Cierran oficinas agrarias en Saltillo

Saltillo, Coahuila, 05/03/26 (Más).- El cierre de las oficinas del Registro Nacional Agrario (RAN) y de la Procuraduría Agraria en Coahuila mantiene sin atención a cientos e incluso miles de personas que requieren realizar trámites relacionados con la tenencia de la tierra, lo que ha dejado diversos procedimientos legales y administrativos en materia agraria prácticamente detenidos en la entidad.

De acuerdo con información publicada por el portal Info 7 Coahuila, actualmente no existe servicio ni orientación para quienes buscan dar seguimiento a trámites vinculados con terrenos ejidales y parcelas, situación que afecta principalmente a campesinos y pequeños propietarios que dependen de estas instancias federales para regularizar su situación jurídica.

Durante una visita realizada por ese medio, se constató que ambos inmuebles permanecen cerrados y prácticamente abandonados. Las oficinas de la Procuraduría Agraria, ubicadas sobre la calle Corona, así como las del RAN, en Venustiano Carranza, fueron desalojadas presuntamente por la falta de pago de renta a los propietarios de los edificios, lo que habría derivado en la suspensión total de actividades.

Entre los principales trámites que se realizaban en estas oficinas se encuentran la certificación y regularización de parcelas y solares ejidales, la inscripción de derechos agrarios, la expedición de certificados parcelarios y de uso común, la actualización de padrones ejidales, así como la asesoría y representación legal para la solución de conflictos agrarios. También se atendían procedimientos de sucesión de derechos ejidales y la inscripción de actos jurídicos relacionados con la propiedad social.

Las oficinas tenían cobertura para diversos municipios de la región sureste de Coahuila, atendiendo principalmente a ejidatarios y comuneros de localidades cercanas a Saltillo y de otras zonas del estado que acudían a estas dependencias para realizar trámites vinculados con la regularización y registro de sus tierras.

Usuarios afectados señalaron que la problemática obedece a la falta de responsabilidad y recursos por parte de autoridades federales para mantener abiertas las oficinas, lo que ha generado incertidumbre y retrasos significativos en procesos legales agrarios que dependen de la operación de estas dependencias.