Cerro del Pueblo

20/07/26

Por Heriberto Medina

El derecho al pataleo

Cuando inicié como reportero, a finales de la década de los ochenta, había un término común entre la clase política: el «derecho al pataleo», que consistía en la tolerancia, desde el poder, hacia las expresiones de descontento y protesta realizadas por quienes habían sido derrotados.

Era un concepto repugnante porque, en muchas ocasiones, los vencidos habían sido en realidad los verdaderos ganadores y, al mismo tiempo, las víctimas de una serie de manipulaciones para torcer la voluntad electoral, todo ello dentro de un régimen profundamente asimétrico, donde el partido gobernante era dueño de la cancha, del balón y del árbitro.

Escuchar la expresión «derecho al pataleo» remitía a la imagen de los opositores como niños haciendo berrinche, una pataleta porque no les habían querido cumplir un capricho. Reflejaba una realidad injusta e inexorable: así eran las cosas y no existía tribunal alguno que pudiera modificarlas; no había instancia jurídica que resolviera en contra de un triunfo priista en las urnas. Por eso se permitían las protestas y las acusaciones públicas, como una válvula de escape para aliviar la presión social.

No por nada el priato fue considerado por Enrique Krauze como una «dictablanda»: un grupo que acaparaba el poder, pero sin recurrir de manera sistemática a los excesos de la fuerza contra sus adversarios. Era el «ogro filantrópico» del que hablaba Octavio Paz.

Con el paso del tiempo, el derecho al pataleo cayó en desuso. Nunca pensé que llegaría a recordarlo como algo positivo, hasta ahora.

El lunes 8 de junio, un día después de la jornada electoral, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ofreció una conferencia de prensa en la que llamó a todas las fuerzas políticas a darle vuelta a la página y trabajar en unidad por Coahuila. «Es momento de darle vuelta a la página; quiero convocar a todas las fuerzas políticas de Coahuila a que cerremos filas por nuestro estado. Hablo a la unidad de los y las coahuilenses», dijo.

A juzgar por los hechos, nunca se dio vuelta a la página.

La noche del 9 de junio fueron detenidos los hermanos Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, y Antonio Flores, diputado local por el PT. La versión oficial fue que circulaban a exceso de velocidad; los elementos estatales los sometieron haciendo uso de la fuerza. Horas más tarde fueron liberados.

A partir de ese momento subieron de tono las publicaciones de Tania Flores en redes sociales, en las que hacía alusiones directas al gobernador. De alguna manera, desde entonces el conflicto adquirió un carácter personal.

El 30 de junio, los hermanos Flores protagonizaron una protesta en el Congreso del Estado, donde diputados de distintas fracciones parlamentarias consideraron que incurrieron en actos de acoso y violencia.

Unos días después, el 3 de julio, Tania Flores presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la detención de la que fue objeto y, al día siguiente, fue arrestada en Nuevo León. Actualmente se encuentra interna en el penal femenil de esa entidad, donde permanecerá, al menos, durante seis meses.

El proceso penal que enfrenta la exalcaldesa de Múzquiz está relacionado con sus actuaciones durante el desempeño de ese cargo público; sin embargo, resulta imposible separar el componente político.

Este caso evidencia cómo ha cambiado el ejercicio de la política. Si comparamos el discurso de la oposición actual con el de hace 35 años, seguramente encontraremos diferencias importantes. Una de ellas es el grado de personalización de las descalificaciones y la resonancia que ahora alcanzan a través de las redes sociales.

Ahora que se destina más dinero a los medios tradicionales y que en ellos se difunde una narrativa oficial sobre prácticamente cualquier tema con una armonía y una uniformidad que sorprenden, paradójicamente las redes sociales se han convertido en un espacio que escapa, al menos en parte, al control del aparato gubernamental.

Es cierto que cuando la descalificación recurre a asuntos personales se cruza una línea que nunca debería rebasarse. También lo es que la nueva clase política en el poder muestra un menor nivel de tolerancia hacia las críticas y los señalamientos, sobre todo aquellos que contienen un componente de ataque personal.

Con el caso de Tania Flores, el llamado «derecho al pataleo» puede declararse oficialmente extinto. En estos nuevos y enrarecidos tiempos, la prisión vuelve a convertirse en un lugar al que se envía a los opositores que no están dispuestos a ser domesticados. Es una muy mala noticia para todos, porque se van difuminando los límites que acotan el ejercicio de la autoridad y de ello nada bueno puede surgir.

A los gobiernos, al igual que a las edificaciones, se les aplica un mismo principio de arquitectura: lo que se opone sostiene. Atendiendo esa lógica, expuesta de manera diáfana por el priista Jesús Reyes Heroles, cada opositor que va a la cárcel representa un golpe a los contrafuertes que mantienen en pie los muros de la pesada cúpula. Sin esos apoyos estructurales, las paredes no pueden sostener el peso superior y terminan por ceder. Alguien debería comprender esa enseñanza en la nueva generación de políticos que hoy ejerce el poder.

Este episodio de la vida política de Coahuila deja dos lecciones que pueden resumirse, cada una, en una sola palabra:

La oposición debe aprender respeto.

El gobierno debe aprender tolerancia.