Sacramento, 18/04/24 (Más / IA).- Ante la creciente ola de cierres de salas de maternidad en California, legisladores estatales están tomando medidas para contrarrestar esta tendencia que amenaza el acceso a la atención prenatal y obstétrica.
En lo que va del año, cuatro hospitales han cerrado o anunciado el cierre de sus departamentos de maternidad, sumándose a los 29 que han dejado de ofrecer estos servicios en los últimos tres años.
La asambleísta Akilah Weber y el senador Dave Cortese están liderando esfuerzos legislativos para incrementar la transparencia en torno a los cierres planificados y proporcionar a los condados y al estado la oportunidad de intervenir.
Weber propone que los hospitales notifiquen al estado con un año de antelación sobre cualquier riesgo de terminación de servicios de parto, mientras que Cortese busca extender el período de notificación pública de 90 a 120 días y obligar a los hospitales a analizar el impacto potencial de dichos cierres.
La medida de Weber también exige que el estado realice un informe de impacto comunitario cuando un hospital indique la posibilidad de perder la atención de maternidad.
Por su parte, Cortese enfatiza la necesidad de evaluar cómo los cierres podrían incrementar los costos para el sistema de salud del condado y afectar a la población más vulnerable.
Grupos médicos y defensores de la salud reproductiva han expresado su apoyo a estas iniciativas legislativas, destacando la importancia de mantener servicios de maternidad accesibles y de calidad.
Ryan Spencer, representante del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, subrayó la urgencia de la situación, señalando que en emergencias obstétricas, “cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.
Los administradores hospitalarios citan múltiples factores detrás de los cierres, incluyendo la escasez de mano de obra, costos crecientes, bajos reembolsos y una disminución en las tasas de natalidad.
Sin embargo, la Asociación de Hospitales de California se opone a las propuestas legislativas, argumentando que no abordan las causas fundamentales de los cierres y podrían precipitar la cancelación de servicios.
La actual legislación estatal solo exige una notificación pública de 90 días antes de un corte de servicio propuesto, sin requerir notificación adicional al estado. Weber sostiene que este plazo es insuficiente para una intervención estatal efectiva, lo que subraya la necesidad de una legislación que permita una respuesta más proactiva ante el cierre de salas de maternidad.
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