; y el cuarto aborda temas de planeación económica, normatividad y reducción de la dependencia energética del exterior.
Entre los académicos que han expresado objeciones al fracking figuran investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Veracruzana, quienes han señalado riesgos asociados al uso intensivo de agua, la contaminación ambiental y los efectos sobre los ecosistemas.
Además de los especialistas claramente identificados a favor o en contra de la técnica, el comité incluye a funcionarios de diversas dependencias federales y a académicos cuya postura pública sobre el tema no ha sido determinada.
El fracturamiento hidráulico consiste en la inyección de grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos a alta presión para fracturar formaciones rocosas subterráneas y liberar hidrocarburos atrapados en ellas.
La técnica ha sido utilizada durante años en diversos países para incrementar la producción de gas y petróleo no convencional.
Como antecedente del debate sobre el fracking en México, un informe elaborado por CartoCrítica y la Alianza Mexicana contra el Fracking, difundido por Forbes México en 2023, advirtió que esta técnica representaba un riesgo potencial para al menos 38 mil 338 productores vinculados al programa Sembrando Vida, así como para diversas actividades agrícolas.
El estudio estimó que los efectos de la fractura hidráulica podrían afectar cultivos como vainilla, cítricos, sorgo, maracuyá, mandarina y litchi, principalmente en estados como Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

El reporte señaló además que hasta 2019 existían 7 mil 840 pozos fracturados en México, distribuidos en 68 municipios de siete entidades federativas, con un acumulado de 35 mil 979 fracturas hidráulicas.
Las organizaciones participantes estimaron que los daños potenciales asociados a esta actividad podrían superar los 20 mil 657 millones de pesos y advirtieron sobre posibles riesgos de contaminación de aguas subterráneas por metales pesados y compuestos químicos utilizados en los procesos de extracción, además de cuestionar la falta de avances legislativos para prohibir esta práctica en el país.
A nivel internacional, naciones como Estados Unidos, Canadá, China y Argentina han desarrollado proyectos comerciales de extracción mediante fracking.
En varios casos, la técnica ha contribuido a elevar la producción energética, reducir la dependencia de importaciones y generar inversiones en regiones productoras.
Sin embargo, la experiencia internacional también ha estado acompañada de debates sobre sus impactos ambientales y sociales.
Organizaciones civiles, comunidades locales y especialistas han advertido sobre riesgos relacionados con la contaminación de acuíferos, el elevado consumo de agua, afectaciones a la salud pública y conflictos territoriales en zonas de explotación.
En Argentina, por ejemplo, el desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta impulsó la producción energética y la generación de divisas, pero también derivó en controversias por impactos ambientales y conflictos con comunidades locales.

Situaciones similares se han documentado en regiones productoras de Estados Unidos y Canadá.
La discusión sobre el uso del fracking en México representa un cambio relevante respecto a la política energética impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien mantuvo una postura de rechazo hacia esta técnica.
Incluso, la propia Claudia Sheinbaum había señalado en diciembre de 2024 que su administración no recurriría al fracturamiento hidráulico.
Ahora, el análisis técnico y científico elaborado por el comité será uno de los elementos que el gobierno federal tomará en cuenta para definir el futuro de la explotación de gas natural no convencional en el país, en un contexto marcado por la búsqueda de mayor seguridad energética y la reducción de la dependencia de las importaciones de gas.
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