Comisión de Derechos Humanos; cuatro años arrastrando pendientes de peso

Por Miguel Villarello

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Sin Consejo Consultivo que debería componerse por, al menos, 10 miembros de la ciudadanía, con sólo 79 recomendaciones emitidas el año pasado y ahora con personal afectado de Coronavirus, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) sigue en una especie de modorra de espera a que el Congreso local reciba una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos para reactivarse y continuar sus trabajos de visitaduría y emisión de recomendaciones.

A ello se suman tres casos que, entre otros destacan, esta Comisión afirma están en investigación y no ha dado respuesta a través de recomendación, son el de un elemento de seguridad pública que fue discriminado por sus preferencias en su destacamento en Paredón, Ramos Arizpe.

Los otros dos, el de un maestro pensionado que se manifestaba con un grupo de compañeros en la Plaza de Armas de Saltillo y que en un desalojo terminó encarcelado por presuntamente amenazar con hacer estallar petardos contra edificios institucionales públicos, y otro más reciente fue la agresión que sufrió un periodista por parte de varios elementos de una corporación estatal al momento de desarrollar su labor informativa.

De las tres la CDHEC no ha emitido recomendación a pesar de que la primera sucedió en el mes de junio, la segunda en septiembre y la tercera a principios de este 2022.

Todo ello en medio del denotado incremento de casos positivos de Coronavirus en la entidad y cuyo pico más alto ha sido de más de mil 400 casos por día, cuarta ola de pandemia a la que la CDHEC no se escapó, pues apenas el miércoles informó mediante un supuesto boletín de prensa de que seis de sus colaboradores resultaron positivos a COVID-19-Ómicron por lo que tomaría las previsiones necesarias para continuar con sus labores “a distancia” en sus oficinas.

Igual situación se presentó en algunas instituciones públicas como los ayuntamientos de Saltillo y Ramos Arizpe con más de 20 contagiados, el Poder Judicial con alrededor de 10, el Congreso del Estado con cuatro diputados contagiados y el sistema educativo con casi un centenar de docentes también contagiados en la entidad.

De vuelta a las tareas pendientes en el plano de los derechos humanos, uno de los antecedentes para todo el embrollo mencionado fue la reforma a diversas leyes estatales que tienen que ver, según la perspectiva de la mayoría de los legisladores del Congreso del Estado y de partidos como el PRI, PAN y el PVEM, es que las más de 10 iniciativas de reforma tienen que ver curiosamente con los derechos humanos.

Inclusive los legisladores emitieron varias cartas de los derechos humanos estatales una vez que fueron aprobadas dichas leyes, en diciembre pasado, y de las que se espera en estos primeros meses del 2022 su entrada en vigor una vez publicado el decreto respectivo en el Periódico Oficial del Estado.

A todo lo anterior, habrá que adicionarle el último informe del presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, documento que se presenta al final de cada año ante los legisladores y que da cuenta del trabajo de los 365 días precedentes.

En ese Informe Anual de Resultados 2021, a decir de algunos legisladores de oposición, se vio una notable reducción en la tarea de la Comisión de Derechos Humanos no obstante que las quejas siguen al alza, pero la percepción es que muchas de las recomendaciones no son emitidas.

COAHUILA CON MÁS INCIDENTES

Fue precisamente en el mes de diciembre, la víspera del informe de los derechos humanos en Coahuila, que se dio a conocer un estudio del INEGI que colocaba a la entidad entre las ocho con más hechos relacionados con incidentes contra este tipo de derechos en el país.

En 2020 Coahuila se posicionó entre las ocho entidades con más hechos violatorios que tienen que ver con los derechos humanos a nivel nacional, determinó el estudio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Este Censo Nacional de Derechos Humanos del Ámbito Federal y Estatal, denominado CNDHF-E 2021, da cuenta de que, de acuerdo con los datos, durante el 2020 se registraron 252 mil 66 hechos presuntamente violatorios en expedientes de queja calificados como tal.

Y mientras que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cifra reportada fue de 26 mil 743 asuntos o quejas, los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), entre los que se encuentra la Comisión de Derechos Humanos el Estado de Coahuila, fue de 225 mil 323.

Inclusive en una de sus gráficas el mismo estudio dice que en comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de hechos presuntamente violatorios aumentó casi hasta el 36 por ciento en 2020.

Y dentro de esos ocho sitios con más hechos violatorios a los derechos, afirma el documento, en orden descendente entre las 32 entidades federativas se destaca a Jalisco por concentrar la mayor cantidad de hechos presuntamente violatorios registrados en los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos con más de 125 mil 770.

Y que entre los estados que superaron los cinco mil hechos, se encontró Coahuila junto con seis entidades más, al registrar cinco mil 206 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos y registrados tanto por la CNDH como por la CDHEC.

Conforme a dicho orden descendente, pero por parte de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas, como la CDHEC, las instituciones más señaladas en los registros fueron las alcaldías municipales, las procuradurías o fiscalías generales de los estados y las instituciones encargadas de la seguridad pública que cometieron más atropellos, por llamarlos de algún modo.

Por otra parte, a nivel nacional las instituciones más señaladas registradas por la CNDH fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Migración (INM), la Secretaría de Bienestar y el Sistema Federal Penitenciario, hechos que especialistas relacionan con las atenciones de salud epidemiológica por COVID-19.

POCAS QUEJAS EN 2021

Vamos con el informe.

Con sólo mil 696 quejas por violaciones a los derechos humanos en sus registros, de acuerdo con una consulta a su informe anual 2021, la mayoría radicadas en la región Laguna, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila privilegió las acciones en materia de capacitación y promoción de la cultura del respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, en anteriores años dicho documento presentado al Congreso del Estado informaba de manera más detallada aspectos como, por ejemplo, el número de quejas presentadas por violaciones de derechos o las recomendaciones emitidas en ese sentido.

Cabe destacar que, no obstante que en dicho informe se resaltaron más las acciones emprendidas por la dependencia durante el 2021, mismas que el presidente de la Comisión, Hugo Morales Valdés destacó acciones en materia de capacitación y promoción de la cultura del respeto a los derechos humanos.

Con el conocimiento de que, de acuerdo con entrevistas vertidas por el mismo Ombudsman estatal, específicamente sólo se habían interpuesto seis quejas por violación a los derechos humanos en las jornadas de vacunación antiCOVID-19, las cuales fueron presentadas por ciudadanos que sintieron vulnerados sus derechos ya que sintieron que fueron discriminados al no recibir el reactivo biológico, éstas siguen en proceso de investigación.

Por lo que, derivado de un análisis general al Informe anual, en cuanto a las quejas, sin especificar detalles el documento informa que fue en 2021 que se recibieron mil 696 quejas por violaciones a los derechos humanos, la mayor parte de ellas interpuestas en algunos municipios de La Laguna.

De ellas, refiere el documento, 550 fueron de municipios de Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca; que le siguen en cantidad la región Sureste de la entidad con 408 quejas específicamente atribuidas a las localidades de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe.

Estas quejas en específico se clasificaron en seis temas: violación a la legalidad, el derecho de la seguridad jurídica, señalamientos, violación al derecho de la libertad, violación al trato digno e igualdad y a la seguridad personal.

Asimismo, se precisó que entre ellas resaltaban 463 señalamientos o quejas atribuidas a detenciones arbitrarias, 197 atribuidas a agresiones, 145 tenían que ver con allanamiento de morada y 903 por el ejercicio indebido de la función pública, principalmente por los cuerpos de seguridad en sus diversas actuaciones.

FGE Y SSP

Específicamente por lo que refiere a la materia de seguridad la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones policiales de Saltillo y Torreón encabezaron entonces las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.

Dichas quejas fueron en aspectos como la vulneración o atropello de los derechos humanos de civiles en 2021.

Lo anterior, derivado lógicamente y en su mayoría de las acciones policiales en detenciones, actividades de seguridad y procedimientos o actuaciones judiciales, como les llaman estas dependencias, las cuales quedaron asentadas en el Informe de la CDHEC 2021 y que también el Ombudsperson estatal presentara ante el Congreso del Estado.

Cabe mencionar que, en contraste del total de las quejas de que dio cuenta la Comisión y que asciende a mil 696 acumuladas en el año, sólo emitió 79 recomendaciones; 39 de ellas aceptadas y en vías de cumplimiento, lo cual marcó una diferencia con respecto al 2020 cuando se registró un incremento de casos en los cuales se comprobó la violación a los derechos de las personas.

De este documento, y de acuerdo con una investigación electrónica, se desprendió que la Fiscalía General del Estado de Coahuila se colocó como la primera autoridad con más señalamientos por violaciones a los derechos humanos de las personas al contabilizar 497 quejas sólo en 2021.

En segundo lugar, se colocó la Secretaría de Seguridad Pública con también un alto número de quejas en su contra ya que acumuló 278 querellas, no obstante que esta dependencia aseguró que el número de quejas presentadas en este año había disminuido en un 29 por ciento en comparación con el 2020.

El informe de la CDHEC destacó asimismo que las policías municipales en conjunto acumularon 248 quejas en su contra, colocándose las corporaciones de seguridad de Saltillo con 67 quejas, Torreón con 76 y Acuña con 58, en primero, segundo y tercer lugar respectivamente, como las que más querellas sumaron por el posible atropello a los derechos humanos de la ciudadanía.

Las acciones violatorias que se les atribuyen a este tipo de corporaciones, en primer lugar, estuvo la detención arbitraria con 463 casos, lesiones 197 y allanamientos ilegales 145, no obstante que en cuanto al ejercicio indebido de la función pública se contabilizaron 903 quejas.

A la par se presentó a la opinión pública el Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021, documento que afirmaba que del 2010 al 2021 un total de 65 expedientes de inconformidad que fueron dirigidos a autoridades del estado de Coahuila se recibieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que la mayoría de estas inconformidades fueron contra la Comisión de los Derechos Humanos del estado.

De ello la CNDH precisó que correspondió a un periodo de once años, pero que el 2019 fue el año que más expedientes registró.

Fue a raíz de este informe que se dio a conocer que la CDHEC por cuarto año consecutivo seguía sin convocar a la ciudadanía a participar en la constitución de su Consejo Consultivo el que, según la ley, debería estar integrado por ciudadanos con cargos honoríficos ya que no podrían devengar sueldo alguno.

VOTACIÓN «EN CONJUNTO»

Respecto de la reforma integral a los derechos humanos en la entidad, así la denominaron diputados de las fracciones priista, panista y verde-ecologista, ésta se discutió de manera muy general y fue aprobada por la vía fast-track, según la percepción de legisladores de fracciones de oposición como MORENA y UDC.

“Con la reforma que hoy vamos a discutir en el Congreso y, de aprobarse, la entidad será pionera en el país en materia de promoción de los derechos humanos”, declaró Luz Elena Morales en rueda de prensa en diciembre y refiriéndose a un paquete de 11 iniciativas de las que destacaban la conocida como “Paridad en Todo” y que tenía que ver con la elección de gobernadora o gobernador en la entidad, así como una referente a los derechos humanos.

Con este hecho se confirmaba entonces lo advertido por el grupo parlamentario de MORENA en el sentido de una votación en bloque para favorecer a un hombre en la elección del 2023 y dejando «para después» la causa feminista de equidad y paridad de género, así como el análisis del sentido de las reformas en cuanto a los derechos humanos en lo general.

Específicamente de las 11 iniciativas, 4 fueron presentadas por el Gobernador y 7 por distintas fracciones partidistas parlamentarias del PRI, MORENA y el PAN, pero todas tienen un marco en común que tiene que ver con el tema de derechos humanos; por esa razón el grupo parlamentario del PRI, que tiene la mayoría en la cámara legislativa, especificó que fueron discutidas en conjunto y se votaron de igual forma: en bloque y con unos cuantos votos en contra por la parte opositora que clamaba por una discusión a fondo.

La premisa central de la reforma fue, según la mayoría, la dignidad de las personas renovando la relación entre gobierno y sociedad a fin de construir sociedades más libres e igualitarias, para lo cual: “se realizaron consultas con expertos y apoyo también con la academia”, esto con referencia, según diputados de oposición, a la posiblemente participación de la Academia Interamericana de Derechos Humanos para dicha consulta.

Según explicó Luz Elena Morales, del PRI, la reforma: “sus principales aportaciones se refieren a tres amplios apartados que contendrá el dictamen”.

“El primero tiene que ver con el tema de derechos humanos en general y que en otras tres subdivisiones tiene que ver con derechos civiles, políticos, sociales y culturales; el segundo apartado del dictamen refiere el incorporar el principio de paridad dentro de la constitución en los tres órdenes de gobierno y en los órganos autónomos”, éste denominado por los mismos legisladores como “Ley de Paridad en Todo”.

Y la tercera parte, continuó la diputada, son distintas iniciativas que impactan dentro de los temas de desaparición de personas, movilidad y patrimonio cultural, entre otras.

Sin embargo, en aquella sesión parlamentaria se privilegió la discusión de solamente la “ley de paridad en todo” y de manera demasiado somera se discutieron las otras 10 reformas que tiene que ver con los derechos humanos.

SIN RECOMENDACIÓN

Casi a la par que se discutían y aprobaban estas 11 reformas, la CDHEC continuaba con la investigación de tres casos que destacaron entre la opinión pública y de los cuales los quejosos esperaban la emisión de las recomendaciones respectivas.

El primero de ellos fue el relacionado con un elemento de la policía de Ramos Arizpe en junio y cuya corporación estaba en Paredón, a unos 60 kilómetros de Saltillo.

Según su versión el elemento fue discriminado por sus preferencias, al grado de obligarlo a darse de baja como policía y regresarlo a su domicilio en el municipio vecino casi desnudo y bajo amenazas; presentó su queja en la Comisión y a más de seis meses de ocurrido el hecho el órgano autónomo no ha emitido recomendación a la policía de Ramos Arizpe.

El segundo caso fue el de un maestro pensionado, afiliado a la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, que tras una manifestación pacífica en la Plaza de Armas en Saltillo durante un desalojo en septiembre fueron violentados sus derechos.

Uno de ellos fue el derecho a la libre manifestación y el otro al imputarle cargos de amenazas a la autoridad e intentar hacer estallar un petardo dentro de instalaciones públicas, por supuesto que una vez fuera de la cárcel acudió a interponer su queja ante la CDHEC.

Organismo que, según fuentes internas, declaró como improcedente la queja, pero el maestro afectado en sus derechos humanos sigue a la espera de la recomendación ante la clara flagrancia de las autoridades en su contra.

Mientras que un tercer caso, sucedido apenas hace una semana, es el de un periodista que en el momento en que desempeñaba sus funciones relacionadas con la libertad de expresión.

Es decir, al dar cuenta a la opinión pública de un incidente en el que una corporación policíaca estatal realizaba una diligencia, el informador sufrió la agresión por parte de cuando menos dos elementos, interpuso su queja y denuncia y, talvez por ser el incidente más reciente, la CDHEC no ha emitido recomendación alguna.

¿Y EL CONSEJO?

El siguiente aspecto que tiene que ver lógicamente con los derechos humanos es el relativo a la falta del Consejo Consultivo de Derechos Humanos en el estado.

De este órgano ciudadano la ley que sufrió la última reforma en agosto del 2020 habla, en sus artículos desde el 44 al 61, https://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa55.pdf de su conformación y atribuciones, pero que, de acuerdo con especialistas en la materia, ya va para cuatro años que no es elegido o designado por el Congreso del Estado ni la Comisión de Derechos Humanos local.

El Artículo 44 dicta que el Consejo se integrará por seis consejeros propietarios y seis suplentes los cuales deberán ser elegidos bajo el principio de paridad de género; el Articulo 46 dice que los consejeros, propietarios y suplentes, serán designados por el Pleno del Congreso, previa auscultación a los sectores sociales.

Además de sesionar por lo menos tres veces al año, según el Articulo 56 el Consejo tendrá entre otras las siguientes atribuciones: velar, en el régimen interior del Estado, por el respeto de los Derechos Humanos, promover y participar en los programas que lleve a cabo la Comisión y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos humanos.

No obstante todo lo anterior, el Artículo 48 prevé que las personas designadas como consejeras propietarias y suplentes rendirán protesta de ley ante el Pleno del Congreso, o en sus recesos, ante la Diputación Permanente, se tiene la sospecha de que, si aún no ha sido presentada ni aprobada la reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, no se podrá elegir el Consejo y sería hasta el próximo periodo de vigencia de la Diputación Permanente que pudiese darse esta convocatoria, es decir, hasta julio o diciembre de 2022.

Volviendo a la materia, de 32 consejos consultivos de derechos humanos que deberían existir en el país sólo están integrados 29, faltan por constituirse tres estatales, uno de ellos es el de Coahuila, lo anterior de acuerdo con datos del INEGI al cierre del 2021.

Además de que corresponden a cargos honoríficos, es decir, no devengan salario por sus actividades las personas que los componen y son designadas por los congresos locales, estos consejos son conocidos como Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) y el de Coahuila tiene, por lo menos, cuatro años sin integrarse.

En una investigación electrónica de datos entre otras cosas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reveló que Coahuila y dos entidades más no contaban con su respectivo Consejo Consultivo al cierre del 2020 ni al término del 2021.

Este fue en el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2021, presentación de resultados generales https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhf/2021/doc/cndhf_2021_resultados.pdf, que pone en conocimiento de que eso fue motivo para que estos tres estados no fueran integrados en dicho censo en algunos aspectos.

De acuerdo con este CNDHF-E, que tiene el fin de generar información estadística de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los OPDH de los estados en funciones de gobierno y protección de los derechos humanos, realizada entre el mes de junio y noviembre del año pasado, se censaron la estructura organizacional y recursos, así como la capacitación, difusión y defensa y protección de los derechos humanos.

Y en cuanto a la estructura organizacional y recursos Coahuila, Tabasco y Chiapas no contaron en el censo.

Asimismo, durante 2020 sólo había 29 Consejos Consultivos constituidos en los Organismos Públicos de Derechos Humanos, de ellos se reportó que los integraban un total de 190 consejeras y consejeros, 53.7 por ciento hombres y 46.3 por ciento mujeres.

Otro dato del informe es que Coahuila, que no tiene consejo consultivo, cuenta con 8 oficinas de recepción de quejas de derechos humanos, mientras que Nuevo León, que sí tiene Consejo Consultivo, cuenta con solamente dos oficinas de derechos humanos.

De igual forma el informe señala que, con un 43 por ciento de hombres y 57 por ciento de mujeres entre su personal adscrito la CDHEC ejerció un presupuesto de 36.7 millones de pesos en 2020, mientras que, por ejemplo, Durango ejerció 23.2 millones de pesos y que, en cuanto a las visitadurías, Coahuila en 2020 con mayor presupuesto tenía 8 y Durango con menos recursos sólo 4 visitadurías.

En los OPDH específicamente, cuyo consejo no existe en Coahuila, el censo del INEGI da cuenta de 29 constituidos, compuestos por 188 consejeros, 86 mujeres y 102 hombres, y existen 40 vacantes, que corresponderían a los 3 estados que faltan de formalizar su Consejo Consultivo, como resultado lógico el OPDH de Coahuila debería estar integrado por 12 consejeros.

Esta situación no se ha concretado, ni siquiera el Congreso del Estado local ha emitido la convocatoria para integrar dicho consejo, aspecto que, al brindar su informe de resultados 2021 el ombudsman coahuilense, Hugo Morales Valdés, no mencionó a pesar de casi completar cuatro años en el cargo.

PARA DESPUÉS

Hay dos temas importantes antes de conformar el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila: está en proceso de generarse una ley de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad y la actual legislatura estaría reteniendo un poco la convocatoria para dicho Consejo, consideró en entrevista el presidente de este organismo autónomo.

La pregunta específica a Hugo Morales Valdés, presidente de la CDHEC, fue si habría posibilidades de que este año 2022 quede conformado dicho Consejo Consultivo de Derechos Humanos en el Estado.

Ello debido a que Coahuila al igual que otras dos entidades federativas carece de esta figura desde hace unos años según datos del INEGI, se le explicó, y contestó que hay esos dos temas importantes al respecto.

“Primero, hemos solicitado al Congreso que haga la convocatoria, recordemos que es un proceso legislativo el que da lugar al mismo, pero también hay que decir que está en proceso la generación de una nueva Ley de la Comisión de Derechos Humanos a partir, precisamente, de una iniciativa de ley en el mes de diciembre”, citó textualmente.

Este tema tiene que ver con el paquete de las 11 reformas a la Constitución de la entidad en cuanto al tema de los derechos humanos y que en una apasionada y cansada sesión aprobaron los diputados por mayoría en el último mes del 2021.

“Entonces, probablemente la integración de este (consejo) sea modificado y tal vez eso es lo que haga que los legisladores estén reteniendo un poco la convocatoria, pero insistió, la solicitud se ha hecho”, continuó Morales Valdés.

En cuanto al llamado del Ombudsperson estatal al Poder Legislativo y no se extienda más en dicho dictamen comentó que: “yo estoy insistiendo en que tenemos que plantear primero la reforma en materia de la propia Comisión y derivado de lo que dispongan los legisladores habrán de hacer ellos su propia convocatoria”.

¿Reunirse con ellos, platicar al respecto?, se le inquirió al presidente y comentó que tenemos diálogo prácticamente de forma mensual con la Comisión de Derechos Humanos y con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, así es que el diálogo es permanente.

En cuanto a la importancia de dicho órgano colegiado, Morales Valdés destaca que: “el Consejo Consultivo tiene pocas facultades jurídicas, sin embargo, es una representación social y es importante que la ciudadanía participe”.

Por lo que respecta a la reforma a la ley de la CDHEC dijo que esta consistiría, entre otras cosas: “a que a la Comisión se le dota de la posibilidad de que sean vinculantes sus recomendaciones a partir de que el Tribunal Superior constituido en Constitucional pueda hacer vinculatorias las mismas”.

¿Y entre las probabilidades de sancionar a quien no atienda las recomendaciones de la CDHEC?, se le pregunta finalmente y responde que: “sí, evidentemente a través de la fuerza coercitiva del Tribunal Constitucional”.

PENDIENTES

Y mientras que sesiona el Congreso para que se presente la iniciativa en al que se reformará la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, sea aprobada y decretada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, además que se dé paso a la emisión de la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de Derechos Humanos, algunos piensan que sería en los próximos 10 meses al menos.

Sigue pendiente la emisión de algunas recomendaciones por parte de la CDHEC, por ejemplo, de los tres casos señalados antes, el del policía discriminado, el del maestro pensionado que se manifestaba en la Plaza de Armas encarcelado y la agresión de un reportero por parte de la policía estatal.

A ello se deberá sumar la posible lenta marcha en cuanto a la emisión de recomendaciones derivadas de quejas en las que la ciudadanía hoy en 2022 tiene la sospecha de que sus derechos humanos se hayan visto vulnerados, sobre todo por las autoridades de salud, municipales y de seguridad.

Para muestra queda el caso del pensionado que pertenece a la Coalición de Trabajadores de la Educación, a pesar de que se cumplieron 3 meses del desalojo de la Plaza de Armas y sin respuesta de autoridades ni de la Comisión de Derechos Humanos, ellos siguen en pie de lucha pacífica.

Ante este panorama en 2022 reiniciarán su pretensión de restablecer el diálogo con el Gobierno para encontrar una solución y se les pague su pensión, los servicios médicos y el apoyo a vivienda, sostiene uno de sus portavoces, Gustavo García.

Platica a manera de recuento y dice que: “no, en lo absoluto, no se restablecieron las mesas de diálogo, el Gobierno del Estado fue radical”, que para ellos el desalojo con el uso de la fuerza fue su respuesta a poco más de 100 días de plantón pacífico y la búsqueda de solución a sus demandas.

Dijo que ellos lo ven así: cancelar el diálogo, favorecer la represión y violentar los derechos humanos: “el uso de la fuerza pública para reprimir a los manifestantes, traicionando la palabra del Estado que la había empeñado ante nosotros”.

Después de quejarse de que hay represión y que la postura es no solucionar ni arreglar nada, no poner orden, no acabar con la serie de irregularidades de problemas administrativos financieros, Gustavo García cita los derechos humanos.

Sobre ello está el dato de que durante la exposición de su informe de resultados Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, ni siquiera informó a los diputados de la queja que el maestro interpusiera para analizar su caso de encarcelamiento.

Por lo que El pensionado responde que su queja ante Derechos Humanos fue por el desalojo violento de la Plaza de Armas y el encarcelamiento injusto: “pero es fecha que la CDHEC no da respuesta, a pesar de haber quedado que en su momento nos harían saber lo procedente, pero no ha habido ninguna respuesta”.

Y después de prever que seguirán insistiendo tanto por los cauces jurídicos como manifestaciones para exigir que se cumplan los derechos humanos que se están violando, advierte que son situaciones que: “lamentablemente vamos a seguir viendo con más frecuencia”.