Ciudad de México, 02/04/25 (Más / IA).- El gobierno federal ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos institucionales y ampliar el acceso a información clave para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, surge tras el impacto social provocado por hallazgos recientes en Jalisco, donde colectivos de madres buscadoras revelaron la existencia de un centro de exterminio operado por el crimen organizado, lo que evidenció la urgencia de mejorar los instrumentos legales y operativos del Estado.
Una de las principales modificaciones planteadas en la reforma es el robustecimiento del uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que se convertirá en la fuente exclusiva de identidad para asociar a una persona con cualquier registro público o privado. La CURP se integrará con nuevos elementos biométricos, como huellas dactilares y fotografía, y estará vinculada con registros del Sistema Nacional de Salud, la Plataforma Única de Identidad y otras bases creadas para este fin.
Asimismo, se contempla la creación de nuevas plataformas digitales: la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualizada en tiempo real por las fiscalías; y un Registro Administrativo de Datos Biométricos, que permitirá unificar información identificativa de las personas para facilitar su búsqueda.
La iniciativa también establece una obligación directa a instituciones privadas de sectores como salud, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, mensajería y tecnología, para facilitar la consulta de sus bases de datos a autoridades de procuración de justicia, seguridad pública y al Centro Nacional de Inteligencia. Si estas empresas cuentan con datos biométricos o registros relevantes, deberán permitir el acceso inmediato a las fiscalías, así como remitir información forense al Banco Nacional de Datos Forenses en caso de resguardar cuerpos o restos humanos.
Además, se obliga a las organizaciones que generen o posean imágenes y mediciones satelitales o de aeronaves no tripuladas a compartir esta información con las autoridades para apoyar labores de búsqueda. El incumplimiento de estas disposiciones por parte de particulares será sancionado con multas de hasta 20 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a más de 2 millones 200 mil pesos.
Otro eje central de la reforma son los incentivos penales para obtener información de personas involucradas en delitos de desaparición. Se propone reducir las penas en casos donde los responsables colaboren con las autoridades, ya sea liberando a las víctimas dentro de los primeros diez días, proporcionando datos para su localización con vida o del cuerpo, o identificando a otros responsables. Las reducciones van desde un tercio hasta dos terceras partes de la condena, dependiendo del nivel de colaboración.
Asimismo, quienes no hayan participado directamente en la privación de libertad o de la vida, pero aporten datos útiles, podrán recibir condenas menores, con penas de hasta doce años de prisión y multas económicas.
La reforma también incorpora cambios a la Ley General de Población para que la CURP incluya datos como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, fotografía y huellas digitales, vinculando esta información a registros clave para la búsqueda de personas.
Con esta propuesta, el gobierno federal busca integrar capacidades institucionales, tecnologías avanzadas y colaboración entre sectores público y privado, en respuesta a una de las problemáticas más dolorosas y urgentes del país.
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