El Colapso de la justicia federal alcanzaría a Coahuila

Por Miguel Villarello

Saltillo, MÁS. – El enfrentamiento que sostiene el Poder Ejecutivo contra el Judicial en el país aparte de afectar el estado de derecho y la impartición de justicia en todos los niveles, y de la que Coahuila con varios juzgados de distrito no se salvan, es motivo de ocasión para pensar en una posible transformación de las instituciones constitucionales que son los pilares para la buena marcha del país.

El inicio fue, al principio de la semana, con la advertencia de paro del Poder Judicial de la Federación en los 32 estados incluyendo la Ciudad de México en señal de protesta por la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados donde la mayoría de Morena cabildeó y aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo para reducir al Poder Judicial federal más de 15 mil millones de pesos.

Para ello fue necesario modificar la ley orgánica del poder judicial y, por consiguiente, se eliminaron 13 de los 14 fideicomisos estipulados como prestaciones laborales al personal desde magistrados hasta empleados operativos, presuntamente por la comisión de actos de corrupción, de acuerdo con dichos del presidente del país.

Dicha medida, en cierto modo afectó las actividades de los órganos jurisdiccionales de Coahuila pues se detuvo la impartición de justicia y, de ser aprobado el presupuesto a la baja, afectaría algunas actividades del derecho procesal que tienen que ver con las ramas laboral, civil y familiar en el estado.

De acuerdo con datos consultados, se trata de un presupuesto total de 84 mil millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación a ejercer en 2024, de los cuales el Ejecutivo de la 4T propuso a la Cámara de Diputados reducirle 15 mil 400 millones de pesos vía la desaparición de los fideicomisos mencionados.

Aunque la reducción significa un 30 por ciento menos, los diputados de Morena, quienes aprobaron esta semana la propuesta financiera a la baja, insistieron con que en realidad dicho presupuesto creció un 8 por ciento según datos de Hacienda.

Actualmente el Poder Judicial cuenta con 55 mil empleados en todo el país, pero en 2023 un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibe 206 mil 948 pesos mensuales, 445 mil 300 pesos de aguinaldo y prima vacacional y 416 mil 750 pesos del denominado pago anual por riesgo de trabajo, en total 3 millones 345 mil 426 pesos anualmente.

En contraparte, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila percibe, sólo de salario, alrededor de 160 mil pesos por mes, más prestaciones, incluso un juez de distrito obtiene mensualmente un sueldo de poco más de 130 mil pesos, en comparación un trabajador de una fábrica percibe mensualmente en promedio 7 mil pesos.

Si no hay dinero, no hay justicia, es el dicho de personas trabajadoras de la justicia federal, y la percepción ciudadana es que se trata de un sistema corrupto por el tráfico de influencias y dinero para obtener resultados favorables en la mayoría de los procesos jurídicos.

Otro aspecto, según fuentes consultadas, es el nepotismo al interior no sólo del poder judicial federal, sino en los órganos jurisdiccionales locales, donde los cargos que ocupan familiares o allegados a jueces o magistrados superan el 45 por ciento de la nómina.

Otros datos consultados electrónicamente indican el rezago: 1 de cada 4 casos en el país están pendientes de resolverse, es decir, que el 25 por ciento sigue sin recibir sentencia por parte de un juzgador; algunos de ellos acumulan varios años de retraso.

Con referencia a la quita de 15 mil 400 millones de pesos, barras de abogados afirman que lo hecho por el Poder Ejecutivo es ilegal por ser el Judicial un poder autónomo; no obstante que la propuesta presidencial es que dicha cantidad de recursos se destine a becas o enviar ese monto en partes iguales a las entidades federativas.

Aparte del paro de labores, a partir del 16 de octubre, el daño es que el sistema se colocó en riesgo de colapsar en cuanto a cualquier proceso judicial se refiere, sólo para dar una idea, para obtener un amparo federal el tiempo se alargó hasta 140 días, el equivalente a casi 5 meses.

REACCIÓN

El primer movimiento fue cuando los trabajadores del Poder Judicial Federal anunciaron que protestarían en favor del respeto a la división de poderes e independencia judicial a nivel nacional.

Trascendió de su dirigencia sindical que sería mediante una manifestación pacífica “y en contra de los atentados que han orquestado el Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la independencia judicial y los derechos de los trabajadores de la institución judicial mexicana”.

Derivado de ello la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, sección Saltillo, dio a conocer que la cita sería el martes 17 de octubre “para llevar a cabo la manifestación en las puertas de los edificios del Poder Judicial federal”.

Las actividades incluyeron la colocación de lonas en las fachadas de los edificios, una manifestación en cada edificio sede y el 24 de octubre una manifestación de la dirigencia sindical frente a la Cámara de Diputados, todo ello para llegar a un “paro nacional del Poder Judicial”.

Un comunicado, firmado por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, informó que, “ante la posibilidad de ver afectados nuestros salarios y prestaciones por el recorte presupuestal con que amenaza el Poder Legislativo y la inquietud que esto ha provocado en la base trabajadora”.

EL RIESGO

El impacto del enfrentamiento que tienen los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Poder Judicial en el país incidirá en la calidad de justicia que tenemos y en la certeza jurídica que derivamos a través de los procesos jurídicos los cuales serán debilitados indudablemente por esta actitud, consideró el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila.

En entrevista Eduardo Olmos Castro, sostuvo que la desaparición de esos fideicomisos, por ejemplo, es un ataque a la Corte Suprema y que era “preocupante esta actitud, pues el poder judicial es un poder que históricamente no se ve perjudicado por los vaivenes políticos”.

Insistió asimismo que se trata de un asedio al Poder Judicial por el Ejecutivo, por el Gobierno Federal y por un partido político que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y ejerciendo presión política para disminuirlo y debilitarlo.

Inclusive resaltó que Coahuila ha sido tratado de una manera terrible en cuanto a los recortes presupuestales, “eso nos ha generado falta de infraestructura y de obra pública, pues la desaparición de fideicomisos en Coahuila le impactó sobremanera”.

INTROMISIÓN PRESIDENCIAL

En plena manifestación en la sede en Saltillo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación insistieron con que la acción promovida por el Ejecutivo, utilizando al Poder Legislativo, para reducirle su presupuesto y eliminar fideicomisos, además de una intromisión a la división de poderes, pone en riesgo la impartición de justicia en todo el país.

Entonces la secretaria del comité ejecutivo estatal Sección 41 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Coahuila, Patricia Alarcón Cortés, advirtió que, de avanzar la medida presidencial, México se quedaría sin juzgados de distrito y tribunales colegiados que, en una palabra, no habría justicia expedita ni adecuada aparte de que muchos trabajadores perderían su fuente de empleo.

Luego de resaltar que los diputados pretendían reducir su presupuesto, el cual fue un derecho adquirido además de estar constituido en sus derechos laborales, reveló que los 13 fideicomisos que pretende desparecer el presidente López Obrador sí afectan a la base trabajadora, la cual está compuesta por técnicos de servicio, oficiales judiciales y mandos medios sindicalizados y de confianza, y la afectación tiene que ver con el servicio médico, salarios, planes complementarios y pensiones entre otros.

Indicó que solamente en Saltillo eran más de 400 trabajadores distribuidos en los cinco juzgados de distrito, tres auxiliares y 4 colegiados auxiliares en materia civil, penal, familiar y administrativa.

Pero que al sumar las sedes jurisdiccionales federales asentadas en Monclova, Torreón y Piedras Negras se trataba de más de 3 mil personas trabajadoras.

CONTROVERSIA

Por su parte la diputada local panista Mayra Valdés González estimó que el Poder Judicial de la Federación acudirá a una instancia jurisdiccional, en este caso la Suprema Corte de Justicia, y resolver mediante controversia o queja la intromisión de que es víctima por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“No es correcto que se manejen este tipo de situaciones, son poderes totalmente independientes y merecen respeto por parte de las autoridades, pero son circunstancias que hemos visto a lo largo de este sexenio”.

“No puede ser posible que López Obrador, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve alguna controversia que no le gusta afirma que ésta no funciona y está actuando ilegalmente, pero cuando le da un fallo a su favor sale en La Mañanera y los felicita, entonces ¿de qué se trata?”.

FIDEICOMISOS

Para dar una idea de la suspensión de actividades, sólo en San Lázaro en la Ciudad de México en un día pararon labores ocho organismos del Poder Judicial federal, entre tribunales colegiados en materia civil y del trabajo, juzgados de distrito en materias civil, del trabajo y de extinción de dominio, juzgados especializados en juicios mercantiles de primer circuito, juzgados de distrito del centro auxiliar de la primer región, así como órganos jurisdiccionales que normalmente estaban de guardia y atendían de manera electrónica.

De ahí la adecuada resolución en cuanto a los fideicomisos.

Con la justificación de que se trata de acciones de corrupción los 14 fideicomisos en controversia son las Pensiones complementarias en mandos superiores, las Pensiones complementarias en mandos medios y operativos, el Plan de prestaciones médicas complementarias y de apoyo médico extraordinario, el Manejo del producto de la venta de publicaciones jurisprudenciales.

Le siguen los Remanentes presupuestales que tiene que ver con arrendamientos e infraestructura, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento de la Impartición de Justicia en el que están incluidas las entidades como Coahuila.

Continúan con las Pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, el Mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, los Apoyos médicos complementarios para servidores públicos excepto los de la Suprema Corte de Justicia, el Desarrollo de infraestructura en materia de justicia federal y el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia.

Además, el Fondo para la Administración de Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de acciones colectivas, otro Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios para servidores públicos excepto los de la Suprema Corte de Justicia y el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España que tiene que ver directamente con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante que fuentes presidenciales están proponiendo que esos 15 mil 400 millones de pesos, al desaparecer los 13 fideicomisos, serían destinados a 1 millón 600 mil becas para estudiantes de primaria y secundaria, 198 mil becas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 893 mil pensiones de Bienestar para personas discapacitadas.

COLAPSO

Tres días después la sede del Poder Judicial de la Federación en Coahuila anunció el inicio de un paro de labores y actividades por dos días a los que declaró como inhábiles.

Ello a consecuencia de la aprobación por el Legislativo para la eliminación de 13 de sus 14 fideicomisos, pues aseguraron que la medida afectaría a los trabajadores.

En un documento oficial, singado por la dirigencia sindical de cada uno de los órganos jurisdiccionales en el país, advirtió que la medida podría extenderse por más días.

La suspensión de actividades se dio en varias sedes de Saltillo, Piedras Negras donde se encuentra el Juzgado Tercero de Distrito, Monclova lugar de asiento del Juzgado Cuarto de Distrito y otro Juzgado de Distrito en Torreón.

No obstante, personal de algunos juzgados de distrito sería a través de guardias que no se dejaría de atender a quienes acudieran por asuntos de urgencia como el establecido en el Artículo 15 que existe la posibilidad de la privación de la libertad, es decir, por algún amparo.

COAHUILA

Luego de manifestar su rechazo a la eventual iniciativa de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación mediante el que la Cámara de Diputados pretende eliminar algunos fideicomisos, el Poder Judicial de Coahuila se solidarizó con el organismo autónomo federal.

Mediante un comunicado el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, Miguel Mery Ayup, sostuvo su rechazo a la iniciativa pues en ella “se pretende extinguir diversos fideicomisos que generan sustentabilidad financiera a prestaciones de ley de servidores públicos de todos los niveles, así como la fortaleza de la infraestructura y modernización de la administración de la justicia federal”.

Por lo que exhortó al Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus competencias “garantice el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que obligan al Estado Mexicano a salvaguardar la independencia judicial”.

Firmado por 18 magistradas y magistrados de las salas colegiadas Civil y Familiar, Penal, la Sala Regional y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el documento indicaba que diversos proyectos legislativos han impuesto nuevas responsabilidades a los entes judiciales, pero sin destinar recursos para su implementación, entre otros la Reforma en Justicia Laboral y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En consecuencia, manifestó que era “urgente la creación de fondos federales para la impartición de justicia local que significan la atención del 80 por ciento de los asuntos judiciales en el país”.

Dado el golpe y con un sistema judicial federal colapsado, detenido, hasta el 24 de octubre, la última palabra la tendrá la Cámara de Senadores que deberá avalar o desaprobar la propuesta presidencial aprobada ya por la Cámara de Diputados.

No obstante que en Coahuila ya se registró la afectación en los juzgados de distrito debido a que algunos procedimientos penales, civiles, familiares y laborales entraron en fase de suspensión y lo único que está funcionando son las promociones de juicios de amparo.

De ahí que resalte la propuesta del Poder Judicial de Coahuila para la asignación de mayores recursos a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas por la vía de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2024 y cumplir con las atribuciones asignadas en cuanto a la Reforma Laboral y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

No obstante, todo se definirá el próximo martes 24 de octubre cuando trabajadores sindicalizados y de confianza del Poder Judicial de la Federación sostengan una reunión en la Cámara de Senadores para que este órgano colegiado defina su postura en cuanto al presupuesto y la pretensión de cancelar los fideicomisos en controversia, decisión que también afectará la impartición de justicia en Coahuila de una manera u otra.