Los 139 registros corresponden a delitos asentados en investigaciones y no equivalen al mismo número de funcionarios. Las estadísticas oficiales no permiten conocer detalles
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 20/08/26 (Más).- Coahuila pasó en un año del noveno al tercer lugar nacional por presuntos delitos federales cometidos por servidores públicos, pero las cifras oficiales no permiten saber quiénes son investigados, en qué dependencias trabajan ni qué conductas concretas se les atribuyen.
Se sabe, sí, que de enero a junio de 2026, el estado acumuló 139 registros de delitos en carpetas de investigación en la categoría “cometidos por servidores públicos”, de acuerdo con datos oficiales.
Los reportes de incidencia delictiva del fuero federal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el mismo periodo de 2025 indican que fueron 68 carpetas. El aumento de 71 registros, equivalente a 104.4%, es decir, Coahuila más que duplicó la cifra en doce meses.
El salto también modificó su posición nacional: en el primer semestre de 2025 ocupaba el noveno lugar; para junio de 2026 apareció en tercero, solamente debajo de Ciudad de México, con 469 registros, y Estado de México, con 179.
El crecimiento coahuilense fue muy superior al del país. El total nacional pasó de 2 mil 84 registros durante el primer semestre de 2025 a 2 mil 396 en 2026, un incremento de 15%. En términos porcentuales, Coahuila creció casi siete veces más rápido que el conjunto nacional.
La comparación se realizó con las bases oficiales del SESNSP y con los microdatos de incidencia federal publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, que reproduce y documenta la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo.
Sin embargo, la estadística federal no cuenta funcionarios acusados o sentenciados, sino “presuntos delitos registrados en averiguaciones previas y/o carpetas de investigación” iniciadas ante agencias del Ministerio Público de la Federación.
Por ello, los 139 registros no significan que existan 139 servidores públicos investigados, ni permiten asegurar que se trate de 139 carpetas distintas. Una sola carpeta puede contener más de un delito o involucrar a varias personas.
Por supuesto, la cifra se refiere a investigaciones, no responsabilidades penales acreditadas. La apertura de una investigación no equivale a una imputación judicial, una vinculación a proceso ni mucho menos a una sentencia.
El dato permite dimensionar el aumento de hechos denunciados o registrados por la autoridad federal, pero no conocer cuántos servidores públicos están involucrados ni cuál es el avance procesal de los expedientes.
Aunque los datos del SESNSP no ofrecen detalles que permitan conocer más a fondo de la situación, como funcionarios implicados o tipo de delitos que se investigan, se sabe que el Código Penal Federal contempla, entre otros, ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
La base difundida por el SESNSP agrupa todas esas conductas bajo una categoría general. No informa qué artículo penal fue registrado en cada caso, qué institución aparece relacionada, si el probable responsable pertenece al gobierno federal, estatal o municipal, ni en qué municipio ocurrieron los hechos.
La omisión impide establecer si el aumento obedece a una multiplicación de denuncias independientes, a uno o varios expedientes complejos con numerosos delitos, a investigaciones concentradas en una dependencia o a cambios en la forma de registrar los casos.
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