Cinco meses de advertencias y un expediente atorado

Arsenal

Por Francisco Garfias

Ya hasta parece vacilada la amenaza de Sarah Carter, zarina antidrogas de Estados Unidos, de ir en contra los políticos que pactan o ayudan a los cárteles de la droga, sean mexicanos o estadunidenses. “Los buscaremos y los haremos rendir cuentas”, dijo en entrevista con Univisión.

La voz desafiante añadió: “Hablamos en serio y haremos exactamente lo que decimos… El presidente Trump ha sido claro: ante sospecha de colaboración o apoyo a los cárteles, Estados Unidos tiene derecho a revocar visas y tomar otras medidas para proteger a su población”.

La amenaza se ha repetido de forma constante en voz del propio presidente Trump, de Marco Rubio, de Terrance Cole, del fiscal Todd Blanche. La hemos visto también en documentos oficiales.  El jefe de la Casa Blanca llegó incluso a decir que que si México no hace el trabajo, “lo haremos nosotros”.

 ¿Son palabras? El 29 de abril pasado, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención, con fines de extradición, del gobernador Rocha Moya y otros nueve funcionarios públicos de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza. Los acusan de pactar con Los Chapitos. El Departamento de Justicia de EU pasó de la amenaza a la acción judicial. Iban en serio, o eso parecía, pero, hasta ahora, nada.

Han transcurrido 146 días desde la solicitud. Rocha Moya pidió licencia, volvió por 33 horas a Palacio de Gobierno, renovó licencia, pero esta vez definitiva. Sigue tranquilo en su tierra.

Peor aún es el caso del senador Inzunza. Está en funciones, aunque separado, aparentemente, de la bancada de Morena. Hasta hoy, México no ha detenido a los señalados ni ha avanzado un proceso de extradición. La FGR ha sostenido que la solicitud de EU no trae pruebas suficientes para extraditarlos.

En todo esto hay un matiz legal importante: el plazo de 60 días del tratado de extradición no empieza a correr con la acusación pública ni con la carta a la SRE. Empieza cuando México ejecuta una detención provisional. Como esa detención no se ha hecho, el reloj no se ha activado. Por eso, en la práctica, “no ha pasado nada” en el sentido que pregunta la gente: nadie de esa lista ha sido detenido, ni enviado a Estados Unidos.

Dos se entregaron voluntariamente: Gerardo Mérida, secretario de Seguridad en el gabinete de Rocha Moya; y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas.

* El riesgo de división más inmediato en el seno de la alianza oficialista es con el PT. El partido de Alberto Anaya ya dijo que la relación está “pausada” y amenazó con postular por su cuenta a los perdedores de la interna de Morena en estados como Zacatecas (Geovanna Bañuelos), Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua. Sólo ha respaldado abiertamente tres de las diez designaciones hechas hasta ahora.

Interrogado sobre la posibilidad de una fractura con Morena, Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, declaró ayer: “Sí puede haber fractura. Morena se siente sobrada, se siente capaz. Como no hay adversarios por la derecha, desdeña a los aliados, diciendo que pueden solos. Están totalmente equivocados”.

En la Cámara de Senadores también fueron tema las tensiones PT-Morena. En entrevista banquetera, Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva, dio su punto de vista sobre los jaloneos con el PT. Dijo: “No tenemos forma de aplastar a los aliados de Morena. Nunca hemos tenido esa intención. Nos necesitamos. Necesitamos al Verde, necesitamos al PT desde el 2018. Somos de origen distinto. Tenemos diferencias. El arte ha sido aprender a convivir con esas diferencias.

“No es que no se les dé nada. Es que los que deben salir, deben salir”, puntualizó.

Higinio se puso de ejemplo. Quería ser candidato a gobernador en el Estado de México en 2023. No lo fue. “A las dos horas ­–contó– publiqué un video de apoyo a la maestra Delfina y de reconocimiento al resultado. ¿Estaba yo feliz? No. Me duró dos días el sentimiento y seguí adelante.

La bronca no es sólo con el PT. En el seno mismo de Morena hay militantes que se sienten burlados. En el WTC, convertido en la Casa de los Destapes de los virtuales candidatos, se han escuchado gritos de “¡Fraude! ¡Fraude!”, por parte de seguidores de Eduardo Marín Mollinedo en el destape de Eugenio Segura, en Quintana Roo, o en el de Verónica Rodríguez, en Zacatecas.

Están también las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco y aspirante a la gubernatura de Guerrero, Abelina López. “Ganaron las encuestas de papel, pero yo tengo la encuesta real, la del pueblo”, dijo la perdedora. La cosa está caliente y faltan todavía siete “corcholatas” por destapar: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Tampoco se han definido los aspirantes a diputados federales, diputados locales y alcaldes.

Dentro de Morena hay pugnas entre grupos locales y gobernadores que quieren imponer a sus gente y militancia que acusa “dedazo” o que se privilegia a perfiles cercanos a Sheinbaum o a ciertas corrientes. Y no tienen la disciplina del viejo PRI.