Coahuila entre las 10 entidades con menor impunidad

Por Juan Rocha

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Coahuila es la novena entidad con menor impunidad en el país y la tercera con mayor avance en las condiciones necesarias para la adecuada operación del sistema de justicia penal, así lo muestran datos del reporte “Hallazgos desde lo local 2021: Coahuila”, elaborado por México Evalúa.

Al analizar la impunidad por delito, el análisis muestra que Coahuila es el estado con menor impunidad en secuestro (33.3%), el segundo con menor impunidad en homicidio (76.2%) y el tercero con menor impunidad en violencia familiar (77.2%).

Asimismo, la evaluación refleja que existe un avance considerable en la mejora de la efectividad del sistema de justicia penal en el estado.

Hubo un incremento del 104.9% en el número total de policías de investigación de la Fiscalía, así como avances en el desarrollo del modelo de investigación criminal y en el seguimiento de los fenómenos criminales. 

La cantidad de defensores públicos aumentó en 109.5%, y su carga de trabajo disminuyó 36.6%.

El 98% de los casos judicializados por el Ministerio Público logran una vinculación a proceso (cuarto lugar nacional).

“Los datos del reporte nos revelan que en Coahuila existe un esfuerzo interinstitucional que se refleja en el avance en coordinación, planeación y cooperación entre las instituciones de justicia penal; no obstante, se deben instrumentar mayores esfuerzos de investigación para que los delitos se investiguen y se resuelvan con mayor efectividad”, apuntó Chrístel Rosales, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa.

Un dato que revela las áreas de oportunidad es que en Coahuila existen apenas 12.8 fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. La carga de trabajo de cada uno de estos agentes durante 2021 fue de 142 carpetas de investigación, un aumento del 15.9% respecto a 2020. Esta carga está por encima de la media nacional, que es de 127 carpetas por agente. 

El reporte Hallazgos desde lo local 2021: Coahuila también identifica y describe buenas prácticas en el estado, para su visibilización y posible réplica en otras entidades, es el caso del Programa Especial de Procuración de Justicia para los Niños, Niñas y la Familia, la creación del Centro Regional de Identificación Humana, los juzgados especializados en Violencia Familiar contra la Mujer y las herramientas digitales para el desarrollo de audiencias.


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