Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 17/06/26 (Más).- Coahuila sólo eligió diputaciones, pero terminó litigando de todo. Una contienda de apenas 16 distritos de mayoría relativa, con 7 partidos o coaliciones en competencia, acabó convertida en una guerra de expedientes con quejas de fiscalización, impugnaciones de registros, recursos ante tribunales, denuncias poselectorales, acusaciones cruzadas y hasta una demanda De juicio político contra el gobernador, hicieron parecer enorme una elección que se penaba pequeña.
No es que Coahuila haya llegado virgen de pleitos electorales a 2026. La elección municipal de 2024 también dejó una larga cauda de recursos, procedimientos especiales sancionadores, denuncias por violencia política, disputas por registros, cómputos, regidurías, constancias y nulidades. Pero la elección legislativa de 2026 rompió la proporción.
Sólo en materia de fiscalización ante el INE acumuló 89 procedimientos sancionadores, pese a que únicamente estaban en juego 25 curules, 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.
El contraste, en 2024, cuando se renovaron los 38 ayuntamientos de Coahuila, el corte de fiscalización del INE permitía identificar cuatro procedimientos locales con ámbito estatal. En 2026, con una elección mucho más acotada, el listado llegó a 89. Dicho de otro modo, la elección de alcaldes tuvo un procedimiento local de fiscalización por cada 9.5 municipios; la elección legislativa tuvo más de cinco procedimientos por cada distrito de mayoría.
Por eso, más que una elección competida en las urnas, la de 2026 terminó como una elección peleada en escritorios jurídicos. No se trató sólo de contar votos, sino de documentar gastos, perseguir omisiones, denunciar propaganda, impugnar candidaturas, cuestionar registros y, al final, buscar la nulidad de todas las diputaciones de mayoría.
El mapa de promoventes muestra una contienda legal desigual en volumen. El partido Nuevas Ideas fue, por mucho, el actor más activo en fiscalización: de los 89 procedimientos registrados ante el INE, 69 fueron promovidos por ese partido o por su representación. Sus quejas se dirigieron principalmente contra candidaturas de Morena y del PT, por presunta omisión de gastos, subvaluación de propaganda, bardas, lonas, spots, eventos, publicaciones en redes sociales, propaganda utilitaria y posibles rebases de topes de campaña.
El dato pesa políticamente porque Nuevas Ideas, partido local de reciente aparición, no ganó distritos, pero sí terminó dominando la ruta de quejas de fiscalización: concentró alrededor de tres de cada cuatro procedimientos abiertos ante el INE en el proceso local, un volumen inusual para una fuerza que apenas debutaba en las urnas.
El PAN abrió otro frente, sobre todo contra Morena al presentar 12 procedimientos, casi todos relacionados con la etapa de precampaña, en los que denunció presuntos gastos no reportados por publicaciones en Facebook, eventos, propaganda, pautado digital, utilitarios y posibles aportaciones de entes impedidos. La mayoría de esos expedientes ya aparece como resuelta en los listados de fiscalización.
Morena también promovió quejas de fiscalización, aunque en menor número. Sus denuncias se dirigieron contra candidaturas del PRI, la coalición PRI-UDC y el PAN, por posibles actos anticipados, gastos no reportados, aportaciones indebidas, uso de propaganda, eventos y beneficios electorales no fiscalizados. Después de la jornada, sin embargo, Morena elevó el conflicto a una ruta más amplia: anunció una ofensiva para pedir la nulidad de las 16 diputaciones de mayoría relativa.
El PRI litigó en dos pistas: en fiscalización presentó al menos dos quejas contra candidaturas de Morena y la coalición Morena-PT, entre ellas una contra Antonio Attolini Murra por presuntos actos anticipados y omisión de gastos, y otra por supuesto pago de estructuras de representación de casilla y posible rebase de topes. En tribunales, además, promovió una decena de impugnaciones contra registros de candidaturas de Morena-PT en distintos distritos.
Esa ruta jurisdiccional empezó antes de la elección. El PRI alegó fallas en requisitos de elegibilidad, residencia o procedimientos internos de selección de candidaturas de Morena-PT. Sin embargo, la Sala Regional Monterrey confirmó los registros impugnados y cerró el paso a esos reclamos.
Morena también combatió registros de candidaturas de la coalición PRI-UDC en los distritos 11 y 16, pero sus juicios fueron desechados por falta de legitimación procesal.
El pleito creció después de la jornada electoral. Morena anunció que solicitará la nulidad de las 16 diputaciones de mayoría relativa bajo acusaciones de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación de servidores públicos, uso electoral de programas sociales, intimidación, violencia política de género, rebase de topes e irregularidades en 962 casillas, equivalentes a más de una quinta parte de las instaladas.
La ofensiva poselectoral no se quedó en tribunales electorales. Morena también anunció denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera. El PT, por su parte, ratificó una demanda de juicio político contra autoridades estatales por presunta intervención en la elección.
A ese tablero se sumó México Avante, partido local que anticipó que impugnará la pérdida de su registro luego de obtener 7 mil 227 votos, equivalentes al 0.58 por ciento de la votación. Su dirigencia atribuyó el resultado a condiciones de inequidad y anunció que buscará defender su permanencia por la vía legal.
El resultado es una elección que se volvió más grande en expedientes que en territorio. La elección municipal de 2024 fue litigiosa en varios frentes, pero se desarrolló sobre una cancha mucho más amplia: 38 ayuntamientos, con alcaldías, sindicaturas y regidurías en juego. La de 2026, en cambio, tuvo sólo 16 distritos de mayoría y aun así acumuló 89 procedimientos de fiscalización, más impugnaciones de registros, recursos federales y denuncias poselectorales.
La diferencia no está sólo en el número, sino en la densidad. La elección legislativa produjo más de cinco procedimientos de fiscalización por distrito, además de una cadena de recursos que pasó por el INE, el Tribunal Electoral local, la Sala Regional Monterrey, la Fiscalía Electoral, la UIF y hasta la Cámara de Diputados por la vía del juicio político.
Muchas de las denuncias todavía no están probadas y otras siguen en recepción, prevención o sustanciación. Pero el volumen de expedientes ya dice algo por sí mismo: la elección de Coahuila no terminó el día de la jornada electoral. Terminó, más bien, repartida entre urnas, tribunales, fiscalizadores y carpetas de denuncia.
En las boletas había 16 distritos. En los expedientes, una elección mucho más grande.
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