Cesan a 3 funcionarios por caso Edith Guadalupe

La Fiscalía de la CDMX reconoce retraso de 15 horas en la atención de reporte de desaparición y abre investigación interna. Falta de atención institucional llevó a familia a buscar por su cuenta

Ciudad de México, 21/04/26 (Más).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México separó de sus cargos a tres servidores públicos por irregularidades detectadas en la atención del caso de Edith Guadalupe Valdés, la joven de 21 años víctima de feminicidio, en una investigación que ha quedado bajo cuestionamiento por la tardanza de las autoridades y las omisiones cometidas durante las primeras horas de su desaparición.

Con base en la información difundida por la Fiscalía capitalina, los funcionarios apartados son una agente del Ministerio Público y dos policías de investigación, quienes son indagados por presuntas omisiones y posibles actos de corrupción en la etapa inicial de la búsqueda, periodo en el que se produjo una dilación oficial de alrededor de 15 horas.

La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, defendió la solidez de la investigación y sostuvo que existen pruebas suficientes contra el principal sospechoso, identificado como Juan Jesús N., vigilante del inmueble al que Edith Guadalupe acudió por una supuesta oferta de trabajo.

Según la funcionaria, el detenido tenía bajo su control tanto el acceso al edificio como el sistema de videovigilancia al momento de los hechos.

No obstante, la propia fiscal reconoció que la respuesta institucional fue tardía, pese a que desde un inicio la familia había entregado información relevante para orientar la búsqueda. Esa falla derivó en la apertura de una investigación interna por posibles actos de negligencia y corrupción, además de la separación inmediata de los tres funcionarios señalados.

Entre las irregularidades detectadas, la Fiscalía explicó que la agente del Ministerio Público no incorporó correctamente el dato del domicilio proporcionado por los familiares, lo que impidió encauzar de manera adecuada las primeras diligencias.

En el caso de uno de los policías de investigación, la autoridad indicó que se trata del elemento acusado por la familia de presuntamente pedir dinero para acelerar la búsqueda. El segundo agente fue cesado porque, aun cuando ya se contaba con la dirección del inmueble señalado, no acudió al lugar durante su turno.

La fiscal Bertha Alcalde calificó como “injustificable” la dilación de 15 horas en la reacción institucional, una admisión que fortaleció los reclamos de la familia de la víctima, la cual desde el inicio denunció la falta de urgencia con que se manejó el caso.

A la par, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que los tres funcionarios ya fueron suspendidos y sostuvo que deberán enfrentar las consecuencias de su actuación, al advertir que no habrá impunidad.

Edith Guadalupe Valdés fue vista por última vez el miércoles pasado, luego de acudir a un inmueble ubicado en avenida Revolución por una oferta de trabajo. Su cuerpo fue hallado sin vida el viernes, después de que durante dos días sus familiares realizaran por cuenta propia diversas acciones para localizarla ante la falta de una respuesta efectiva de las autoridades.

De acuerdo con el recuento del caso, la familia reunió grabaciones de cámaras de seguridad, reconstruyó la ruta seguida por la joven hasta el edificio donde finalmente fue encontrada, acudió esa misma noche al inmueble para preguntar por ella y presentó la denuncia con la última ubicación enviada desde su teléfono celular. Al no obtener una reacción oportuna, incluso contrató a un investigador privado para continuar con la búsqueda.

Con el paso de las horas y frente a la ausencia de diligencias inmediatas, los familiares decidieron bloquear la zona y presionar públicamente a la Fiscalía para que ingresara al edificio, convencidos de que Edith Guadalupe aún permanecía ahí. En medio de esa exigencia, también denunciaron dilación oficial y presuntas solicitudes de dinero para agilizar el trabajo ministerial y policial.

Aunque la Fiscalía sostiene que el caso está sólidamente integrado y que cuenta con elementos suficientes contra el detenido, la investigación ha sido cuestionada por la familia, que además ha señalado presuntas presiones y amenazas contra el imputado. Estos señalamientos han colocado el caso bajo un mayor escrutinio público y han obligado a la autoridad a revisar su propia actuación.

La separación de la agente del Ministerio Público y de los dos policías de investigación ocurre en un contexto de creciente exigencia social por resultados reales frente a la violencia contra las mujeres en México.