Ciudad de México, 26/12/2024 (Más / IA).- Coahuila figura entre los estados más afectados por el diseño actual del pacto fiscal en México, al ser la cuarta entidad con menos participaciones federales per cápita, según un análisis publicado por El Economista. A pesar de ser una región con importante actividad económica, enfrenta una desventaja en la distribución de recursos, lo que limita su capacidad para implementar políticas locales autónomas y responder a necesidades específicas de su población.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) busca equilibrar la distribución de recursos entre estados y municipios, pero su fórmula de asignación ha provocado disparidades significativas. Mientras entidades como Chiapas y Oaxaca reciben mayores recursos per cápita debido a su menor desarrollo económico, estados como Coahuila, Nuevo León y Jalisco dependen más de sus ingresos propios, señaló El Economista. En 2023, el gasto federalizado representó hasta el 80 por ciento de los ingresos totales de las entidades federativas, lo que evidencia una alta dependencia de las transferencias federales.
La dependencia estructural en las transferencias también ha frenado el crecimiento de los ingresos propios de los estados. Entre 2018 y 2023, estos ingresos apenas crecieron 1.62 por ciento en términos reales, mientras que las transferencias federales superaron los 2.4 billones de pesos en el último año, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este modelo reduce los incentivos para que los estados fortalezcan su recaudación local y limita su capacidad de inversión en proyectos de alto impacto.
El SNCF, creado en 1980, está regulado por la Ley de Coordinación Fiscal y establece las bases para la asignación de participaciones y aportaciones federales. Las participaciones son recursos de libre disposición, mientras que las aportaciones están etiquetadas para sectores específicos como educación, salud e infraestructura. Este sistema tiene como objetivo evitar la duplicidad de impuestos y garantizar una distribución equitativa de los recursos, pero en la práctica impone restricciones que afectan la autonomía fiscal de los estados.
El federalismo fiscal mexicano tiene sus raíces en la Constitución de 1824 y ha evolucionado para responder a las necesidades de coordinación nacional. Sin embargo, la rigidez del marco actual ha generado propuestas para reformar el sistema. Estas incluyen revisar la fórmula de distribución para incentivar el desarrollo económico de los estados con menor ingreso, fortalecer la recaudación local a través de metas claras y permitir mayor flexibilidad en el uso de las transferencias, destacó El Economista.
En la última década, las diferencias en el gasto federalizado han evidenciado la variabilidad en los ingresos estatales. Estados como Nuevo León y Jalisco, con economías más robustas, tienen menor dependencia de las transferencias, mientras que las regiones de menor desarrollo económico se ven beneficiadas por el principio redistributivo del SNCF. No obstante, este esquema también puede perpetuar la dependencia en lugar de fomentar un desarrollo económico sostenible.
Para enfrentar estos desafíos, expertos proponen fomentar una cultura de responsabilidad fiscal que reduzca la dependencia en las transferencias y promueva prácticas de financiamiento más responsables. Reforzar los ingresos propios mediante reformas en la Ley de Coordinación Fiscal y flexibilizar las aportaciones etiquetadas son medidas que podrían incrementar la autonomía de los estados y fortalecer su capacidad de respuesta a las necesidades locales.
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