San Luis Potosí, 16/05/25 (Más).- La Coordinación Estatal de Protección Civil clausuró el asilo Santa Rosa, ubicado en la capital potosina, luego de que se difundieran en redes sociales videos en los que se evidencian actos de maltrato físico y verbal en contra de personas adultas mayores residentes del lugar.
Las imágenes comenzaron a circular el miércoles e incluyen escenas en las que una mujer joven sube sobre las piernas de una adulta mayor y le exige que la arrulle, mientras un hombre también agrede a otros residentes. A raíz de estos hechos, una denuncia ciudadana alertó a las autoridades, quienes organizaron un operativo de intervención.
Durante la inspección, además de las agresiones documentadas, las autoridades detectaron diversas irregularidades que ponían en riesgo a las y los residentes. De acuerdo con el director estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, el asilo no contaba con los permisos necesarios para operar ni con un Programa Interno de Protección Civil.
Asimismo, carecía de medidas básicas de seguridad como extintores, señalética, rutas de evacuación, botiquines de primeros auxilios, lámparas de emergencia y un adecuado manejo de residuos y materiales peligrosos.
“Debido a las malas condiciones en las que operaba y al no cumplir con protocolos en materia de protección civil, se realizó la clausura del lugar”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.
Como parte del operativo, fueron rescatadas diez personas adultas mayores, cuatro mujeres y seis hombres, quienes fueron trasladadas a la Casa de los Potosinos, un albergue administrado por el gobierno estatal destinado a niñas y personas mayores en situación de vulnerabilidad.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) asumió la custodia de las y los residentes del asilo clausurado, comprometiéndose a garantizar su seguridad, salud física y emocional, así como el respeto pleno a sus derechos humanos.
En el operativo participaron también elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Servicios de Salud, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal.
Hasta el momento, no se ha informado si existen personas detenidas como resultado de la investigación ni si se han presentado cargos formales por los actos de maltrato o las irregularidades administrativas. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.
El caso ha generado indignación pública y ha reabierto el debate sobre la supervisión de los espacios que atienden a población en situación de vulnerabilidad, particularmente los centros de cuidado de adultos mayores, muchos de los cuales operan en condiciones precarias o fuera de la legalidad.
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