Cerro del Pueblo

20/05/26

Por Heriberto Medina

Siguen bastos

Hablando de candidatos y de partidos políticos que compiten por las diputaciones locales, hoy toca refrendar la frase: “uno miente y el otro engaña”. El ejemplo es la famosa declaración 3 de 3, que debieron hacer pública de cara a los electores. ¿Qué pasó? Que unos, de plano, ni presentaron el documento. Y todos los demás —los que sí lo presentaron—, sin excepción, negaron cualquier conflicto de interés. Una cosa preciosa: un universo de candidatos con pureza monacal, sin vínculos, sin parientes, sin compadres, sin empresas cercanas y sin un solo amigo con tentación de venderle al gobierno.

Lo tomaron a juego. Total, pensaron, nadie iba a ver las declaraciones porque el órgano electoral las mantendría bien escondidas. Y la verdad: hicieron bien su cálculo, porque el sistema estaba armado para eso. Una maraña de archivos, ligas, formatos y PDFs sin nombre, un rompecabezas burocrático para que el ciudadano común se canse a la tercera pestaña. Pero siempre hay un pero: aquí, en Más, el periódico digital de Coahuila, donde la verdad no se vende, nos dimos a la tarea de revisar una por una. Y oh sorpresa: nadie tiene conflicto de interés… aunque sí lo tenga.

Un ejemplo basta: En el formato 3 de 3 se pregunta si el candidato tiene familiares en el servicio público. Álvaro Moreira, que todos sabemos que los tiene, contesta que no. ¿Cómo que no? No es un tema de interpretación filosófica ni de semántica fina.

Los candidatos tienen que entender una cosa, y parece que no la entienden o prefieren hacerse los desentendidos: no son ellos quienes deben valorar si existe o no un conflicto de interés. La declaración sirve justamente para prevenirlo, para que quede asentado lo relevante y luego se evalúe. El conflicto de interés no es un insulto ni una condena automática; es una alerta. Un foco amarillo. Una señal para que el ciudadano, la autoridad y la opinión pública sepan dónde pueden cruzarse los caminos del poder y el negocio.

Lo que el candidato debe hacer es declarar lo que corresponde: sociedades, empresas, relaciones cercanas que puedan derivar en contratación pública, y lo mismo con familiares en el servicio público. No para que lo linchen, sino para que no juegue con ventaja. Contratos para el primo, licitaciones para el amigo, servicios para la empresa del compadre, convenios para el socio de siempre. Y luego, cuando truena el escándalo, salen con la frase favorita del político: “yo no sabía”. Claro que sabía. Por eso lo escondió.

Pensaron que nadie se iba a dar cuenta. Muy ingenuos… o muy confiados. Hay un montón de ordenamientos legales que regulan el tema: responsabilidades administrativas, reglas de contratación, deberes de excusa, deberes de informar. El conflicto de interés no lo inventó un periodista ni lo inventó una ONG. Es parte de la arquitectura mínima de cualquier Estado que pretende no convertirse en piñata de proveedores.

En resumidas cuentas, el órgano electoral  puso un formato a modo, permitió que fuera voluntario su cumplimiento y escondió la información para que difícilmente alguien lo encontrara.

Como dijo Marco Antonio Solís, el Buki¿A dónde vamos a parar?

Barrenador

El gusano barrenador se ha convertido en un verdadero problema, con afectaciones a la salud pública y a la economía del estado. Según las cifras recabadas hasta ahora, todo indica que la epidemia va en aumento en el ganado y lo peor: también en los perros. Y aquí sí hay que poner especial atención.

Contener un brote en el ganado ya de por sí es complicado, con revisiones constantes, puntos de inspección, vigilancia sanitaria y control en movilización. Aun así, el problema crece. Ahora imagínese cómo se propagará si llega a los perros callejeros que no tienen supervisión alguna. Ahí no hay cercos, registros o trazabilidad.

Por eso luego se dan casos que llegan hasta los seres humanos. No por alarmismo, sino por lógica sanitaria: una infestación que se instala en animales sin control puede escalar a escenarios más graves.

Aquí lo mínimo sería coordinación real. Eliud Aguirre, desde Salud, y Jesús María Montemayor, desde Fomento Agropecuario, deben sentarse en la misma mesa, con la misma urgencia y el mismo objetivo: establecer acciones que permitan contener la enfermedad antes de que se vuelva epidemia.

Porque si el brote se desborda en animales callejeros, el estado se va a meter en un problema doble: sanitario y social.

Por lo pronto, con este panorama, las exportaciones de ganado seguirán canceladas durante mucho tiempo. Eso significa dinero que no entra. Ahí se entiende rápido que esto no es “tema del rancho”, es tema del estado.

Grilla en la 38

Salió el peine en la Sección 38 del SNTE. Resulta que Isela Licerio Luévano, secretaria general de esa agrupación sindical, dio la cara, contestó todas las preguntas de los medios y transparentó los manejos financieros.

Pero no solo contestó. También dijo algo que muchos sospechan y pocos dicen en público: que algunos medios fueron manipulados para publicar verdades a medias. Los conocedores de los entresijos de la Sección 38 aseguran que lo que está ocurriendo es una pugna: el viejo cacicazgo de Carlos Moreira contra una nueva dirigencia más identificada con Morena.

Y de pronto todo tiene sentido. Ya se ve a dónde va el golpe y de dónde viene el golpe. La Sección 38 no es solo sindicato: es músculo electoral y el que controla la Sección controla una palanca que sirve en campañas, en movilización y en presión institucional.

Isela Licerio, al dar la cara, hace algo que rara vez se ve en conflictos de este tamaño: asumir el frente. Eso le suma, porque en la política sindical la peor señal es esconderse. Pero también la mete de lleno en el ring.

La pregunta de fondo no es quién gana la narrativa sino quién gana la base magisterial.

Amanecerá y veremos.