Cerro del Pueblo

03/08/26

Por Heriberto Medina

“Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente.

Si un traidor puede más que unos cuantos,

que a esos cuantos no lo olviden fácilmente”

León Gieco

Un cuento

¿Quieren que les cuente un cuento? ¿No? Pues, como dijo Brozo, se aguantan, porque de todos modos se los voy a contar.

En 2004, hace 22 años, la Legislatura con mayoría priista tenía en sus manos un problema: estaba pendiente de aprobación la cuenta pública del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe correspondiente al periodo administrativo de 2000 a 2003, durante el cual fungió como alcalde el priista Roberto Gutiérrez Morales.

No era un asunto menor. El rumor generalizado era que la administración de Gutiérrez Morales no había entregado documento alguno y, por lo tanto, resultaba muy difícil aprobar su gestión financiera. Pero para un régimen omnipotente, como el del PRI en Coahuila y como el de Morena en México, no hay imposibles.

Para aprobar la cuenta pública buscaron un ayuntamiento gobernado por el PAN que tuviera un desorden similar al de Ramos Arizpe y lo encontraron en San Juan de Sabinas, mejor conocido como Nueva Rosita. La maniobra fue sencilla: si los diputados del PAN votaban a favor de la cuenta pública de Ramos Arizpe, los del PRI aprobarían la de Nueva Rosita. Así ocurrió: ambas cuentas fueron aprobadas.

Hasta ahí, todo iba saliendo como lo habían planeado los estrategas políticos. Sin embargo, un compañero periodista, Zitamar Arellano Trueba, buscó la verdad. La hipótesis era sencilla: el Congreso aprobó algo inexistente porque nunca se entregó la cuenta pública. Para comprobarla, en 2005, a menos de un año de la aprobación de la Ley de Transparencia, Arellano presentó una solicitud de información en la que pidió la cuenta pública de Ramos Arizpe.

La Auditoría Superior le negó la información y Zitamar impugnó la respuesta ante el ICAI. El instituto validó la negativa bajo la presión que habría recibido de la Secretaría de Gobierno del Estado. En ese año, el gobernador era Humberto Moreira y el secretario de Gobierno, Homero Ramos Gloria; sin embargo, era de todos sabido que quien ejercía de facto como secretario era el subsecretario Rubén Moreira.

El periodista se amparó contra la resolución del ICAI. En ese 2005, precisamente al concluir una conmemoración en la Rotonda de los Hombres Ilustres, a las puertas del Panteón de Santiago, en Saltillo, Rubén Moreira habló con Carlos Robles Nava, director y propietario de la desaparecida agencia de noticias SIP. Lo presionó directamente para que su reportero abandonara el proceso legal y dejara de moverle al tema.

Cuando Robles Nava llegó a las instalaciones de la agencia SIP, ubicadas en la calle Victoria, en el segundo piso del inmueble donde se encontraba el restaurante Arcasa, lo primero que hizo fue hablar con Zitamar. No necesitó muchas palabras: el mensaje fue claro. Estaba suspendido hasta que desistiera del juicio de amparo.

En los hechos, era un despido. El reportero tenía que decidir entre su dignidad profesional y su fuente de trabajo. Optó por su dignidad profesional, continuó con el proceso legal y perdió el empleo en el que llevaba más de diez años.

Arellano ganó el amparo en primera y segunda instancias. Para 2007, la Auditoría ya no tenía ningún recurso legal que interponer y se vio obligada a responder. Informó que, después de una búsqueda exhaustiva, no encontró en sus archivos ninguno de los documentos que constituían la cuenta pública.

El colectivo Fundar, de la Ciudad de México, brindó respaldo y representación legal a Zitamar. Sin embargo, las noticias que se desprendían de ese proceso no eran publicadas por ningún medio. ¿Qué raro que eso suceda en Coahuila? Cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia.

La respuesta de la Auditoría confirmó que el Congreso del Estado aprobó la cuenta pública de Ramos Arizpe sin contar con documentos que comprobaran el ejercicio de los recursos públicos.

La historia nunca fue conocida. Si los medios hubieran dado seguimiento puntual al caso y sus propietarios se hubieran comportado como periodistas valientes y no como mercaderes, tal vez los responsables del endeudamiento de Coahuila no se habrían atrevido a contratar los créditos.

Uno de los protagonistas de esta historia, que presionó a los medios para impedir que cumplieran con su trabajo, fue Rubén Moreira. Años después, ya como gobernador, su trato hacia los periodistas no fue precisamente respetuoso. Al menos a un directivo de un medio muy importante de Coahuila le llamaba a primera hora de la mañana para reclamarle a gritos por la publicación de alguna nota que afectaba sus intereses.

Durante su periodo de gobierno, por lo menos tres periodistas solicitaron protección al sentirse amenazados. Mediante un proceso legal cuestionable se despojó a Armando Castilla Galindo, director y propietario del periódico Vanguardia, del inmueble campestre llamado El Cielo. El hecho fue interpretado como una represalia y una amenaza para ejercer censura sobre ese medio de comunicación.

Durante el sexenio de Rubén Moreira se destinaron miles de millones de pesos a contratos publicitarios con los medios. En fin, toda una colección de conductas contrarias a la libertad de prensa que incluso podrían tipificarse como delitos.

Cómo da vueltas la vida: hoy, más de veinte años después, Rubén se presenta con la careta de defensor de la libertad de expresión y como paladín de la lucha contra la censura.

Resulta, por lo menos, sorprendente que Moreira salga ahora a denunciar los lineamientos sobre los derechos de las audiencias como una ley mordaza contra el ejercicio de la libertad de expresión. Seguramente, al hacer esa declaración, un hilillo de sangre corrió por la comisura de sus labios: se mordió la lengua.

Rubén no es ni puede ser, bajo ninguna circunstancia, defensor de la libertad de expresión; por el contrario, es un enemigo del periodismo libre.

Si todos están dispuestos a olvidar, nosotros no. Mantendremos viva la memoria y la conciencia colectiva.