Ciudad de México, 13/05/26 (Más).- Coahuila se ubicó entre las entidades con mayor número de mercados notorios de falsificación y piratería en México, de acuerdo con el estudio presentado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el que se identificaron 148 puntos de venta con presencia de mercancía apócrifa en 30 estados del país.
El documento del IMPI señala que Coahuila aparece con nueve mercados registrados, la misma cifra que Aguascalientes y Jalisco, sólo por debajo de Yucatán, que encabeza la lista, y Tamaulipas, que ocupa el segundo lugar con 11. En total, los mercados detectados se distribuyen en 61 municipios y alcaldías.
El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, precisó que la identificación de estos espacios no significa que toda la mercancía que se vende sea falsa, sino que existe algún porcentaje de productos pirata dentro de esos establecimientos.
“Existen 148 mercados en donde hay presencia de piratería. Esto no implica que tengan el 100 por ciento de piratería, sino más bien que existe algún porcentaje de productos que se están comercializando que son piratas”, explicó.

El estudio fue elaborado con cuestionarios respondidos por funcionarios estatales entre julio y agosto de 2025 y permitió ampliar de manera considerable el registro nacional sobre este fenómeno.
Antes de este ejercicio sólo se tenían identificados 19 mercados, pero con la nueva información la cifra se multiplicó casi ocho veces; si se agregan 10 mercados previamente conocidos que no fueron reportados por los estados en este ciclo, el total asciende a 158.
Entre los giros con mayor presencia de productos falsificados destacan ropa y accesorios, detectados en 49 por ciento de los mercados. También se reportaron bolsas, carteras y mochilas en 16 por ciento de los casos, así como cosméticos, alimentos, calzado y electrónica, cada uno con presencia en 14 por ciento de los establecimientos identificados.
Las autoridades estatales estimaron que en 46 por ciento de los mercados señalados más de la mitad de los productos comercializados son de procedencia apócrifa. El origen predominante de la mercancía es China, especialmente en tiendas de productos asiáticos, que explican buena parte del crecimiento detectado en entidades como Yucatán.
Nieto Castillo advirtió que la piratería no sólo afecta a marcas y comercios formales, sino que también puede estar relacionada con delitos y redes criminales. De acuerdo con el estudio, 15 por ciento de los mercados tiene conocimiento de delitos asociados a su operación, entre ellos robo, riñas, fraude y corrupción, mientras que en 4 por ciento de los casos se identificaron entre una y tres redes de crimen organizado.
“La piratería es una forma fácil y rápida para los grupos delictivos de obtener recursos de manera mucho menos riesgosa que la trata de personas o el tráfico de drogas”, señaló el titular del IMPI al advertir sobre los riesgos que representa este mercado ilegal para la seguridad pública.
El impacto económico también fue documentado por el instituto. El 75 por ciento de los mercados reporta pérdidas para el comercio formal local, 60 por ciento señala evasión fiscal y 58 por ciento violación de derechos de propiedad industrial, lo que coloca al fenómeno como un problema que afecta tanto a empresas como a consumidores y autoridades.
La coordinadora de Planeación Estratégica del IMPI, Diana Corona Meneses, aclaró que el estudio no debe entenderse como un censo definitivo, sino como un primer mapeo elaborado con información voluntaria proporcionada por gobiernos estatales. Además, destacó que la mayoría de estos mercados tiene menos de 10 años de existencia, lo que apunta a una expansión reciente de la piratería.
El reporte forma parte de la estrategia Operación Limpieza, impulsada por la Secretaría de Economía, mediante la cual se han realizado 20 operativos y asegurado más de 7 millones de unidades de mercancía apócrifa, con un valor aproximado de 935 millones de pesos. En ese contexto, la inclusión de Coahuila entre los estados con más mercados pirata refleja la necesidad de reforzar la vigilancia y la coordinación institucional para contener la expansión del comercio ilegal.
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