Astillero
Por Julio Hernández López
La Presidenta de México habría visto reducirse de manera ruidosa su margen de acción política eficaz si en Chihuahua la virtual candidatura morenista al gobierno hubiera quedado en Andrea Chávez Treviño, entendida la senadora con licencia como carta promovida y defendida por Adán Augusto López Hernández, el retador tabasqueño que ha tratado de hacerse sentir como operador transexenal por fuera e incluso en contra de los proyectos políticos, legislativos y electorales de Palacio Nacional.
Con una juventud que le podría permitir la participación en muchos procesos electorales más (cumplirá 30 años el próximo marzo), y con una base social labrada con el pragmatismo que domina la construcción de carreras políticas (ha sido diputada federal y es senadora con licencia), Chávez Treviño habrá de definir la forma de procesar esta derrota interna, ya sea aceptando otro cargo o encargo, reforzando o distanciándose de la matriz adanista o incluso yendo hacia otro partido.
Beneficiario de este duelo político de altura, ganado esta vez por la Presidencia, ha sido Cruz Pérez Cuéllar, presidente con licencia de Ciudad Juárez, quien presidió dos veces el comité estatal del Partido Acción Nacional, bajo cuyas siglas fue diputado local, dos veces diputado federal y aspirante a otros cargos. En 2015 renunció al blanquiazul y pasó a Movimiento Ciudadano, como candidato externo a gobernador.
En 2018 apareció como abanderado de Morena a una senaduría y ahora se enfila a gobernar la entidad. Su talante político ha sido represivo y se menciona con frecuencia que ha tenido entendimientos con el priísta César Duarte, que a su vez ha sido una fuente de apoyo a la actual gobernadora panista, Maru Campos.
Otra designación que por horario no pudo ser abordada en la entrega anterior de esta columna fue la de Manuel Alejandro Cota Cárdenas (34 años de edad) para competir por Baja California Sur. Es hijo de Leonel Cota Montaño, quien luego de una etapa priísta entró al PRD y alineado con Andrés Manuel López Obrador fue gobernador de la entidad, presidente nacional del sol azteca, subsecretario federal de seguridad pública y director, con ánimo de control de daños, de Segalmex.
Cota Cárdenas pertenece al partido de las cuatro mentiras (PVEM) y con esta designación tal negocio político consiguió tres de las siete postulaciones del lunes (la otra, en Nayarit con Jasmine Bugarín y en San Luis Potosí virtualmente con la extraña postulación con aire cedente de Elí César Cervantes Rojas).
A sus propias cuitas, la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agregó el activismo, siempre bajo mucho más que sospechas de tráfico de influencias y corrupción, de su esposo, Carlos Torres Torres, de carrera política hecha en el Partido Acción Nacional (Felipe Calderón y Margarita Zavala fueron testigos de su primer matrimonio), a quien ella designó coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos. Un extraordinario nombramiento para acordar con empresarios e inversionistas la realización de proyectos con dinero público y privado. Eso sí, el nombramiento fue hecho a título honorario.
Torres Torres y Ávila Olmeda firmaron su divorcio el 24 de noviembre de 2025, unos seis meses después de que Estados Unidos les había retirado la visa correspondiente. Ahora, una oficina del Departamento del Tesoro ha acusado a 25 entidades corporativas y 21 personas físicas (entre éstas, el ex esposo de la gobernadora y un hermano de aquel) de tener ligas con el cártel de Sinaloa y, por tanto, ha asestado sanciones en los terrenos económico y financiero, que México ha replicado en lo posible. A pesar de todo, la gobernadora Ávila Olmeda, en línea con la conducta asumida en su momento por el sinaloense Rubén Rocha Moya, se mantiene en el ejercicio de un poder herido y tambaleante.
Y, mientras crece el rechazo a la pretensión de establecer una “verdad crematoria” en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ¡hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero
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