Hasta antes del sábado 18 de abril de 2026, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tenía cuatro fichas para la candidatura del Partido Acción Nacional para sucederla en el Gobierno estatal en las elecciones de 2027: Santiago de la Peña Grajeda, su Secretario General de Gobierno; Marco Antonio Bonilla Mendoza, Alcalde de Chihuahua; Gilberto Loya Chávez, Secretario de Seguridad; y César Jáuregui Moreno, el Fiscal General del Estado, por cierto entidad que en aquel estado no es autónoma, sino que dependen del Ejecutivo, en este caso la Ejecutiva.
Pero la fatalidad alcanzó al Gobierno de Campos aquel abril de 2026, luego de un “gran descubrimiento”, un mega laboratorio del narcotráfico, y cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua venían de regreso bajando la sinuosa Sierra que los había llevado hasta el Pinal -donde se encontraba el laboratorio clandestino-, una de las unidades se desbarrancó, cayó varios metros al precipicio donde se incendió debido a bidones de gasolina que transportaba.
En la unidad siniestrada de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua viajaban cuatro personas, las cuatro murieron calcinadas. Se sabría después que dos de los fallecidos eran agentes de la CIA, y los otros dos, Pedro Oseguera Cervantes, director de la Agencia, y su escolta, el agente Manuel Méndez.
Posteriormente, la versión oficial indicó que, cuando descendían por la Sierra los de la Agencia de Investigación, habían encontrado a los dos agentes de la CIA y les habían dado un aventón. Más adelante, esa información sustentada por el Fiscal Jáuregui se vino a tierra. La realidad es que los dos agentes norteamericanos que fallecieron, y dos más que iban en la comitiva chihuahuense, estaban colaborando activamente con la Agencia Estatal de Investigación, dependiente de la Fiscalía, en la localización del laboratorio del narco. Entonces se desató una guerra política entre el Gobierno de la República, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el de Chihuahua, titulado por Maru Campos, que, a decir de esta última, llegó a los gritos entre las dos gobernantes.
Aunque primero se acusó a la Gobernadora Campos de traición a la patria, el señalamiento no se formalizó en el caso de la panista, pero sí contra su Fiscal, César Jáuregui Moreno, y sobre Guillermo Zuany Portillo, quien ese abril era Fiscal de Operaciones Estratégicas; al primero lo detuvieron el 17 de octubre de 2026 y el segundo continúa prófugo.
Un reciente reportaje del periódico de los Estados Unidos, The New York Times, de la autoría de Steve Fisher y Jack Nicas, confirma la versión muy sugerida por el Gobierno de la República Mexicana, y negada por el de Chihuahua, que la CIA realizó varios operativos en campo contra el narcotráfico en suelo mexicano, con el apoyo de la Fiscalía general del Estado de Chihuahua, específicamente de la mano de Guillermo Zuany Portillo.
Por lo menos, durante los seis meses anteriores al accidente del 18 de abril de 2026, la CIA laboró con Zuany en Chihuahua, incluso utilizando no solo armas sino insignias y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación. Lo que confirmaría la posición de la Presidencia de México, de haber realizado esta colaboración de manera extraoficial, sin la autorización del Gobierno federal, y terminaría en la acusación de traición a la patria en materia de seguridad nacional, al permitir, el Fiscal, y ahora se sabe el Fiscal de operaciones estratégicas, que personas extranjeras intervinieran en suelo mexicano, en acciones que nada más corresponden a las fuerzas federales.
El reportaje de Fisher y Nicas reveló, además, que el acuerdo de la CIA con Guillermo Zuany Portillo, se logró debido a que al mexicano le habían retirado la visa, como a gobernadores y otros funcionarios, debido a las pruebas que en la Unión Americana tenían sobre las relaciones de este y los cárteles de la droga. El acuerdo fue que, si colaboraba con los norteamericanos, su visa le sería regresada – ¿le suena familiar la trama? -, y así sucedió. Según dan cuenta los periodistas de The New York Times, Zuany recuperó su visa cuando colaboró para que se diera la coordinación entre la Fiscalía de Chihuahua y la CIA, para que sus agentes entraran a México y participaran de los operativos con la policía local.
Todo esto que ahora se sabe, en gran medida por reportes periodísticos, pero también por posteriores informaciones de la Giscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, no se hubiese conocido sino sucede el siniestro del 18 de abril cuando fallecieron los cuatro agentes, dos mexicanos, dos estadounidenses.
Es evidente que el Fiscal de operaciones estratégicas, Guillermo Zuany Portillo, no actuaría sin autorización de su superior, con todo y que le garantizaron el regreso de su visa norteamericana, requería el apoyo de su jefe, el Fiscal César Jáuregui Moreno, para coordinar la colaboración de la CIA, lo que tan se dio, que fue Jáuregui quien el 19 de abril dio una conferencia de prensa donde informó los hechos, y se adjudicaba el aseguramiento del mega laboratorio del narcotráfico.
Por entonces, había una justa política por ver quién de los cuatro que eran los prospectos de la Gobernadora Maru Campos para ser candidato a sucederla en el Gobierno del Estado, de manera muy particular entre el Secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez, y el Fiscal, César Jáuregui Moreno. Uno y otro presumían sus logros en materia de seguridad con la intención de ganarse no solo el afecto electoral de la mandataria estatal, también el de la ciudadanía, a quien hacían del conocimiento lo que consideraban sus avances. Los del Secretario de Seguridad, y los del Fiscal, que ahora se sabe, fueron producto de la colaboración que su Fiscalía tuvo con la CIA.
Tanto Loya como Jáuregui politizaron la lucha contra el crimen, y eso llevó al segundo a estar preso por traición a la patria, y al primero a ocupar su lugar, pues hace no muchas semanas, Gilberto Loya Chávez fue designado por Maru Campos como Fiscal general del Estado de Chihuahua.
La cuestión es que con la revelación del The New York Times, se reveló que una agencia como la CIA utilizó la mala fama de un funcionario mexicano, el retiro de su visa de turista para adentrarse en los Estados Unidos, para negociar su colaboración en territorio mexicano, a lo cual accedió a cambio del reintegro de su visa, entonces ¿en cuántos otros estados de la República Mexicana esto está sucediendo? Por lo menos son cuatro entidades en las que sus gobernantes y algunos de sus funcionarios han sido despojados de sus visas, y en los cuatro estados, el tema del narcotráfico es puntual: Baja California, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa, territorios del Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación entre otros.
Por audios liberados por otro periodista, este mexicano, Héctor de Mauelón, se sabe que elementos de agencias de los Estados Unidos intentaron negociar con la Gobernadora de Baja California, aunque aseguraron no se llegó a ningún acuerdo. Los audios fueron conocidos y la mandataria estatal se desistió del intento, al menos público, de recuperar su visa.
Pero la revelación de los periodistas Fisher y Nicas indica que, para las agencias de los Estados Unidos, la revocación de una visa es punto de negociación, la pregunta ahora es cuántos traidores a la patria habrá.
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