Cerro del Pueblo

19/05/2025

Por Heriberto Medina

Réquiem por un muerto

La realidad es contundente, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información fracasó, quienes en algún momento trabajamos ahí no logramos transparentar el ejercicio de los recursos públicos, tampoco frenar la corrupción y mucho menos democratizar el estado.

De cualquier manera, aún y con todas las fallas en que pudieran incurrir los órganos de transparencia, las reformas legales impulsadas por Morena constituyen un retroceso para la vida democrática del país.

En Coahuila el derecho de acceso a la información comenzó a tomar forma desde 2003, el Congreso del Estado aprobó una serie de leyes relacionadas y en noviembre de 2004 nació oficialmente el instituto garante.

El ICAI quedó formalmente constituido a finales del sexenio de Enrique Martínez y Martínez, fue presidido por tres consejeros designados por el Congreso del Estado: Eloy Dewey Castilla, Alfonso Villarreal Barrera y Manuel Gil Navarro.

Dewey Castilla fue el primer presidente del Instituto, era un empresario proveedor de la administración estatal en el ramo de la papelería y los artículos de oficina, su cercanía con el Gobernador fue evidente al ser nombrado Secretario de Finanzas, cargo al que renunció unos días después de iniciado el sexenio.

El perfil de Villarreal Barrera estaba más vinculado al quehacer público, ingeniero agrónomo egresado de la Narro, ocupó varios cargos en el ejecutivo estatal, se le relacionaba con el grupo político encabezado por Raúl Sifuentes, Secretario de Gobierno en el sexenio de Enrique Martínez.

Gil Navarro era el perfil menos político, su carrera apenas empezaba y en el juego de pesos y contrapesos, la suya era una posición entregada a las fracciones parlamentarias de oposición.

Así comenzó a funcionar la transparencia, pero las condiciones políticas cambiaron muy rápido; en el 2005, cuando el ICAI tenía solo unos meses de vida, Humberto Moreira ganó la candidatura del PRI a gobernador, contra la voluntad de Martínez y Martínez y luego de una disputa interna con Raúl Sifuentes que se dirimió incluso al Tribunal Electoral.

El nuevo gobierno se encontró con un órgano autónomo cuyos integrantes estaban fuera de su férula de influencia: uno era amigo del exgobernador,  a otro se le vinculaba con el grupo de su principal opositor y el consejero restante no tenía ningún vínculo con la estructura priista de Coahuila. Esos factores de la meteorología política generaron, tal vez, el mejor momento del Instituto, la época de mayor autonomía frente al gobierno, sin que se tratara de una independencia completa.

Al principio del Gobierno de Moreira no había puentes tendidos o vasos comunicantes con el órgano encargado de garantizar el acceso a la información, por el contrario, si existía la intención de cooptar, de presionar, de influir, incluso de absorber. En este nuevo entorno el ejecutivo estatal se topó con que al ICAI no le podía girar órdenes, en todo caso tenían que establecer un diálogo, pedir y argumentar, así, lo que prevalecía era más bien una negociación, no una imposición. Ese fue el primer y tal vez único momento de autonomía fugaz.

En ese Instituto, del que formé parte como Director de Comunicación, fracasamos; se supone que la transparencia y el acceso a la información pública debía ser un freno a la corrupción, a la desmesura en el ejercicio de gobierno y eso, a todas luces, no ocurrió. Al final de ese periodo se contrató la llamada mega deuda, uno de los principales funcionarios de esa administración, Javier Villarreal, se encuentra sujeto a proceso en Estados Unidos, en tanto que el gobernador interino Jorge Torres López incluso estuvo preso.

La naturaleza de cualquier gobierno es controlar todo y particularmente lo que pueda considerar un riesgo, eso ubica a los órganos garantes del acceso a la información como presas prioritarias del poder.

Existe una enorme asimetría entre el tamaño de una estructura gubernamental y la prácticamente nula oposición que puedan generar los integrantes de cualquier órgano autónomo. En ese entorno no tardan mucho los gobiernos en engullir o de plano eliminar a los institutos garantes de la transparencia.

Pasó también en Coahuila, el Gobierno terminó por comerse al ICAI, ya en su última etapa, ese órgano era dócil, se convirtió en una agencia de colocaciones de medio pelo, su última presidenta Dulce María Fuentes Mancillas era inentrevistable, nunca accedió a dar una entrevista a este medio, y las sesiones del consejo eran prácticamente clandestinas.

En los hechos el órgano garante del acceso a la información en Coahuila ya llevaba años muerto, en todo caso la reforma aprobada por el Congreso del Estado la semana pasada solo enterró un cadáver.