Ciudad de México, 09/06/25 (Más).- Los estados de Coahuila y Quintana Roo concentraron los resultados más contundentes en la elección judicial del pasado 1 de junio. En ambas entidades, la totalidad de las candidaturas avaladas por los comités de evaluación ligados a los respectivos Poderes Ejecutivos obtuvieron los cargos en disputa con al menos el 50% de los votos, resultado atribuido en gran medida al diseño de las boletas electorales, que sólo permitieron votar por bloques completos de candidaturas.
En Coahuila, donde el gobernador Manolo Jiménez encabeza el Ejecutivo estatal, las planillas propuestas por su administración lograron superar el 60% de los sufragios en los cargos correspondientes al Tribunal de Disciplina, tribunales de distrito y el Tribunal Superior de Justicia.
En el caso de las personas juzgadoras, los perfiles promovidos por el Ejecutivo coahuilense obtuvieron el 59.8% de los votos. Así, todas las candidaturas avaladas por ese comité ingresarán formalmente al Poder Judicial de la entidad, según los datos oficiales del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).
Las planillas respaldadas por los poderes Legislativo y Judicial registraron entre el 12% y el 14% de los sufragios, un nivel de respaldo apenas superior al de los votos nulos. A esto se suma que muchas de las candidaturas estaban repetidas en las diferentes listas. Por ejemplo, seis de los nueve aspirantes al Tribunal Superior de Justicia fueron propuestos por los tres poderes; en el caso de las magistraturas de distrito, los mismos cuatro perfiles aparecieron en todas las planillas. Para el Tribunal de Disciplina, Dulce María Fuentes Mancillas figuró en las tres listas, y Rodolfo Rábago apareció tanto en la del Ejecutivo como en la del Judicial. De las 90 candidaturas a personas juzgadoras en diversas especialidades, 68 estaban incluidas en las tres propuestas, lo que representa el 75.5%.
En Quintana Roo, estado gobernado por la morenista Mara Lezama, las planillas del Ejecutivo estatal obtuvieron el 49.8% de los votos en las elecciones al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Disciplina Judicial. En cuanto a las personas juzgadoras, las candidaturas propuestas por el gobierno estatal alcanzaron el 52% de los sufragios. En contraste, las propuestas de los otros poderes y los votos nulos se ubicaron entre el 15% y el 18%.
En esta entidad, 7 de las 12 candidaturas al Tribunal Superior de Justicia aparecieron en las tres listas de los comités evaluadores. Marco Antonio Torre, único candidato masculino a ocupar una de las tres plazas disponibles en el Tribunal de Disciplina, fue incluido también en las tres planillas, lo que prácticamente aseguraba su ingreso al órgano judicial.
El diseño de las boletas para esta elección, que permitió votar únicamente por planillas completas, fue autorizado luego de una solicitud de la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo, según información publicada por Proceso. Esto garantizó que perfiles avalados por los tres comités tuvieran asegurada su integración al nuevo Poder Judicial estatal.
En el caso de las personas juzgadoras, Quintana Roo empleó dos tipos de boletas, identificadas como A y B. En la boleta A, 30 de las 52 candidaturas propuestas por el Ejecutivo aparecían en las tres listas, lo que representa el 57.6%. En la boleta B, esa condición se cumplía en 22 de las 53 candidaturas, es decir, el 41.5%. El alto grado de repetición de perfiles entre las listas redujo la competencia efectiva y facilitó que los postulados por el Ejecutivo consolidaran su posición.
Especialistas consultados por medios nacionales compararon este proceso con un referéndum, ya que el mecanismo de votación limitó la posibilidad de selección individual por parte del electorado. En lugar de elegir candidatos específicos, la ciudadanía votó por bloques cerrados, lo que –según los análisis– favoreció directamente a las administraciones estatales. Si bien el formato facilitó el conteo de votos y simplificó la decisión del electorado, también redujo la autonomía de la selección judicial frente al Ejecutivo.
Los resultados en ambas entidades han sido interpretados por observadores como una muestra de cómo el diseño institucional y las reglas electorales pueden incidir significativamente en el reparto de cargos judiciales. La concentración de poder en las propuestas del Ejecutivo ha sido señalada como un elemento a revisar de cara a futuras elecciones judiciales.
Tanto en Coahuila como en Quintana Roo, los comités de evaluación están integrados por representantes de los tres poderes del estado, pero los resultados reflejaron una amplia ventaja para los candidatos avalados por los gobiernos estatales. Este escenario ha reavivado el debate sobre la efectividad del modelo de elección judicial implementado por primera vez este año y sobre los ajustes normativos que podrían requerirse para garantizar procesos más equitativos y competitivos en futuras ediciones.
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